¿Qué está pasando en Ecuador? Abogados hablan de la efectividad de las medidas jurídicas y de seguridad

“El país continúa en estado de alerta por lo que las clases presenciales se encuentran suspendidas, habiéndose dispuesto se lleven a cabo de manera telemática. Un gran número de entidades públicas y empresas privadas, para garantizar la integridad de sus colaboradores, han optado por el teletrabajo”
15 de enero de 2024 |
Por Heidi Maldonado

Tras una semana tumultuosa en Ecuador en la que distintos hechos de violencia llevaron al Gobierno del presidente Daniel Noboa a declarar primero el “estado de excepción”, y luego el “conflicto armado interno”, tras la irrupción de un grupo de hombres armados a un canal de televisión durante una transmisión en vivo, consultamos la opinión de Galo Terán Varela, socio de la firma Quevedo & Ponce, y de Daniel Robalino-Orellana, socio de la firma Robalino Abogados, sobre el impacto de las recientes medidas decretadas por el primer mandatario ecuatoriano.

22 bandas criminales fueron declaradas como terroristas

En opinión de Daniel Robalino-Orellana y Galo Terán Varela el estado de excepción dispuesto por el Decreto Ejecutivo 110 (y ampliado por el Decreto Ejecutivo 111) implica un llamado a la intervención (y ahora movilización) de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Además, conlleva la suspensión y/o restricción (según el caso) de ciertos derechos como la libertad de tránsito, libertad de reunión, entre otras, siempre con sujeción a la causa que motiva esta declaratoria.

Con esto, comentan los abogados, las Fuerzas Armadas pasan a realizar tareas complementarias de seguridad interna. Las causales admitidas por la Constitución para decretar un estado de excepción son agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

A lo anterior, Daniel Robalino agregó que “esta declaratoria abre una medida sin precedentes en la historia del Ecuador. El Gobierno mediante el Decreto Ejecutivo 111 declaró como terroristas a 22 grupos-bandas criminales que venían operando y se han convertido en una amenaza contra la integridad del Estado”.

Un estado de guerra civil

Daniel Robalino

Daniel Robalino precisó que el decreto de “conflicto armado interno” tiene al menos dos implicaciones importantes. “La primera es el cambio de estatus que se atribuye a las tensiones internas, mientras que la segunda es el enfoque con el que se trata a los grupos armados irregulares.

Puede servirnos para distinguir el tipo de conflicto lo establecido en el Protocolo Adicional al Convenio de Ginebra, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin carácter Internacional (Protocolo II), ratificado por Ecuador. En el numeral 2 de su artículo 1, se distinguen las circunstancias de “tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos”¹ , de los denominados conflictos armados, cuya hostilidad es superior y por lo tanto requiere de medidas más contundentes.

Por esto último, es que el segundo decreto dictado (Decreto 111) da la categoría de “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes” a grupos particulares enumerados en la norma, a los cuales se ordena “neutralizar” por intermedio de las Fuerzas Armadas (bajo el derecho internacional humanitario y respetando los DD.HH.). Estas son disposiciones que no están presentes siempre en un estado de excepción”.

Galo Terán Varela, agregó que, “en un inicio, el presidente Noboa decretó el estado de excepción por grave conmoción interna (Decreto Ejecutivo N° 110) el 08 de enero del 2024, pero ante una ola de atentados a nivel nacional, al día siguiente decidió actualizar la declaratoria y pasar a que ésta se justifique por conflicto armado interno (Decreto Ejecutivo N° 111). Esto convierte en objetivos militares a los grupos de delincuencia organizada (GDO) que, bajo el Decreto N° 111, han sido catalogados como terroristas y actores no estatales beligerantes. Es decir, el gobierno ha activado un estado de guerra civil, al decretar conflicto armado interno, y convierte en combatientes a los miembros de los GDO señalados, por lo que incluso se puede recurrir a la fuerza letal”.


[¹] Protocolo Adicional al Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin carácter Internacional (Protocolo II) adoptado en la ciudad de Ginebra, el 8 de junio de 1977 y suscrito por el Gobierno Nacional del Ecuador el 12 de diciembre de 1977.


Gobierno acepta deficiencia en personal, artillería y equipamiento

Daniel Robalino dijo que se han visto propuestas e iniciativas privadas y públicas para brindar apoyo desde el lugar que corresponde a cada uno de los actores de la sociedad. Argumentó que “será importante que todo se direccione siempre bajo la coordinación y siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes y obteniendo información de medios oficiales. En el ámbito internacional, el presidente Daniel Noboa recibió mensajes de apoyo militar y lucha contra el terrorismo de más de 38 países. Este viernes, en una entrevista radial, aceptó que el país necesita la ayuda en personal, artillería y equipamiento. Al momento no se ha especificado con qué países o en qué consistirá ese apoyo al país”.

El abogado Galo Terán Varela reafirmó que el presidente Noboa “ha manifestado que ha recibido propuestas de ayuda por parte de varios países y varios organismos internacionales para enfrentar este flagelo; y así mismo, que la ha solicitado al Gobierno de los Estados Unidos de América, de hecho, su embajador fue invitado a una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado”.

Todas las acciones deben enmarcarse dentro del Derecho Internacional Humanitario o también conocido como Derecho de Guerra

Daniel Robalino precisó que el “Decreto Ejecutivo 111 dispone de forma textual que las acciones que emprendan las FF. AA., deben enmarcarse dentro del “derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos”. El Gobierno Nacional, cita en el Decreto, informes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en una situación semejante a una guerra, en la que se debe aplicar el derecho internacional humanitario”.

Por su parte, Galo Terán Varela añadió que “en razón de ello, entraría a aplicarse el Derecho Internacional Humanitario (DIH), conocido coloquialmente como Derecho de Guerra. El DIH aplica a las partes en un conflicto armado, procurando dos cosas: 1) minimizar el sufrimiento de personas no combatientes y que ya no son combatientes, y 2) limitar los medios, mecanismos y estrategias de guerra para evitar acciones desmedidas.

Se debe esperar el control de constitucionalidad que realice la Corte Constitucional del Ecuador sobre el decreto de declaratoria de estado de excepción, pues existe expectativa sobre si se sostendrá la condición de conflicto armado interno, conforme a definiciones desde el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

La abogacía ecuatoriana se debe convertir en veedora de las actuaciones de los operadores de justicia

Daniel Robalino puntualizó que ante la impunidad reinante que no ha hecho frente al crimen organizado en Ecuador, “el abogado deberá estar llamado siempre a ser el primero en cumplir con todas las disposiciones del ordenamiento local. Además, los profesionales del derecho deberán asesorar y absolver consultas con la conciencia de la responsabilidad que el oficio exige, sobre todo en circunstancias como las actuales”.

Galo Terán Varela

Por su parte, Galo Terán Varela agregó que los “abogados tenemos un rol muy importante que desempeñar, por un lado, tanto a nivel individual como colectivo, ofrecer al gobierno el soporte jurídico necesario y altamente especializado para que su accionar y el de las fuerzas de seguridad sea oportuno, eficaz y esté enmarcado en el derecho nacional e internacional. Por otra parte, volverse en veedores de las actuaciones de los operadores de justicia, denunciando el incorrecto proceder de determinados fiscales, jueces y abogados. Cabe indicar que todas las personas sobre las cuales se cierne la sospecha de haber cometido un delito tienen derecho a contar con un defensor de su elección, otra cosa es que los abogados sean parte de las estructuras delictivas y presten su asesoría para su funcionamiento, estos abogados tienen que ser sancionados tanto por los colegios de abogados (en el caso de que se encuentren afiliados a ellos -ya que en el Ecuador desde el 2008 dejó ser obligatoria la afiliación a los colegios profesionales-, o por el Consejo de la Judicatura, con base en las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial”.

Abogados se muestran cautelosos en evaluar la efectividad de las medidas jurídicas y de seguridad

Al momento de nuestra entrevista, Daniel Robalino nos informó que “hasta el momento las medidas jurídicas y de seguridad adoptadas se mantienen vigentes, por lo que se deberá mantener un constante seguimiento de lo que informen las autoridades a través de sus fuentes oficiales. Existe la articulación entre todos los poderes del Estado para encaminarse en el objetivo.

Ecuador está en estado de alerta, pero, a esta hora, me parece es muy corto el tiempo transcurrido para evaluar seriamente la efectividad del estado de excepción y los operativos de la Fuerza Pública”.

A lo anterior, Galo Terán Varela sumó que, según el reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se han detenido a más de 300 presuntos integrantes de los GDO, cinco han sido abatidos, se procedió con la recaptura de 28 personas fugadas de distintas cárceles, se han decomisado una gran cantidad de armas y municiones. También se han reportado varios atentados con explosivos en distintas ciudades del Ecuador. Las clases presenciales en todos establecimientos educativos se encuentran suspendidas, habiéndose dispuesto se lleven a cabo de manera telemática. Un gran número de entidades públicas y empresas privadas, para garantizar la integridad de sus colaboradores, han optado por el teletrabajo.

Sin embargo de lo señalado, podemos decir que la tensión ha bajado, eso sí, sin descuidar las medidas de precaución”.

Proyecto de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, una iniciativa que busca reformar la Ley de Régimen Tributario Interno

Finalmente, Daniel Robalino, socio de Robalino Abogados, espera “que las medidas tomadas por las autoridades en cada una de las áreas pertinentes sean las mejores y redunden en soluciones para cada ámbito del país. Desde el sector privado se deberán impulsar iniciativas que favorezcan la estabilidad y desarrollo económico.

Con la evidente situación de crisis interna, el presidente anunció que tomará algunas medidas económicas, y el jueves envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, en calidad de urgente en materia económica. Esta iniciativa comprende una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno para elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %”.

A modo de conclusión, Galo Terán Varela, socio de la firma Quevedo & Ponce, afirma sin dudar que esta ola de violencia impactará en la economía del país. “Al conocerse de los hechos suscitados, la primera reacción de pequeños, medianos y grandes comercios fue cerrar sus locales y limitar sus operaciones por temor a ser blanco de ataques por parte de los terroristas y de la delincuencia común que se aprovecha de estas situaciones. Por otra parte, la incertidumbre afecta a los mercados financieros, sube el riesgo país, los pagos se empiezan a retrasar, en definitiva, todo el ciclo económico se afecta.

Cabe señalar que nos encontramos en un punto de quiebre donde los ciudadanos de bien, que son la abrumadora mayoría, se mantienen firmes y unidos, ratifican su fe en el país, en sus potencialidades y respaldan las acciones de sus autoridades para reducir al máximo las amenazas generadas por los GDO, buscando restaurar la paz y la seguridad”.