En 2025, el panorama fiscal en España y Latinoamérica se caracteriza por su complejidad y dinamismo, reflejando contrastes regionales, desafíos estructurales y una creciente interconexión global. Mientras España atraviesa una fase de crecimiento económico acompañado de esfuerzos por consolidar sus finanzas públicas, los países en Latam enfrentan retos significativos ligados a la sostenibilidad fiscal, un moderado crecimiento económico y presiones sociales crecientes.

A este escenario se suman las tensiones comerciales internacionales, especialmente la incidencia de aranceles impuestos por Estados Unidos, y las reformas fiscales orientadas a fortalecer la recaudación y elevar los estándares de transparencia tributaria.

Este reportaje recoge las perspectivas y estrategias de importantes firmas líderes en asesoría fiscal, que ofrecen una visión integral sobre cómo las distintas jurisdicciones están afrontando estos retos. Asimismo, identifica las oportunidades y riesgos fiscales que se perfilan para empresas e inversionistas en un entorno marcado por la incertidumbre global y la creciente cooperación internacional.

Para ello, se cuenta con la participación de destacados expertos: Guillermo Canalejo, socio del área de Derecho Fiscal de Uría Menéndez en Madrid; Walker Villanueva, socio del área de Impuestos y Comercio Internacional de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; César Salagaray, socio responsable del área de Tax de DLA Piper en Madrid; Carlos Espinosa, legal director de Tax en DLA Piper; Bruno Domínguez, socio co-responsable de Derecho Fiscal y Private Wealth de Baker McKenzie en España; Clarissa Machado, socia de Derecho Fiscal de Trench Rossi Watanabe -firma que mantiene un acuerdo estratégico de cooperación con Baker McKenzie-; y, en representación de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Enrique Ramírez, socio del área Fiscal; Nora Morales, socia; Jaqueline Aranda, counsel; y Luis Monroy, socio.

Panorama fiscal en Iberoamérica para 2025: crecimiento, deuda y déficit

Guillermo Canalejo, de Uría: “La economía española atraviesa una fase de crecimiento con una tendencia ascendente del PIB, acompañada por la reducción de la ratio de endeudamiento y del déficit público. Sin embargo, la volatilidad financiera global y las tensiones comerciales -como los posibles aumentos arancelarios de Estados Unidos- podrían frenar esta evolución positiva”. En este contexto, el socio de Uría dijo que “los fondos Next Generation EU, con 750.000 millones de euros destinados a superar impactos económicos y sociales de la pandemia, han sido fundamentales para impulsar el crecimiento en España y otros Estados miembros de la UE. Los aumentos arancelarios estadounidenses generan incertidumbre que afecta a España indirectamente vía sus principales socios comerciales y ralentiza las exportaciones”.

En cuanto a Iberoamérica, Walker Villanueva (PPU Chile, Colombia y Perú) dijo que “la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico son retos centrales. Perú y Chile históricamente mantienen bajos niveles de deuda en relación con el PIB y déficit reducidos. Perú tiene una regla fiscal que busca déficit menor al 1 % del PIB y deuda pública inferior al 30 %, posicionándolo favorablemente en América Latina. No obstante, su crecimiento económico del 3 % es insuficiente para generar empleo y absorber a la juventud laboralmente activa, lo que fomenta la migración. La deuda peruana cercana al 30 % se explica en buena medida por el impacto de la pandemia, pero se espera que baje impulsada por el incremento en el precio del cobre”. Sin embargo, para el socio de PPU en los últimos tres años Perú ha mostrado un deterioro fiscal progresivo, incumpliendo sus propias reglas fiscales, afectado por debilidad institucional y presión política para aumentar gasto, con exoneraciones tributarias sin fundamento técnico y gasto público no autorizado.

Colombia, por su parte, dijo que enfrenta en 2025 el desafío de mantener la sostenibilidad fiscal ante un crecimiento moderado y presiones sociales. “Los déficits fiscales permanecen altos en la región, con una carga tributaria por debajo del promedio OCDE y gran dependencia de ingresos volátiles de materias primas y petróleo. Las reformas recientes han buscado ampliar la recaudación con aumentos en impuestos y retenciones, pero el déficit y la deuda siguen elevados en un contexto de desaceleración económica y alta informalidad, agravada por una reforma laboral”.

Desafíos fiscales y realidades económicas en España y Latinoamérica

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, destacan que en 2025 España y Latinoamérica enfrentan realidades fiscales heterogéneas, pero con desafíos en común. “En España, la inflación, el incremento de tipos y problemas estructurales de productividad han reducido márgenes de grandes multinacionales; en Latinoamérica, la diversidad es mayor, con problemas monetarios, cambiarios y gasto público alto como retos persistentes”. Chile y Perú disfrutan estabilidad macroeconómica, aunque tensiones políticas y sociales dificultan el manejo de gasto.

Por su parte, los especialistas señalan que “México mantiene una política fiscal conservadora, con déficit bajo, pero recaudación estructural insuficiente. Brasil lidia con alta deuda y un sistema fiscal complejo, impulsando reformas. Argentina comienza a atraer inversión con políticas fiscales estrictas y regímenes favorables, contribuyendo a la baja del riesgo país. Las políticas fiscales globales influyen también porque Europa transfiere conocimiento a Latinoamérica, y aumentan los intercambios de información entre administraciones, que fomentan mejores prácticas tributarias y mecanismos como documentación de precios de transferencia”.

Consolidación fiscal y retos regionales según Baker McKenzie

Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, informan que España ha logrado importantes avances en consolidación fiscal, reduciendo el déficit público al 2,7 % del PIB y mostrando una tendencia descendente en deuda, estabilizada alrededor del 100 % del PIB. “Este progreso responde al crecimiento sostenido y la reversión de medidas fiscales extraordinarias. En Latinoamérica, la deuda pública regional promedio está cerca del 55 % del PIB (Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay), un incremento frente al 34 % registrado en 2013 según FMI. La mayoría de países enfrenta déficit fiscal e inestabilidad económica y social”.

Para los expertos, las estrategias nacionales varían: “Brasil y Colombia priorizan una gestión eficiente enfocada en gasto social y reducción de pobreza, evitando recortes. Argentina opta por recortes en gasto e impuestos y amplía incentivos para inversión. Las reformas fiscales recurrentemente buscan aumentar la recaudación mediante nuevos tributos o incrementos y eliminar incentivos fiscales.

Las autoridades fiscales intensifican el uso de tecnología y auditorías rigurosas, especialmente en grandes multinacionales. Además, las normativas internacionales influyen en tributación digital, transparencia, cumplimiento, solución alternativa de conflictos, cooperación fiscal, impuestos a grandes fortunas, transición energética y lucha contra evasión. Brasil ya adoptó el impuesto mínimo global y actualizó normas de precios de transferencia según estándares OCDE; México, Chile, Brasil, Colombia y Perú revisan sus modelos de tributación digital, exigiendo registro de plataformas extranjeras en algunos casos. Colombia y Brasil implementan impuestos extrafiscales sobre bienes dañinos para salud y medio ambiente, vigentes en Colombia y próximos a aplicarse en Brasil”.

Eficiencia fiscal y lucha contra la evasión en México

Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes resaltan que la política fiscal mexicana actual se centra en “aumentar eficiencia recaudatoria, mejorando la fiscalización y combatiendo evasión y elusión, sin crear ni aumentar impuestos. Esto ha resultado en un incremento real anual del 4.7 % en ingresos tributarios netos al cuarto trimestre de 2024, según el Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria”.
Impacto de la volatilidad global y tensiones comerciales en las políticas fiscales

Guillermo Canalejo, de Uría, subraya que, en España, la presión internacional para aumentar el gasto en defensa, sumada a la incertidumbre macroeconómica, podría traducirse en un incremento significativo de la “presión fiscal para sostener los niveles de gasto público. Además, si el crecimiento económico desacelera, los ingresos fiscales podrían reducirse, generando la necesidad de nuevas figuras impositivas, como se ha visto con impuestos a grandes fortunas y gravámenes extras a sectores bancario y energético”. También destaca la compleja situación del mercado inmobiliario, “con tensiones persistentes en alquiler y compraventa, que posicionan la vivienda como un eje central de la política fiscal con potencial aumento de su carga tributaria”.

Walker Villanueva, de PPU, dice que, en Iberoamérica, tradicionalmente vinculada comercialmente a Estados Unidos -aunque con creciente protagonismo de China-, “la guerra comercial iniciada en la administración Trump ha impactado directamente productos exportados por la región, en especial el cobre peruano, que podría enfrentar un arancel del 50 %, encareciendo su precio en EE.UU. Esto implicaría mayores ingresos para EE.UU. pero menores ingresos para exportadores peruanos, ralentizando la recuperación económica. No obstante, Perú ha buscado mitigar este impacto diversificando sus mercados y explorando nuevos tratados de libre comercio”.

En este sentido, comenta que la elevada dependencia de materias primas, limitada capacidad fiscal y sensibilidad al costo del endeudamiento externo hacen que cualquier endurecimiento de condiciones globales -como el aumento en las tasas de interés o bajas en precios de commodities- se traduzca en restricciones presupuestarias y mayores dificultades para financiar déficits. “Colombia ejemplifica este fenómeno, enfrentando un encarecimiento del crédito externo, desaceleración económica y demandas sociales crecientes, aunque la inflación permanece controlada gracias a medidas del Banco de la República”, agrega.

Cómo las firmas adaptan sus estrategias frente a cambios regulatorios y mayores exigencias de transparencia fiscal

Guillermo Canalejo, de Uría, explica que, ante un entorno marcado por crecientes presiones regulatorias y mayores exigencias de transparencia, “su estrategia de asesoramiento se ha vuelto proactiva y preventiva”. Priorizan la identificación temprana y mitigación de riesgos fiscales, mediante “la implementación de Acuerdos Previos de Valoración (APAs) y tax rulings”, que buscan evitar controversias con las autoridades tributarias. Además, apoyan a sus clientes en la implementación de la Directiva DAC6, que eleva los estándares de transparencia en planificación fiscal transfronteriza dentro de la Unión Europea. Paralelamente, han reforzado la eficiencia operativa apostando por la inteligencia artificial y automatización, permitiendo un servicio más ágil y preciso, adaptado a nuevas necesidades.

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, señalan que la asesoría fiscal hoy trasciende la mera optimización tributaria; trabajan para ofrecer a sus clientes modelos fiscales simplificados y seguros, fundamentados en un entendimiento profundo del modelo de negocio y la realidad sectorial. El diseño de modelos globales de precios de transferencia basados en dicha realidad es clave, pues aporta sostenibilidad y dificulta cuestionamientos por parte de autoridades fiscales. Reconocen la “aceleración en cambios normativos internacionales -como la iniciativa BEPS y Pilar 2- que exigen anticipación y flexibilidad en la planeación fiscal para absorber o adaptarse a modificaciones regulatorias”. Destacan, además, la importancia del equilibrio entre posturas fiscales divergentes a nivel internacional y la prioridad actual para las empresas de evitar la doble imposición fiscal en lugar de solo reducir sus impuestos, dada la complejidad creciente. “Se trabaja también en rediseñar estructuras societarias con capacidad de adaptación y en reforzar el monitoreo de riesgos fiscales internacionales. La transparencia se ha convertido en un requisito estructural tanto en España como en América Latina”.

Entretanto, Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, subrayan que “el área tributaria empresarial ha evolucionado de soporte a un rol estratégico que identifica riesgos y oportunidades que afectan al negocio en su conjunto. Apoya la revisión de estructuras corporativas y cadenas de valor para adaptarse a un marco creciente de transparencia y dinamismo fiscal”. La firma invierte en tecnologías como inteligencia artificial y TaxTech para elevar el nivel de respuesta y cumplimiento.

Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, por su parte, resaltan la importancia de la actualización continua en materia regulatoria local e internacional “para poder acompañar a sus clientes en todas las etapas del cumplimiento de obligaciones en transparencia fiscal”. Su experiencia en controversias tributarias aporta un enfoque pragmático y efectivo frente a la evolución constante del marco normativo.

Perspectivas de armonización fiscal y cooperación entre Latinoamérica y España

Guillermo Canalejo, de Uría, señala que las perspectivas para la armonización y cooperación fiscal entre Latinoamérica y España son “positivas, aunque aún limitadas en alcance práctico. Aunque no existe un marco formal de armonización fiscal como el de la Unión Europea, la cooperación técnica y normativa se ha fortalecido a través de espacios multilaterales como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la OCDE y la ONU, especialmente en la lucha contra la evasión, la transparencia y la tributación internacional. España mantiene una red sólida de convenios para evitar la doble imposición con la mayoría de países iberoamericanos, incluyendo recientes acuerdos con Perú, lo que facilita relaciones económicas bilaterales. Además, destacan los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs), que brindan seguridad jurídica en tiempos de incertidumbre política a ambas regiones. Colombia, por ejemplo, ha desarrollado doctrinariamente la implementación de su convenio con España, contribuyendo a su implementación efectiva”.

Actualmente, comenta el socio, “se está aplicando el proyecto BEPS mediante el Convenio Multilateral, contribuyendo a una armonización fiscal global que previene el fraude y la erosión de bases imponibles, aportando previsibilidad y seguridad jurídica para los contribuyentes. El siguiente paso clave es el Pilar 2, o impuesto mínimo global, que España ha adoptado a través de la Ley 7/2024, implementando un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo de fiscalidad a grandes grupos multinacionales”.

Sobre Latinoamérica, Walker Villanueva, de PPU, señala que “los desafíos estructurales dificultan una armonización sustantiva con estándares europeos, pero sí permiten avances importantes en buenas prácticas e intercambio de información. España ha sido un socio clave en asistencia técnica y modernización fiscal. Colombia muestra una creciente alineación con principios tributarios internacionales y desarrolla una agenda activa de cooperación bilateral con España en fiscalización internacional, precios de transferencia y lucha contra evasión, lo que abre oportunidades para una colaboración más profunda en los próximos años, especialmente frente a los retos globales de justicia y sostenibilidad fiscal”.

Desde la perspectiva peruana, asegura, “la armonización comienza con su proceso de adhesión a la OCDE, iniciado en 2022. El país ha declarado de interés nacional esta adhesión, creando una Comisión Multisectorial permanente para supervisar el proceso. Perú evalúa, además, la posible implementación del Pilar 2, especialmente por sus efectos en zonas con regímenes preferenciales, y continúa negociando convenios de doble imposición, como el reciente firmado con Reino Unido y un proyecto con España. En el futuro próximo se esperan medidas globales para elevar la tributación sobre grandes patrimonios con iniciativas conjuntas de España y Brasil en la ONU para enfrentar la creciente desigualdad”.

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, destacan que, aunque una armonización fiscal plena no es esperable en el corto plazo, existen oportunidades reales de cooperación. “España mantiene la red más amplia de convenios para evitar doble imposición en Latinoamérica y participa activamente en foros como la OCDE y CIAT, facilitando el intercambio de información y mejores prácticas. Existe interés creciente en Latinoamérica por replicar modelos españoles de control tributario digital y facturación electrónica, lo que puede sentar las bases para una mayor convergencia normativa”.

Por su parte, Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, señalan avances notables en cooperación técnica impulsada por organismos como la AECID en España y la Agencia Brasileña de Cooperación. “Se armonizan criterios en precios de transferencia, fiscalidad digital y lucha contra la evasión. Aunque todavía no hay un marco institucional robusto, el intercambio de información y las buenas prácticas mejoran significativamente”.

Mientras tanto, Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes consideran que, pese a diferencias tributarias, “se observa una tendencia hacia la adopción de estándares internacionales y colaboración multilateral. Esto se refleja, por ejemplo, en la firma del Instrumento Multilateral (MLI) por México y España, que modifica tratados para prevenir la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios. México también ha incrementado la fiscalización en precios de transferencia y regímenes preferentes, además de incorporar obligaciones en la identificación y recopilación de beneficiarios controladores”.

Efectos de los aranceles de EE.UU. sobre exportaciones latinoamericanas y la balanza comercial regional

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, explican que, aunque las propuestas de aranceles del 10 % impuestos por la administración Trump han generado incertidumbre, su impacto real depende mucho de la implementación práctica y del sector económico. “Algunos sectores, como farmacéutico, bienes de lujo y productos tecnológicos, podrían absorber estos costos, mientras que otros -automoción, industrial e infraestructuras de energías renovables- serían inviables debido a márgenes reducidos. Este escenario ha evidenciado la urgente necesidad de diversificar destinos de exportación y revisar cadenas globales de valor para aumentar su resiliencia. Muchos clientes han pasado rápidamente de medir el impacto a implementar cambios para anticiparse a estos efectos, incluyendo revaluaciones de cadenas de valor y políticas de precios de transferencia para asegurar que los precios de venta sean verdaderamente de mercado”.

Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, añaden que, independientemente de la confirmación definitiva de tales aranceles, sus efectos ya se “sienten, especialmente en sectores como acero, aluminio y agroindustria, afectando la balanza comercial y forzando a replantear estrategias de exportación y diversificación de mercados. Por ejemplo, el anuncio en 2025 del aumento de aranceles para productos brasileños en un 40 % generó reacciones políticas y económicas relevantes, dada la importancia comercial de Estados Unidos para Brasil, la mayor economía latinoamericana. Brasil probablemente buscará negociar antes de la entrada en vigor de estos aranceles, aunque el tema es complejo y controvertido”.

Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy, de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, indican que estos aranceles han provocado ajustes comerciales profundos en Latinoamérica, “con México siendo el más afectado debido a su estrecha integración con EE.UU. bajo el TMEC. Sectores como el manufacturero, automotriz, acerero y aluminio han visto aumentados sus costos operativos, afectando competitividad y empleo. De continuar esta situación, México podría sufrir una caída cercana al 11.25 % en sus exportaciones a EE.UU., con una potencial contracción del PIB en 2025, estimada entre 0.3 % y 4 %, según diferentes analistas y organismos como el FMI”.

Sectores productivos más afectados por aranceles y respuestas empresariales y gubernamentales

Sobre el tema, Guillermo Canalejo, de Uría, detalla que en España los sectores más golpeados por los aranceles son el agroalimentario -particularmente el aceite de oliva y el vino, cuyo arancel del 200 % anunciado en abril de 2025 estuvo suspendido-, el sector automovilístico, amenazado con un 25 % de tasa arancelaria, y el sector del acero y aluminio. Desde el punto de vista empresarial, se prevé el traslado del costo arancelario al precio final para evitar erosión de márgenes, aunque el impacto dependerá en gran medida de la reacción de los consumidores estadounidenses, por lo que se requiere un seguimiento estrecho y análisis continuado del mercado y las exportaciones”.

En Perú, comenta Walker Villanueva, de PPU, aunque no hay datos oficiales claros sobre el impacto, se espera que productos agrícolas como uvas, arándanos, paltas y espárragos enfrenten una caída en la demanda por encarecimiento para el consumidor estadounidense, afectando además la competitividad frente a países sin ese incremento, como México. “También se registró una caída dramática de más del 90 % en el mercado de joyería y orfebrería tras el anuncio de los aranceles en abril, aunque la medida fue suspendida posteriormente. Varios sectores ya están explorando mercados alternativos para mantener sus niveles de exportación”.

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, señalan que en Latinoamérica los sectores más afectados han sido la industria automotriz en México, la siderúrgica en Brasil y la agroindustria en Argentina. “En España, aparte de automoción, sectores como infraestructuras de energías renovables y farmacéutico también sintieron impactos, junto a productos tradicionales como el aceite de oliva, vino y aceitunas, aunque con efectos menos estructurales. La respuesta empresarial ha estado orientada a la diversificación de mercados, revisión de logística y ajustes productivos”. Además, comentan que han trabajado con clientes en modificar cadenas de valor y políticas de precios de transferencia para mitigar el impacto mediante reducción del valor de importación.

Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, coinciden en que, en Latinoamérica, los sectores automotor, manufacturero y agroexportador son los más vulnerables. “En España, aunque el impacto es más limitado, algunos sectores industriales con alta exposición a EE.UU. han sido afectados. Las respuestas incluyen relocalización productiva, búsqueda de nuevos mercados y fortalecimiento de acuerdos bilaterales”.

Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy, de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, puntualizan que en México los sectores más perjudicados por aranceles son “manufacturero, automotriz, acerero y aluminio, y también aquellos productos que, aunque fabricados en México, no cumplen las reglas de origen del TMEC y, por tanto, carecen de certificación arancelaria preferencial. El gobierno mexicano ha buscado evitar confrontaciones mediante concesiones en migración y seguridad nacional. Si bien se discutieron posibles medidas retaliatorias, no se han impuesto aranceles hasta ahora”.

Herramientas legales y fiscales para mitigar el impacto de aranceles

Guillermo Canalejo, de Uría, destaca que España y la Unión Europea brindan numerosas herramientas digitales a los agentes económicos para conocer desafíos de la política comercial internacional y su impacto en la fiscalidad empresarial. “En materia aduanera, la Agencia Española de Administración Tributaria ofrece asistencia virtual en Aduanas, IVA, e impuestos especiales (p. ej., Asistencia Digital en Aduanas y Asistente Virtual de IVA), incluyendo para nuevos impuestos como el gravamen sobre envases plásticos no reutilizables. Estas se complementan con plataformas europeas como «Access2Market», que proporciona información detallada sobre tarifas, normas de origen, requisitos, procedimientos aduaneros, impuestos, barreras comerciales y estadísticas. La Dirección General de Comercio de la UE también apoya a empresas en solucionar problemas de acceso a mercados y detectar incumplimientos fiscales”.

En Perú, explica Walker Villanueva, de PPU, “no existe una medida específica contra aranceles, pero sí incentivos a la producción local, como el régimen Drawback que devuelve al exportador un porcentaje del valor FOB si se incorporan insumos importados pagando aranceles, ayudando a mantener precios competitivos internacionalmente”.

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, apuntan que, más allá de cambiar la ubicación de operaciones en la cadena de suministro, “las herramientas más eficientes en este momento están en el control del valor de importación para mitigar impacto arancelario”.

Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, afirman que las “empresas pueden aprovechar tratados de doble imposición, zonas francas, incentivos fiscales a la inversión y la reestructuración de precios de transferencia. Modelos de negocio con propósito comercial y sustancia económica, basados en holdings y tratados favorables, están siendo implementados para lograr una carga tributaria más eficiente”.

Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy, de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, resaltan que “estas medidas afectan tanto a importadores como exportadores, obligándolos a revisar sus contratos y condiciones, bajo INCOTERMS, para definir quién asume el pago de aranceles. En muchos casos se negocia compartir costos, lo que impacta directa e inevitablemente en los costos finales al consumidor”.

Adaptación de asesorías frente a la incertidumbre arancelaria y reformas fiscales de EE.UU.

Guillermo Canalejo, de Uría, explica que “hacen seguimiento constante a reformas fiscales en EE.UU., incluyendo las medidas de la One Big Beautiful Bill, y analizan su impacto en filiales de multinacionales españolas en ese país. Tras el Brexit reforzaron su equipo en Comercio Internacional y Aduanas, liderado por expertos en Bruselas y Madrid, que asesoran en comercio post-Brexit, sanciones a Rusia, y actualmente en política arancelaria estadounidense”.

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, indican que preparan a empresas para diversos escenarios, “realizando análisis de cadenas de valor («Value Chain Analysis») para redefinir precios de transferencia y amortiguar costos arancelarios”. Incorporan en la planificación fiscal “la variable estadounidense, como normativas GILTI o BEAT, y la interacción con impuestos mínimos globales, impulsando una visión integradora legal, contable y operativa”.

Por su parte, Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, mencionan que realizan “simulaciones fiscales ante posibles reformas, evalúan riesgos geopolíticos, revisan estructuras corporativas y asesoran en cumplimiento internacional y estrategias para diversificar exposición a políticas proteccionistas”.

Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy, de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, recomiendan revisar contratos y términos para determinar quién asume aranceles, y ofrece asesoría “para que productores que no cumplan reglas del TMEC puedan acceder a certificación de origen y preferencias arancelarias vigentes”.

Perspectivas sobre revisión o renegociación del T-MEC y su influencia en la política fiscal y comercial

Walker Villanueva, de PPU, comparte que, desde la perspectiva peruana, “una revisión o renegociación del T-MEC no busca mejorar condiciones comerciales para México, sino que probablemente retire productos de la lista de exoneraciones. Esto podría beneficiar al mercado peruano al permitirle competir con esos productos para introducirse en el mercado estadounidense”.

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, indican que “la revisión prevista del T-MEC en 2026 podría implicar cambios significativos. Si se endurecen las reglas de origen o varían las condiciones de inversión, México y sus socios comerciales deberán adaptarse rápidamente. Esto impactará las políticas fiscales locales, modificando incentivos a la inversión y flujos comerciales. Para España, un T-MEC más restrictivo podría abrir oportunidades indirectas: empresas que busquen diversificar su presencia en Norteamérica podrían optar por Europa, posicionando a España como puente con América Latina”.

Entretanto, Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, esperan “una revisión técnica del T-MEC en 2026 que podría modificar las reglas de origen afectando la competitividad mexicana y teniendo repercusiones en toda la región. Desde España, se observa con atención debido a las importantes operaciones de empresas españolas en México y Latinoamérica”.

Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy, de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, agregan que “la revisión formal del T-MEC debe realizarse el próximo año según lo estipulado, aunque se espera que durante el segundo semestre de 2025 se inicie el proceso. Se prevé que más que revisión, sea una renegociación integral orientada a favorecer a Estados Unidos en múltiples condiciones”.

Rol de la integración regional iberoamericana y cooperación con España ante políticas proteccionistas de EE.UU.

Guillermo Canalejo, de Uría, explica que España, junto con los estados miembros de la Unión Europea, “define conjuntamente la política comercial comunitaria. Por tanto, las decisiones que afectan las relaciones comerciales de España con países externos a la UE se toman conforme al derecho comunitario. Recientemente, el presidente estadounidense decidió imponer aranceles del 30 % al comercio con la UE desde el 1 de agosto, un aumento de 10 puntos porcentuales sobre una tasa anterior, tras negociaciones que no lograron acuerdos. No obstante, se contempla abrir una línea de negociación para buscar solución al conflicto arancelario”.

En Latinoamérica, dice Walker Villanueva, de PPU, “hay una sólida cooperación regional. Perú, por ejemplo, forma parte de importantes acuerdos comerciales como la Comunidad Andina (CAN), MERCOSUR (a través de un acuerdo de complementación), Alianza del Pacífico y diversos acuerdos bilaterales con países iberoamericanos. También tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea vigente desde 2013. Esta integración brinda bases para revisar conjuntamente la entrada de productos con demanda en ambos mercados”.

Para César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, la integración regional, aunque aún pendiente, representa una oportunidad clave para enfrentar desafíos globales en bloque. Iniciativas como “la Alianza del Pacífico o MERCOSUR podrían fortalecerse alineando objetivos en fiscalidad, aduanas y cooperación digital. España puede aportar su experiencia institucional, su red de tratados y su estrecha relación con la UE para facilitar acceso a mercados y crear sinergias en políticas tributarias modernas y sostenibles”.

Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, destacan que, aunque la integración fiscal latinoamericana está en etapas iniciales, “plataformas como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) promueven avances. España puede actuar como puente institucional para compartir buenas prácticas europeas y apoyar la digitalización tributaria. Esta cooperación resulta clave para enfrentar políticas proteccionistas y fortalecer la resiliencia regional”.

Los abogados Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy, de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, añaden que “la integración regional y la cooperación entre España y Latinoamérica son muy relevantes en el contexto actual de proteccionismo estadounidense. Este escenario ofrece una oportunidad para que la región se posicione como destino de inversión alternativo, contribuyendo a la diversificación de portafolios de inversionistas globales. Además, la integración puede mejorar la percepción regional como destino atractivo para la inversión y facilitar la coordinación de nuevas políticas comerciales y fiscales, reduciendo así la dependencia económica de EE.UU.”

Oportunidades, riesgos fiscales y recomendaciones estratégicas para el segundo semestre de 2025

El socio Guillermo Canalejo, de Uría, señala que, en el contexto macroeconómico actual, las oportunidades de negocio en España están impulsadas por el crecimiento económico, pese a un incremento en la presión fiscal. Sus clientes muestran “interés creciente en reducir la litigiosidad fiscal y mitigar riesgos asociados”. Recomiendan aprovechar los Acuerdos Previos de Valoración (APAs), como parte de una estrategia integral para establecer políticas de precios de transferencia claras y consensuadas que minimicen controversias. Además, subraya “la importancia de los procedimientos amistosos (MAPs) para resolver disputas fiscales y evitar doble imposición”, destacando que “España cuenta con una extensa red de convenios que permiten un alcance global en estos instrumentos”.

Sobre Iberoamérica, Walker Villanueva, de PPU, indica que la incertidumbre global por tensiones comerciales y volatilidad financiera limita el margen fiscal. “Reformas tributarias en Brasil y Colombia buscan mayor recaudación y progresividad, aunque enfrentan resistencias políticas. El principal riesgo fiscal es la sostenibilidad de la deuda pública y la posible desaceleración del crecimiento que exacerbaría déficits estructurales. Sin embargo, existen oportunidades en la digitalización tributaria, cooperación internacional y mejora de la eficiencia del gasto. Por ejemplo, el fortalecimiento de la administración tributaria en Colombia puede generar mayor estabilidad, aunque el entorno político sigue siendo incierto con elecciones presidenciales próximas”.

César Salagaray y Carlos Espinosa, de DLA Piper, identifica riesgos claves como “inestabilidad política, implementación deficiente de reglas internacionales que generen litigios, y reformas fiscales parciales o contradictorias que aumenten la incertidumbre”. Las oportunidades incluyen avances en digitalización fiscal, control tributario inteligente, mayor transparencia y reformas que fortalezcan la progresividad y crecimiento sostenible. Recomiendan revisar estructuras fiscales con visión internacional, anticipar el impacto del impuesto mínimo global, apostar por un cumplimiento robusto alineado con valores ESG, y diversificar mercados y estructuras para reducir exposición a shocks externos.

El socio Bruno Domínguez, de Baker McKenzie, y la socia Clarissa Machado, de Trench Rossi Watanabe, destacan oportunidades en “digitalización fiscal, incentivos verdes y cooperación internacional”. Los riesgos más importantes son “deuda alta, déficits estructurales y reformas impopulares”. Po ende, recomiendan fortalecer la “planificación fiscal internacional, diversificar riesgos regulatorios y geográficos e invertir en cumplimiento y transparencia para aprovechar incentivos y evitar sanciones”.

Finalmente, los abogados Enrique Ramírez, Nora Morales, Jaqueline Aranda y Luis Monroy, de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, sentencian que, pese a riesgos inherentes como “volatilidad cambiaria o reformas fiscales en jurisdicciones extranjeras”, el contexto actual representa una oportunidad para México y España como destinos de inversión para contribuyentes. “Ambos países ofrecen oportunidades para diversificar portafolios y crecer en mercados con alto potencial”. Recomiendan que empresas e inversionistas, al realizar y mantener inversiones, cuenten con asesoría fiscal tanto en su residencia como en el país destino para mitigar riesgos y asegurar cumplimiento fiscal.