Por Mario Covarrubias Jurado*, abogado, Estudio Garrido Abogados (Argentina)
El estudio más grande hecho hasta ahora sobre la salud mental de los abogados estadounidenses acaba de dar un resultado difícil de ignorar: el 47,5 % reporta burnout laboral alto o muy alto. Presentado en septiembre por la Comisión de Programas de Asistencia a Abogados de la ABA y publicado en el Journal of Affective Disorders, el trabajo de Patrick Krill y Justin Anker reunió 39.036 respuestas de 28 jurisdicciones.
Lo más revelador es con qué asocian los autores ese agotamiento: las exigencias de la práctica, el ámbito de ejercicio y el conflicto entre trabajo y vida personal. Con 71 horas semanales o más, llega al 69,5 %. Los abogados independientes y de firmas reportan más agotamiento que los in-house o del ámbito judicial. Y los menores de 30 años presentan más del triple de depresión moderada o mayor que los mayores de 61, según Idealex; entre sus cargas, los autores mencionan la disrupción de la IA.
Ya vimos esta película
El correo llegó al teléfono y extinguió los tiempos muertos. Después vinieron los chats, y con ellos el cliente que escribe a las diez de la noche y espera respuesta antes de dormir. Cada herramienta prometió tiempo y devolvió expectativa: si se puede responder ya, hay que responder ya.
La tercera ola
El estudio no mide la inteligencia artificial, pero esta incide sobre esas mismas exigencias. Producir información jurídica se abarató; asumir la responsabilidad por ella, no. Hoy el cliente llega con tres respuestas de tres chatbots: una cita una sentencia de otro país, otra da por nula una cláusula y la tercera contradice a las dos. El abogado debe verificar las fuentes, la jurisdicción y la solidez de la conclusión.
Couture advertía en sus mandamientos que quien no sigue los cambios del derecho será cada día “un poco menos abogado”. Hoy un chatbot ofrece en segundos normas, fallos y doctrina de cualquier jurisdicción, y el cliente espera que su abogado esté a esa altura. Ningún abogado puede competir individualmente con esa capacidad de procesamiento y recuperación de información, e intentarlo es una fuente evidente de estrés. Tal vez estudiar hoy no sea acumular, sino desarrollar criterio para discernir qué merece ser creído.
El trabajo que no se factura
Se instala la idea de que, como se usa IA, el trabajo lleva menos horas y el rate, o tarifa horaria, debería bajar. El informe Best Law Firms sobre el mercado español, con datos de 218 despachos, muestra que el 42 % de los grandes implementó IA generativa en varias áreas, pero que solo la mitad de los despachos tiene políticas claras sobre cuándo usarla en asuntos de clientes. Según Confilegal, que lo reseña, uno de cada tres grandes despachos detecta menos horas facturables en determinadas tareas.
Hasta aquí, los datos. Lo que sigue es hipótesis propia. Lo que la IA elimina es lo visible: un borrador, una búsqueda. Lo que crea es invisible: verificar, contrastar, corregir, actualizarse. Si solo la mitad tiene políticas claras, es razonable pensar que ese control recae en cada abogado y no figura en la factura. Y si el rate no lo refleja, la variable de ajuste son las horas, el factor de riesgo más contundente del estudio. Ninguna de las fuentes mide esto, y la muestra estadounidense no se traslada automáticamente a Iberoamérica.
Una pregunta para quien dirige
Para socios y general counsels, la discusión sobre IA no puede limitarse a cuánto tiempo ahorra. Importa quién verifica lo que produce, cómo se reconoce ese control en el rate y cómo se forma a los juniors si la IA hace el trabajo básico con el que aprendían criterio. Diego Ignacio Gómez M planteaba en Líder Legal que el resultado de la IA es un punto de partida, no la autoridad jurídica. Tal vez el desafío no sea que los abogados soporten mejor la presión, sino cuánto trabajo innecesario creamos alrededor del trabajo jurídico.
*Mario Covarrubias Jurado es abogado de la U. Católica Argentina, con Maestría en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés y es profesor del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es asociado en Estudio Garrido Abogados, donde se especializa en litigios comerciales, arbitrajes derivados de operaciones de fusiones y adquisiciones, y controversias tecnológicas.
