Ben Keith, Rhys Davies y Cristian González Ruiz, abogados expertos en derecho internacional y derecho penal internacional de International de Human Rights Advisors (IHR Advisors), serán ponentes en la conferencia sobre criminalidad transnacional en América Latina que se celebrará este lunes 1 y martes 2 de diciembre en Buenos Aires. Este evento, realizado con el respaldo de la Corte Penal Internacional (CPI), aborda uno de los desafíos más apremiantes para la región: cómo combatir el crimen transnacional sin que los sistemas de justicia sean objeto de usos indebidos.
Buenos Aires constituye el escenario idóneo para abordar esta temática, dado que la región enfrenta una coyuntura compleja. Regímenes autoritarios y gobiernos democráticos han incrementado el uso instrumental de herramientas de Interpol, como la Red Notices, para perseguir opositores políticos o ejercer presión en disputas comerciales. En el panel que lideran, los expertos examinan estos retos y aclaran el verdadero rol de Interpol, una red fundamental para la cooperación internacional que, sin embargo, presenta importantes vulnerabilidades.
En esta entrevista, comparten su perspectiva sobre los riesgos que atraviesa la justicia en América Latina, los tipos de abusos recurrentes y las estrategias legales, diplomáticas y comunicacionales necesarias para enfrentarlos. Además, aportan su experiencia en litigios internacionales, que permite articular respuestas efectivas y proteger a quienes se ven amenazados.
Resulta indispensable que América Latina lidere las reformas necesarias para garantizar que la justicia cumpla con su propósito de protección y no de opresión. Esta conversación ofrece una mirada profunda sobre esos desafíos y las soluciones en marcha.
¿Qué significa para usted participar en Buenos Aires en una conferencia centrada en la criminalidad transnacional en América Latina y organizada con el apoyo de la Corte Penal Internacional?
Buenos Aires es exactamente el lugar donde esta conversación debe darse. América Latina enfrenta desafíos únicos para combatir el crimen transnacional, evitando al mismo tiempo el abuso de los sistemas de justicia. Esta conferencia reúne a profesionales y responsables de políticas públicas que conocen estas realidades de primera mano. Con el apoyo de la CPI, no estamos hablando de teoría: estamos desarrollando respuestas prácticas para proteger frente a la instrumentalización de la justicia, manteniendo a la vez una cooperación internacional efectiva.
¿Por qué consideró importante liderar un panel sobre Interpol en esta región, en este momento en particular?
América Latina está en un punto de inflexión. Regímenes autoritarios como Venezuela han aprendido de Rusia y China a instrumentalizar las Red Notices contra líderes opositores; lo vimos con Edmundo González y Leopoldo López. Pero no son solo las autocracias. Gobiernos democráticos también están abusando de estas herramientas para presionar a inversores en disputas comerciales. Este panel aborda una pregunta simple con respuestas complejas: ¿cómo puede América Latina combatir el crimen transnacional real sin permitir que estos mecanismos sean secuestrados para persecución política o guerra comercial?
Según su experiencia, ¿cuál es el papel real —y no el que comúnmente se imagina— que desempeña Interpol en la lucha contra el crimen organizado transnacional?
Contrario a la imagen hollywoodense de agentes de Interpol realizando redadas y arrestos, la organización funciona principalmente como una red sofisticada de intercambio de datos que conecta a 196 países miembros. Su labor central consiste en facilitar la información mediante herramientas como las Red Notices—que son solicitudes de localización y detención provisional, no órdenes de arresto internacionales. Interpol cubre vacíos jurisdiccionales críticos, permitiendo la coordinación contra amenazas transnacionales como redes de corrupción, pero no tiene poderes de ejecución. Todos los arrestos y operaciones son competencia exclusiva de las policías nacionales. Este rol técnico, entre bastidores, es esencial, aunque mucho más limitado de lo que el público suele creer.
Usted ha señalado repetidamente que Interpol es vulnerable a abusos políticos y corporativos. ¿Qué tipos de abuso son los más frecuentes?
Observamos dos patrones principales. Primero, la persecución política sigue siendo predominante, con regímenes autoritarios violando sistemáticamente el Artículo 3, que prohíbe actividades de carácter político. Venezuela apunta a figuras opositoras, China persigue a uigures y disidentes mediante campañas discretas, Turquía emitió solicitudes masivas contra presuntos gülenistas tras el intento de golpe de 2016 (la mayoría rechazadas por Interpol), y El Salvador ha apuntado contra defensores de derechos humanos como Ivania Cruz y Rudy Joya—casos que expertos de la ONU han condenado como clara represión. También hemos documentado operaciones de influencia de Ruanda en Senegal y Madagascar, la persecución de atletas huidos por parte de Sri Lanka y el intento fallido de Kirguistán de señalar a un periodista.
Segundo, la transformación de disputas comerciales en casos penales es una amenaza creciente. Los Estados recurren cada vez más a acusaciones de delitos económicos para presionar a inversores, especialmente en disputas ISDS. Las investigaciones por lavado de dinero en Panamá contra inversores son un ejemplo: resultan en activos congelados, cuentas cerradas, reputaciones destruidas y restricciones de viaje. La naturaleza sistémica de estas vulnerabilidades se refleja además en preocupaciones sobre influencias indebidas, como las dudas respecto a la financiación de los EAU que podría comprometer la imparcialidad de Interpol.
¿Qué impacto concreto puede tener una Red Notice abusiva en la vida de una persona? ¿Podría dar ejemplos sin comprometer ningún caso?
Una Red Notice abusiva puede devastar la vida de una persona, ocasionando daños prácticos y psicológicos inmediatos. Puede provocar arrestos súbitos en fronteras o aeropuertos, prohibiciones de viaje que separan a las personas de sus familias y negocios, y la pérdida del acceso financiero mediante congelación de cuentas. En términos reputacionales, la mera existencia de la notificación—difundida para causar el mayor daño posible—puede arruinar carreras y relaciones. Hemos observado figuras de alto perfil viviendo en el exilio con miedo constante, con poca capacidad de incidencia y aislamiento diplomático, siguiendo patrones similares a los líderes opositores latinoamericanos que pierden vínculos y quedan atrapados como solicitantes de asilo. Casos recientes incluyen personas que han debido entregar pasaportes, presentarse periódicamente ante tribunales y enfrentar detención mientras solicitan asilo.
Cuando un Estado utiliza Interpol para perseguir a opositores políticos o en disputas comerciales, ¿cuáles son las herramientas legales más efectivas para impugnar dicho abuso?
Lo primero es acudir a los propios mecanismos de Interpol. Presentar una solicitud de eliminación ante la Comisión de Control de Ficheros (CCF), demostrando violaciones a los Artículos 2 y 3 de la Constitución de Interpol o a las normas de protección de datos. Documentarlo todo meticulosamente. El intento fallido reciente de Kirguistán contra un periodista demuestra que funciona cuando se hace correctamente.
Pero no basta. Hay que impugnar las órdenes subyacentes mediante revisión judicial tanto en el país emisor como en el ejecutor. También recurrir a tribunales regionales de derechos humanos—Tribunal Europeo, Corte Interamericana—alegando violaciones al debido proceso. En casos comerciales, presentar contrademandas ante el CIADI exponiendo el abuso como una violación del trato justo. Cuando se atacan los casos desde varios frentes simultáneamente, las notificaciones suelen ser canceladas antes de enfrentarse a un escrutinio adecuado.
International Human Rights Advisors actúa ante tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la CPI, la Corte Interamericana y los mecanismos más complejos de Naciones Unidas. ¿Qué aporta esa experiencia al litigar casos ante Interpol?
Sabemos cómo piensan los tribunales internacionales. Años ante la Corte Interamericana significan comprender a fondo las protecciones del Artículo 8. La experiencia ante la CPI nos muestra cómo conectar investigaciones de crímenes de guerra con desafíos ante Interpol. ¿Mecanismos de la ONU sobre detención arbitraria? Los hemos invocado con éxito repetidamente para demostrar persecución política.
No es teoría: es experiencia práctica. Podemos vincular una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela con una impugnación ante Interpol, fortaleciendo ambos casos. Sabemos qué foro será más receptivo a determinados argumentos y qué precedentes tienen peso dónde. Lo más importante: ofrecemos a los clientes opciones reales en múltiples jurisdicciones, no una sola oportunidad en un solo tribunal. Las defensas individuales se convierten en precedentes de reforma sistémica porque sabemos cómo conectar los puntos entre distintos sistemas jurídicos.
Muchas de sus intervenciones combinan estrategia legal con diplomacia, comunicación y presión internacional. ¿Por qué la litigación internacional requiere hoy un enfoque tan integrado?
Porque las victorias judiciales por sí solas no detienen la persecución estatal. Los Estados se han sofisticado en manipular sistemas legales—las estrategias puramente jurídicas a menudo fracasan frente al abuso coordinado.
Por eso trabajamos en múltiples frentes. Mientras presentamos impugnaciones legales, involucramos a diplomáticos para presionar internamente a Interpol. Las campañas mediáticas exponen lo que realmente ocurre, protegen la reputación del cliente y generan presión pública. Movilizamos sanciones, el escrutinio de la CPI, los procedimientos especiales de la ONU—lo que sea que genere influencia. En Venezuela, este enfoque no solo defiende a clientes individuales; cuestiona todo el sistema de represión. Cada elemento refuerza a los demás. La acción legal por sí sola lograría solo una fracción del impacto.
En la región, hay un uso creciente de Interpol y las sanciones como instrumentos dentro de disputas corporativas o conflictos políticos. ¿Qué patrones globales observa replicándose en América Latina?
Algunas jurisdicciones en América Latina están copiando el manual autoritario, aunque con variaciones regionales. Las Red Notices de Venezuela contra opositores siguen el mismo patrón que la operación Fox Hunt de China o la persecución de disidentes por parte de Rusia —cargos fabricados de traición o delitos financieros para silenciar críticos. El Salvador ha emitido más de 800 notificaciones bajo poderes de emergencia, una escalada sin precedentes incluso en estándares globales.
En el ámbito comercial, vemos la conversión de disputas económicas en procesos penales, pero con un toque marcadamente latinoamericano. Perú apunta a árbitros en casos Odebrecht. Panamá inicia investigaciones penales contra inversores que presentan demandas ISDS. Estas tácticas combinan métodos autoritarios aprendidos con características regionales: la vulnerabilidad particular de los inversores extranjeros en industrias extractivas, el uso de retórica anticorrupción para encubrir represalias comerciales, la explotación de sistemas judiciales débiles. El resultado: destrucción de la confianza inversora, impunidad sin control y estancamiento económico. Algunos elementos son propios de la región, pero la sofisticación subyacente proviene de estudiar precedentes globales.
¿Cómo debe actuar una empresa o individuo de alto perfil cuando enfrenta un riesgo inminente de persecución internacional abusiva?
Actuar con rapidez y estrategia es esencial. Primero, contratar inmediatamente asesoría especializada para evaluar la amenaza y confirmar la existencia de una Red Notice mediante consulta directa a la CCF. Si existen motivos razonables para sospechar una emisión inminente, presentar un desafío preventivo de validez—esto suele motivar a los países emisores a retirar la solicitud antes de enfrentar escrutinio. Datos recientes muestran que los rechazos por incumplimiento aumentaron drásticamente a 2.462 en 2024, a menudo por motivos procesales o de gravedad.
Documentar rigurosamente toda evidencia de motivación política o comercial. Solicitar medidas de protección como solicitudes de asilo, recursos judiciales provisionales o notificaciones voluntarias de viaje en escenarios de alto riesgo. Evitar viajar a jurisdicciones con mayor probabilidad de ejecución. Activar medios y canales diplomáticos para exponer el abuso, mientras se monitorean nuevas herramientas como las Silver Notices que apuntan a activos. En América Latina, la intervención temprana ante la CCF ha demostrado ser especialmente eficaz para evitar detenciones y lograr eliminaciones rápidas.
Usted también litiga sanciones internacionales —Magnitsky, OFAC, Reino Unido. ¿Qué oportunidades ofrece este sistema para combatir redes de corrupción y violaciones de derechos humanos en América Latina?
Las sanciones golpean donde la justicia local no alcanza. La designación por OFAC del Cartel de los Soles en Venezuela como organización terrorista, los decomisos de activos—todo esto desestabiliza la corrupción desde sus cimientos. El régimen Global Anti-Corrupción del Reino Unido añadió nuevos destinatarios en noviembre de 2025, y la sociedad civil puede nominar directamente a actores corruptos.
Estas herramientas congelan activos, bloquean viajes y excluyen a los actores corruptos del sistema financiero internacional. Combinadas con otras estrategias legales, crean una presión que los sistemas nacionales jamás podrían generar por sí solos. Son particularmente efectivas en América Latina, donde las redes corruptas suelen operar transnacionalmente y colocan sus activos en el extranjero precisamente para evitar responsabilidades locales.
¿Cuál es el mensaje central que espera transmitir durante su panel en Buenos Aires?
Interpol sigue siendo indispensable para combatir el crimen transnacional, pero su vulnerabilidad al abuso—especialmente grave en América Latina—demanda reformas urgentes. Necesitamos salvaguardias reforzadas: procesos de verificación más estrictos, transparencia en los datos por país, medidas sólidas de protección de datos y una supervisión genuina de derechos humanos. No son preocupaciones abstractas: determinan si estas herramientas sirven a la justicia o facilitan la opresión.
América Latina debe liderar esta agenda de reforma, basándose en experiencias de Venezuela, Perú, El Salvador y otros países. Mientras la Asamblea General de Interpol en Marrakech debate reformas de gobernanza, el piloto de las Silver Notices para delitos financieros y un posible Acuerdo General de Privilegios e Inmunidades que podría ampliar protecciones legales reduciendo la rendición de cuentas, la voz de nuestra región es crucial. Debemos asegurar que estos mecanismos apunten a delincuentes reales, no a opositores políticos ni a adversarios comerciales.
Si pudiera dar solo un consejo a los despachos y equipos de defensa penal de la región sobre cómo abordar casos con componentes internacionales, ¿cuál sería?
Mapear inmediatamente y de manera exhaustiva el panorama internacional. No esperar a que aparezca una Red Notice o a que se impongan sanciones: identificar desde el inicio los posibles componentes internacionales, ya sean notificaciones de Interpol, órdenes transfronterizas o riesgos de sanciones. Luego, colaborar con especialistas que entiendan no solo los mecanismos legales, sino también su intersección con los marcos de derechos humanos y los canales diplomáticos.
Las estrategias nacionales aisladas fracasan frente a la persecución transnacional. Comprender cómo opera la Comisión de Interpol, cómo se cruza con procedimientos de la CPI, cómo aprovechar reformas recientes como la verificación reforzada de solicitudes de emergencia—este conocimiento transforma reacciones defensivas en oportunidades estratégicas. No solo se está defendiendo a un cliente: se puede estar impulsando una reforma sistémica que beneficie a todos los afectados por estos abusos.
