Claudia Mora Uscátegui, socia de las áreas de Derecho Corporativo y Energía de Pinilla, González & Prieto Abogados, ha escrito sobre la crisis de soberanía energética que enfrenta Colombia por su dependencia del gas natural licuado importado, un vacío que vincula, desde su experiencia asesorando operadoras, con la suspensión de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos durante el Gobierno anterior. Esa misma tensión reaparece, según Mora, en la conversación sobre descarbonización: Colombia cuenta con una matriz eléctrica limpia -54,9 % hidráulica, 19,2 % solar y eólica-, pero Mora cita que la matriz energética total del país depende en un 75 % de combustibles fósiles, una cifra que usa para sostener que el gas natural es hoy parte de la solución energética del país. Para ella, la hoja de ruta hacia la descarbonización debe construirse sobre esa base: “la transición energética colombiana no debería plantearse como la eliminación del gas natural, sino como su aprovechamiento estratégico”.
Usted ha escrito sobre la crisis de soberanía energética que enfrenta Colombia por su dependencia del GNL importado. ¿Qué papel jugó en esa dependencia la instrucción del Gobierno anterior de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción, y qué hace falta hoy para revertir esa tendencia?
Para las empresas operadoras, el principal problema ha consistido en que, durante el Gobierno anterior, la instrucción fue no suscribir nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Estos contratos, constituyen, el marco jurídico y contractual que nos permite desarrollar nuevas actividades exploratorias, tener nuevos descubrimientos e incrementar la producción. No obstante, en los contratos E&P vigentes, se han venido ejecutando distintas actividades exploratorias, dentro de las cuales se han obtenido descubrimientos con declaratoria de comercialidad, como Sirius (antes Uchuva).
Para incrementar la producción y contar con nuevos hallazgos, resulta necesario incentivar la exploración desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y fortalecer el trabajo en conjunto con las operadoras que actualmente tienen contratos vigentes, con el fin de facilitar que puedan cumplir con sus compromisos exploratorios y avanzar hacia nuevas rondas de adjudicación que reactiven el sector. Colombia cuenta actualmente con un buen marco regulatorio en esta materia, aunque existen oportunidades de mejora que podrían incorporarse en las futuras rondas de asignación de contratos.
En sus textos plantea que la meta de descarbonización puede entrar en tensión con la seguridad de suministro. ¿Dónde traza la línea entre asesorar a un cliente para cumplir metas ESG y advertirle que esa decisión puede comprometer su seguridad energética?
Mi opinión al respecto es que la descarbonización constituye una necesidad y una responsabilidad para todos los países. Sin embargo, las metas de reducción de emisiones deben estar acompañadas de una hoja de ruta diseñada a la medida de la realidad de cada país, considerando sus necesidades energéticas, la disponibilidad de recursos naturales, el nivel de desarrollo de su infraestructura y la seguridad del abastecimiento. Asimismo, dichas metas deben implementarse de manera gradual, permitiendo adoptar decisiones de política pública que no generen déficits de energía ni afecten la competitividad económica.
En el caso particular de Colombia, contamos con una matriz eléctrica altamente limpia y renovable. Actualmente, la capacidad instalada del sistema está compuesta aproximadamente por un 54,9 % de generación hidráulica, un 19,2 % de generación solar y eólica y un 25,8 % de generación térmica, principalmente a partir de gas natural y carbón. Esta estructura ha permitido que el país tenga una de las matrices eléctricas más limpias de América Latina, aunque sigue siendo vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño, que reducen significativamente los aportes hídricos y ponen a prueba la confiabilidad del sistema.
Por otra parte, cuando se analiza la matriz energética en su conjunto, la realidad es distinta. Colombia continúa dependiendo de manera significativa de los combustibles fósiles, los cuales representan aproximadamente el 75 % de la energía primaria consumida en el país, entre petróleo, gas natural y carbón. En consecuencia, aunque el impacto de Colombia sobre las emisiones globales es relativamente reducido y el sector eléctrico opera principalmente con fuentes renovables, nuestra economía sigue requiriendo hidrocarburos para garantizar el suministro energético, la movilidad, la actividad industrial y la generación de respaldo.
Por esta razón, la transición energética colombiana no debería plantearse como la eliminación del gas natural, sino como su aprovechamiento estratégico como combustible de transición y respaldo durante las próximas décadas. El gas natural cumple un papel fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en los períodos de baja hidrología, y contribuye a asegurar la continuidad del abastecimiento mientras se consolida la incorporación de nuevas fuentes renovables.
Los riesgos asociados a la dependencia de la generación hidroeléctrica han quedado demostrados en los eventos de sequía y en los ciclos del fenómeno de El Niño. En tales circunstancias, las plantas térmicas resultan indispensables para suplir la energía faltante y mantener la estabilidad del sistema. A ello se suma el crecimiento continuo de la demanda energética, lo que exige no solo ampliar la infraestructura de generación, sino también desarrollar nuevas fuentes de suministro de gas natural que permitan reemplazar campos en declinación e incrementar las reservas disponibles.
La descarbonización debe ser una meta transversal para todas las industrias, incluidas las de hidrocarburos y minería, mediante la incorporación de tecnologías más eficientes, la reducción de emisiones operativas, la captura de carbono y la adopción de mejores prácticas ambientales. No obstante, se trata de un proceso gradual que no debe comprometer la seguridad ni la soberanía energética del país, enfocado en diversificar las fuentes de energía, continuar incrementando la participación de las energías renovables tanto en la matriz eléctrica como en la matriz energética y, simultáneamente, garantizar el desarrollo de los recursos energéticos nacionales necesarios para atender la demanda futura y reducir la importación de gas.
Colombia adelanta frentes regulatorios nuevos y simultáneos –la primera ronda eólica offshore, la autogeneración y generación distribuida, y el hidrógeno de bajas emisiones–. De estos tres frentes, ¿cuál tiene hoy el vacío normativo más riesgoso para un inversionista, y qué cláusula o garantía contractual usa la práctica legal para cubrir ese vacío mientras la regulación no llega?
Hoy el mayor vacío regulatorio para un inversionista no está en la eólica offshore, donde Colombia ya construyó una ruta institucional relativamente clara, sino en el hidrógeno de bajas emisiones. El principal desafío no es únicamente técnico sino regulatorio y comercial: la certeza sobre cómo se certificará, comercializará y monetizará el producto en el largo plazo. Mientras esa regulación madura, la práctica jurídica suele proteger al inversionista mediante cláusulas robustas de cambio en la ley, mecanismos de equilibrio económico, condiciones suspensivas regulatorias y derechos de renegociación o salida del proyecto si las reglas futuras afectan su viabilidad.
Adicionalmente, podría decir con relación a los clientes que hemos apoyado en análisis de proyectos eólicos o de hidrógeno, el principal reto actual no es únicamente regulatorio. En muchos casos todavía existe incertidumbre sobre la viabilidad económica del negocio, dado que se trata de proyectos intensivos en capital, cuyos costos de desarrollo e infraestructura son elevados y respecto de los cuales aún no siempre existe suficiente certeza sobre la demanda futura, los mecanismos de remuneración o los ingresos esperados. Esto puede dificultar alcanzar un cierre financiero sólido y generar cautela por parte de inversionistas y financiadores.
El escenario es similar en autogeneración y generación distribuida, Colombia ya cuenta con reglas relativamente consolidadas. El reto principal no es jurídico sino financiero: lograr que el proyecto genere los ahorros o ingresos suficientes para justificar la inversión y alcanzar un cierre financiero atractivo para inversionistas y financiadores.”
Lleva más de 20 años asesorando sociedades operadoras de hidrocarburos, incluido el proceso societario que dio origen a Parex Resources. Mirando ese caso con dos décadas de distancia, ¿qué lección de estructuración corporativa sigue siendo válida hoy para una empresa que quiere salir a bolsa o atraer capital extranjero en el sector energético colombiano?
Mi experiencia en las transacciones previas a la constitución y consolidación de sociedades como Parex me permitió, desde una etapa temprana de mi carrera, participar en operaciones complejas, transacciones de M&A entre diferentes jurisdicciones, ventas de activos petroleros, debidas diligencias sobre proyectos con riesgos ambientales, sociales, operativos y regulatorios inherentes a la actividad y la producción, desarrollar estrategias de negociación relacionadas con garantías e indemnidades y valoración de activos del sector hidrocarburos. Ese aprendizaje fue especialmente valioso porque se dio de la mano de empresarios a quienes admiro y de abogados de distintas jurisdicciones con una experiencia transaccional muy relevante.
La principal lección que sigue vigente es que una compañía que pretenda salir a bolsa o atraer capital extranjero en el sector energético debe contar con una estructura corporativa sólida y con un portafolio de activos jurídicamente depurado. Esto implica que los títulos, contratos, autorizaciones, licencias, obligaciones ambientales, contingencias y riesgos relevantes hayan sido identificados, documentados y, en la medida de lo posible, mitigados. En este sector, el riesgo nunca desaparece por completo. Sin embargo, sí debe ser un riesgo conocido, medible, administrable y adecuadamente revelado frente a inversionistas, financiadores y autoridades del mercado de valores, así como cumplir con todas las acreditaciones y reportes que implican para una empresa estar listada.
Desde esa perspectiva, la solidez legal del activo subyacente es determinante para generar confianza en el mercado. No basta con que el activo sea atractivo desde el punto de vista económico o geológico; también debe estar respaldado por una estructura contractual, societaria y regulatoria que permita demostrar trazabilidad, cumplimiento y capacidad de gestión del riesgo. Haber acompañado etapas tempranas de una compañía que luego alcanzó reconocimiento en el sector, y haber participado desde sus inicios en contratos de exploración y producción, ha sido una experiencia muy gratificante y una confirmación de la importancia de construir valor desde la arquitectura legal de los proyectos.
En agosto de 2025 asumió el liderazgo del área de Derecho Corporativo de PGP, sumado a su rol como socia y líder del área de Energía de la firma. Para un cliente energético que antes debía coordinar dos áreas distintas dentro de la firma, ¿qué decisión o negociación cambia ahora que ambas prácticas responden a un mismo criterio?
En PGP, el área de Energía ha contado con asesorías regulatorias, acompañamiento en la ejecución de los proyectos ante las entidades públicas respectivas, estructuración contractual y corporativa de transacciones, etc. Sin embargo, la ventaja de liderar ambas prácticas es que puedo ofrecer a los clientes del sector energético una asesoría mucho más integral bajo un mismo criterio estratégico, tanto en negociaciones propias del sector como en transacciones y contratos relacionados con otras materias, tales como adquisición de inmuebles, inversiones, estructuras fiduciarias y operaciones de fusiones y adquisiciones, que no siempre se originan directamente en el negocio energético, pero que les permiten ampliar sus actividades y son relevantes para su actividad empresarial y crecimiento.
Ha construido toda su carrera –más de dos décadas– en la misma firma, mientras el derecho energético que ejerce pasó de girar casi exclusivamente en torno a hidrocarburos a estar dominado por la conversación de transición. ¿Cuál fue la apuesta profesional más arriesgada que tuvo que hacer en ese giro, y la volvería a hacer sabiendo lo que sabe hoy?
Efectivamente, durante muchos años mi experiencia estuvo concentrada en el sector de hidrocarburos, principalmente y desde la perspectiva de compañías exploradoras y productoras, también en mi experiencia he asesorado proyectos del sector minero desde la exploración y operación de minas. Sin embargo, incluso desde esa etapa, ya venía siendo para la industria extractiva, determinante avanzar en la reducción de emisiones, desarrollar proyectos de eficiencia energética y asumir compromisos ambientales serios, verificables y compatibles con la continuidad de sus operaciones.
Un ejemplo relevante de ello fue, la compañía en la cual lideré durante varios años la Gerencia Legal, que entre 2015 y 2017 certificó reducciones de emisiones y logró registrar los bonos de carbono ante la ONU. En su momento, esta fue, una apuesta novedosa para el sector, en la medida en que le permitió a la compañía convertirse en una de las primeras petroleras en Colombia en registrar y certificar estos bonos asociados, entre otros factores, a la reducción de la quema de gas en sus operaciones. Paralelamente, entre otros proyectos que se desarrollaron iniciativas en campo orientadas a la reutilización del agua obtenida en la operación petrolera, la compensación ambiental y la mitigación de impactos propios de la actividad extractiva.
Sin embargo, a partir de 2020, mi práctica se amplió de manera significativa hacia el sector eléctrico y gasífero, incluyendo asuntos relacionados con la comercialización de energía y gas, la estructuración de proyectos solares, acompañamiento en contratos PPA, y asesoría contractual y regulatoria vinculada con nuevas fuentes de generación. En ese proceso la transición energética empezó a integrar conversaciones, el sector se fue fusionando y empezamos a compartir escenarios que antes parecían pertenecer a sectores separados, permitiendo que las compañías de hidrocarburos comenzaran a participar activamente en proyectos renovables, y que los abogados del sector pudiéramos trabajar de una forma más transversal, entendiendo la energía como un sistema, y, de manera integral, como un suministro de energía que requiere distintas fuentes, reglas claras, seguridad jurídica y sostenibilidad para responder a las necesidades del país.
Mi apuesta ha sido seguirme preparando y profundizar mis conocimientos en el sector, por lo cual hice una Maestría de Regulación Energética en la Universidad Externado de Colombia, que culminé hace unos meses y que me permitió estudiar el sector de manera integral, de la mano de los expertos tanto en renovables como en minero e hidrocarburos.”
La trayectoria de Claudia Mora Uscátegui funciona como espejo del propio sector que asesora. Su carrera arrancó en el terreno más tradicional del derecho energético colombiano, los contratos de exploración y producción de hidrocarburos que dieron origen a compañías como Parex Resources, pero se amplió, a partir de 2020, hacia comercialización de energía y gas, proyectos solares y contratos PPA, en la misma medida en que el mercado colombiano dejó de tratar hidrocarburos y renovables como mundos separados. Esa integración se refleja hoy en su propio rol: desde agosto de 2025 lidera simultáneamente las áreas de Derecho Corporativo y Energía en PGP, una consolidación que le permite ofrecer asesoría bajo un mismo criterio estratégico a clientes que antes coordinaban dos prácticas por separado. La apuesta más temprana en esa dirección, dice Mora, fue liderar entre 2015 y 2017 la certificación de bonos de carbono de una petrolera colombiana ante la ONU; la más reciente, cursar una Maestría en Regulación Energética que terminó hace apenas unos meses.
