Por Heidi Maldonado
“La corrupción no es sólo un reto, sino un obstáculo y una tarea muy pendiente para todos los mexicanos, pero hay que trabajar en ello ya”, así lo aseveró Octavio Ochoa Huerta, socio de la firma Guerra González, al ser consultado sobre los retos a los que se enfrentan los abogados en México en relación con los litigios mercantiles. Además, precisó, durante nuestra charla, que otro gran obstáculo es la afectación o pérdida de Independencia en las autoridades judiciales, “la integridad e independencia del poder judicial frente a cualquier otro factor, fuerza o poder en el país, influirá en una mejor administración de justicia y finalmente en un México mejor”.
Para el experto en materia mercantil, civil, administrativa y familiar, así como en procedimientos concursales, constitucionales y arbitraje, “si los abogados seguimos perdidos en formalismos y no alineamos nuestros intereses con los de nuestros clientes, fomentamos la percepción entre los ciudadanos de un Estado de Derecho que no es eficaz, que no funciona, que no les hace justicia”
Con Ochoa Huerta hablamos sobre el incremento en número de los procesos judiciales, le consultamos su opinión sobre lo que él considera faltaría implementar en el sistema concursal mexicano para que sea más fluido y realmente cumpla con sus objetivos. Conversamos, también, sobre el panorama en Iberoamérica en las áreas que lidera para el 2024 y cuestionó algunos de los proyectos de ley que actualmente están en manos del Congreso y que sus consecuencias posiblemente serían negativas en el ámbito legal mexicano.
¿Cuáles considera son los retos más importantes que enfrentan los abogados en México en relación con los litigios mercantiles?
Los abogados litigantes en México enfrentamos constantes retos en relación con los litigios mercantiles que nos son encomendados. Para simplificar la respuesta, me parece muy útil de manera general resumirlos en dos grandes grupos.
El primero, son todos aquellos vinculados con la duración de los juicios. Si bien en materia mercantil se han implementado en los últimos años reformas importantes para lograr la tramitación de dichos juicios de manera oral, lo cual no solo ha mejorado los tiempos de resolución de los juicios sino también la calidad de las resoluciones judiciales debido a que los procesos orales exigen que el juzgador esté presente al momento de desahogar las diversas audiencias que se celebran entre las partes, escuchando así de viva voz los argumentos de las partes y sus pruebas para en consecuencia el juzgador tenga todos los elementos de primera mano para resolver de una mejor manera e incluso pronta, también lo es que la implementación de dichas nuevas tecnologías y experiencias conllevan un cierto tiempo de implementación y experimentación y sobre todo la necesidad de recursos económicos suficientes para procurar la infraestructura necesaria para ello.
Mi experiencia profesional me ha llevado a litigar en los lugares más apartados del centro del país y de sus ciudades principales. Ahí es donde se hace patente que la administración de justicia en nuestro país no se reduce a los tribunales federales o a las ciudades que aparecen como centros de negocio en México, y se hace muy ostensible que muchos de los Poderes Judiciales de los Estados no cuentan con los mismos presupuestos ni espacios ni instalaciones ni asesoría técnica para un ejercicio óptimo de sus funciones, trabajando con mucho espíritu y con pocos recursos materiales.
En este mismo grupo de obstáculos, cada vez se torna más evidente cómo la duración de los juicios mercantiles se ve afectada por el exceso de formalismos procesales. La formalidad es esencial en toda administración de justicia, pero los formalismos son atrofiantes a tal grado que en muchos casos no se llega a atender el fondo del asunto después de años de litigio. Esta situación deberíamos procurar superarla si queremos una mejora efectiva en la administración de justicia, ya que la población aspira a tener un Estado de Derecho en el cual se le imparta justicia de fondo, efectiva. El ciudadano que acude a los órganos de justicia lo hace en espera de que esa justicia sea materializada en el mundo real de manera pronta, gratuita y eficaz y no que por causa de un formalismo se fomente la impunidad. En ese aspecto nuestra Constitución es muy clara en su artículo 17 al señalar que “las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”, pues sólo así se puede palpar una justicia que mejore la percepción de la ciudadanía, una justicia que no atiende el fondo y además es tardía no es justicia.
El segundo de los obstáculos que enfrentamos es muy actual y se refiere al peligro en la afectación o pérdida de Independencia por nuestras autoridades judiciales. Este punto tiene dos vertientes muy ostensibles. La primera la inclemente corrupción. La administración de justicia se ha visto mermada cada vez en mayor medida por los casos de corrupción, y esto no es un vicio de un solo lado del ejercicio profesional, pues incumbe tanto a justiciables y sus asesores, como a administradores de justicia, pues el fenómeno requiere necesariamente de ambas partes.
Si bien corruptos en su doble aspecto de corruptores y corruptibles es un mal que lamentablemente está presente en todo el mundo, en México es un cáncer que no hemos podido erradicar sino controlar y revertir. Vergonzosamente, este año México aparece en el Índice del Estado de Derecho 2023 de World Justice Project (WJP) en el lugar 116 de 142 países evaluados. Basta analizar dicho índice el rubro de “cohecho en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, el cual es el peor evaluado. Así la corrupción no es sólo un reto, sino un obstáculo y una tarea muy pendiente para todos los mexicanos, pero hay que trabajar en ello ya. México está a tiempo de lograr contener que la corrupción de jueces y litigantes se vuelva un estándar a grado tal que provoque el abandono de la administración de justicia institucionalizada y colapsando el mismo, tornemos al ejercicio de la justicia por propia mano inescrupulosa y sin garantías.
Hoy que la mayoría de los juzgadores hacen su trabajo casi como un apostolado, con profesionalismo, dedicación y al margen de cualquier práctica desleal y/o ilegal, enfrentando en muchos casos sueldos bajos e incluso impagos, hay que reconocerlos. Si a eso sumamos los desafortunados ataques desde otros poderes de la unión para mermar al Poder Judicial en todos los aspectos, principalmente en su independencia, hace evidente que nos encontramos en una situación compleja pues sólo la integridad e independencia del poder judicial frente a cualquier otro factor, fuerza o poder en el país, influirá en una mejor administración de justicia y finalmente en un México mejor.
Sólo teniendo un poder judicial (federal y locales) independientes en sus decisiones, podremos incentivar la apreciación ciudadana de un mejor país, daremos certeza y fomentaremos la inversión tan ansiada que mejore muchos de los problemas sociales que nos aquejan.
¿Qué está haciendo Guerra González para enfrentar dichos retos?
En la mayoría de los asuntos en los que participamos privilegiamos resolver el fondo de las controversias y lograr una verdadera justicia. Nuestros clientes no persiguen que hagamos gimnasia jurídica sino que resolvamos de una vez y pronto las controversias que los aquejan. Si los abogados seguimos perdidos en formalismos y no alineamos nuestros intereses con los de nuestros clientes, fomentamos la percepción entre los ciudadanos de un Estado de Derecho que no es eficaz, que no funciona, que no les hace justicia, que no les genera confianza en ella, lo que reitero es muy importante para el crecimiento y desarrollo de un país a fin de dar certeza a la inversión nacional y extranjera.
Abiertamente y en todos los foros, somos críticos y opositores de la corrupción, la cual condenamos y combatimos. No tengo duda de que la corrupción nos lleva a la mayoría de los grandes males de este país. Estoy convencido que como litigantes no nos debemos prestar a ningún acto de corrupción ni activa, ni pasivamente, debe de existir cero tolerancia con la misma y sobre tales principios actúo en congruencia.
Estamos convencidos de que el ejercicio del poder político debe hacerse a partir de su división. El poder absoluto corrompe absolutamente. En consecuencia y congruencia con nuestros principios, valores y responsabilidad social y ciudadana, fomentamos la independencia del Poder Judicial de la que ya platicamos, incluso mediante medios de control constitucional, pues en los últimos años Guerra González ha patrocinado y promovido diversos juicios de amparo en contra de las reformas que han pretendido mermar dicha independencia.
¿Los procesos judiciales están incrementando en número? ¿Por qué cree que esto es así?
Efectivamente, los procesos judiciales han incrementado en número pero en algunas materias más que otras. Los Poderes Judiciales tanto de los estados como de la Federación están saturados como nunca antes de trabajo, y el rezago es ostensible. No hay juzgado que visites que no se vea desbordado en cuanto al número de expedientes y asuntos por resolver.
El aumento o disminución en número de los procesos judiciales creo que es consecuencia de los tiempos en que impera, es decir, es un reflejo de la situación y condiciones en que vive la sociedad de cada país en su día a día. Por ejemplo, fíjate en los juzgados familiares que están saturados como nunca antes se ha visto después del confinamiento y la pandemia, que como todos sabemos repercutieron de manera directa en todos los aspectos familiares. Basta atender la estadística reciente del INEGI que apunta que en el 2022 hubo 166 mil 766 divorcios, un año récord. De ese número de divorcios el 90.5 % fueron ventilados ante el Poder Judicial y solo un 9.5 % de manera administrativa sin necesidad de acudir a los tribunales.
Otro ejemplo son los procedimientos de Concursos Mercantiles. En los últimos años hemos tenido un incremento mínimo de asuntos. Si como venimos diciendo la ciudadanía no percibe a la administración de justicia en México como algo confiable, óptimo, célere y efectivo, no obstante su necesidad y los óptimos resultados que obtendrían de implementarlo, los empresarios ante esta incertidumbre evalúan con muchísimo recelo la alternativa de acudir a un concurso mercantil en México y prefieren ahogarse en sus deudas a tramitar dicha solución. Si a eso sumamos la concentración sólo en la Ciudad de México de dichos procedimientos, los costos del proceso para las micro y pequeñas empresas y su duración el incentivo es poco. Finalmente, respecto de esta materia muchos empresarios siguen viendo como estigma la afectación de su reputación al ser sujeto a un procedimiento que tiene por nombre concurso mercantil o quiebra, quizá proceso de reorganización o reestructura sería conceptualmente más amable y por tanto admisible, pues finalmente es eso, la reestructura de sus deudas y el pago a los acreedores para mantener la operación de las empresas.
¿Qué considera faltaría implementar en el sistema concursal para que sea más fluido, o que realmente cumpla con sus objetivos?
Tenemos mucho por hacer. En mi opinión, de importancia, veo dos áreas de oportunidad.
La primera, hacen falta más juzgados especializados a lo largo y ancho del país. Para ello es urgente que el Consejo de la Judicatura Federal pueda implementar la creación de estos juzgados cuando menos por regiones o circuitos para que tengamos juzgados especializados en materia concursal en el norte, centro y sur de la República sin centralizar todo en únicamente dos juzgados ubicados ambos en la Ciudad de México.
En segundo lugar, creo que es importante lograr agilizar los procesos concursales para que realmente se respeten los tiempos establecidos en la ley, pero razonablemente.
Siempre he considerado que hay dos momentos claves que permiten la viabilidad de la empresa concursada y de sus acreedores: El primero, el del otorgamiento de las medidas cautelares que permiten que la empresa siga operando. Respecto de estas, no sólo yo sino muchos colegas sostenemos que las medidas cautelares deberían ser decretadas con la mera solicitud de concurso mercantil, sin mayores formalismos y siempre y cuando sean tendientes a mantener la operación de la empresa en la manera que lo venía haciendo. El segundo, es aquél para lograr el acuerdo de conciliación. Dicho acuerdo, in extremis del término del plazo para su suscripción, no debería estar sujeto a la voluntad de las partes, de tal suerte que en dicho momento extremo, para el caso de que la propuesta no alcance las mayorías para su aprobación, viéndose viable por el conciliador, sea este aprobado por el juez para lograr el más prístino objetivo de todo ordenamiento concursal, es decir que una empresa pueda seguir operando aunque ahora bajo ese plan de reestructura que financieramente es viable. Aprobado el plan se debería éste ejecutar de inmediato, sin mayor impedimento, y obviamente salvaguardando los intereses de aquellos acreedores que no hayan sido debidamente reconocidos provisionando para ello las reservas suficientes que lo ameriten en caso de su impugnación.
¿Hay algún proyecto de ley que considere necesario aprobar en el ámbito de litigios en los próximos años, o considera que actualmente estamos en una buena posición en relación con normas que afecten los procesos judiciales?
Creo que en México deberíamos seguir impulsando el homologar las legislaciones sustantivas y procesales para contar con códigos nacionales. En un país tan grande y el mundo tan globalizado que hoy vivimos, contar con legislaciones homologadas que simplifiquen y agilicen no solo la impartición de justicia en los procesos judiciales, sino también facilitar y simplificar para la sociedad el entendimiento de las normas que la rigen evitando formalismos o localismos recalcitrantes, sería un logro. Ya no sólo los abogados de toda la República sino todos los ciudadanos lo agradecerían.
En este sentido, si bien la homologación de la legislación procesal civil en todo el país es un gran avance que abonará sin lugar a dudas a la mejora en la impartición de justicia queda pendiente en mi mente el anhelo de un sólo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La emisión de criterios en su implementación sería de mucha utilidad para su homologación nacional y dotaría a toda la nación de certeza jurídica.
Contrariamente, ¿existe algún proyecto en cartera en manos del Congreso que podría traer consigo consecuencias negativas al ámbito legal?
Tristemente, el principal problema que México enfrenta en relación con los tribunales y la impartición de justicia radica en las reformas pretendidas por el Poder Ejecutivo y avaladas por el Legislativo donde se pretende privar al Poder Judicial de su independencia. La pretendida reforma constitucional de elección popular de los jueces de la nación es desafortunadísima y traería graves perjuicios politizando por entero a un poder del Estado Mexicano que si bien es político, debe ser de origen neutro.
En México necesitamos un Poder Judicial fuerte e independiente y eso solo se logra teniendo a jueces preparados, capaces y bien pagados, con libertad de criterio, que no cedan a los intereses ni deban favores o candidaturas y presupuestos de campaña a quien sea.
¿Cómo ve el panorama de Iberoamérica en las áreas que lidera para el 2024?
Existe una urgencia generalizada por especialización en la materia por parte de los poderes judiciales de cada nación, pues en la actualidad hay países que no tienen jueces especializados o no cuentan con el número suficiente para atender adecuadamente los procesos concursales, y que, por lo mismo, los procedimientos no logran cumplir con el objetivo que es lograr preservar las empresas.
El tema de la especialización no es simplemente la creación de tribunales que atiendan los asuntos concursales, sino que se requiere que los juzgadores designados tengan los conocimientos suficientes no solo para llevar el proceso adecuadamente a lo largo de cada una de sus etapas, sino que además cuenten con un perfil de abogados con experiencia contable, financiera y de negocios, pues ello ayudará mucho a regir su criterio al momento de emitir sus resoluciones con el primordial ánimo de salvaguardar la viabilidad de las empresas.
Asimismo, es importante que en toda la región se promueva una cultura pro-concursal que tenga como prioridad facilitar a los pequeños y medianos empresarios acceder a los procedimientos concursales en el caso de que lo necesiten, pues como lo hemos sostenido siempre, una empresa que pasa por turbulencias financieras podrá salir adelante en la medida que utilice a tiempo la figura del concurso mercantil para sanar sus finanzas y continuar operando.
Esperemos que en el 2024 podamos avanzar en estas necesidades que observamos como latentes y urgentes por atender en toda la región, pues con ello no solo se lograrían cambios importantes en las legislaciones concursales, sino que se estaría dotando a las empresas de un mecanismo eficaz para enfrentar las adversidades que se puedan presentar en cada país.
El mundo enfrenta muchísimos retos delicados por resolver, la región iberoamericana no es la excepción, y el tema de impartición de justicia es una de los mayores desafíos que se tiene hoy en día, pues la justicia da a las naciones y sus pobladores estabilidad, bienestar, desarrollo y permite se genere riqueza, pues da certeza de que las cosas irán por buen camino.
