“La pregunta ya no es si hay concesión, sino si el proyecto es sostenible en el tiempo”
Cuando se le plantea si los nuevos pilares regulatorios del Plan México 2030 impactan la seguridad jurídica de las inversiones mineras en México, Joel A. González, socio director de ALN Abogados, no responde en clave alarmista. Tampoco complaciente.
Para él, el impacto existe, pero no en el sentido simplista de “más regulación igual a menos certeza”.
“Como hemos señalado a lo largo de 2025, consideramos que la creciente expectativa de las autoridades se ha visto reflejada en nuevos cuerpos normativos más estrictos, con estándares de cumplimiento más elevados”.
La diferencia, explica, está en cómo se interpreta ese endurecimiento, “el efecto que debe o debería tener en la praxis es igualmente un aumento en la previsibilidad para aquellas empresas alineadas y sobre todo que documenten su desempeño”.
Ahí está el matiz. La seguridad jurídica deja de ser un supuesto general y se vuelve una consecuencia selectiva. Quien entienda el nuevo estándar y lo incorpore a su operación tendrá más previsibilidad que antes. Quien lo subestime, enfrentará mayor exposición.
Una visión holística frente a una regulación transversal
González insiste en una idea que repite a lo largo de la conversación: la minería ya no puede gestionarse por compartimentos.
“Hoy más que nunca la minería debe entenderse desde un punto de vista holístico”.
Un permiso ambiental no es solo un trámite técnico. Impacta cronogramas, financiamiento, reputación, relación comunitaria y continuidad de la concesión. Por eso, sostiene, no puede resolverse únicamente desde un departamento.
En su visión, legal, operaciones, relaciones comunitarias y medioambiente deben sentarse en la misma mesa cuando se toman decisiones estratégicas. Esa integración no es retórica ESG; es gestión de riesgo.
La seguridad jurídica, en este contexto, se convierte en la coherencia entre todas esas áreas.
Agua: el nuevo epicentro del riesgo regulatorio
Si hay un frente donde la transformación es más evidente, es en la gestión del agua. Joel A. González describe una transición clara en el modelo regulatorio:
“Vemos una evolución… de un sistema de modelo administrativo a un modelo de responsabilidad hídrica con obligaciones muy puntuales de medición, pago de derechos y sanciones inclusive de carácter penal en caso de incumplimiento”.
El caso del agua de laboreo resulta especialmente sensible. Lo que históricamente se consideraba inherente a la concesión minera ahora requiere mecanismos específicos de medición y pago de derechos, independientemente del uso que se le otorgue.
Ante este escenario, el socio director de ALN plantea tres líneas esenciales:
- Mapeo hídrico-regulatorio detallado y operativo.
- Control documental estricto con responsables claramente designados.
- Estrategias preventivas frente a riesgos de caducidad, suspensión o cancelación.
Para Joel A. González, la gestión hídrica será uno de los principales termómetros de cumplimiento en los próximos años.
Resiliencia social: más allá de la licencia para operar
En el ámbito ESG y comunitario, Joel A. González introduce un concepto que considera clave para entender el presente del sector: resiliencia social.
“Resiliencia social… la capacidad de un proyecto para permanecer ante modelos regulatorios, sociales y geopolíticos adversos, o cambiantes”.
La minería, sostiene, ya no puede limitarse a obtener una licencia social inicial. Debe ser capaz de sostener legitimidad en entornos cambiantes, con comunidades que demandan prosperidad compartida y autoridades que elevan sus estándares.
Desde su posición en ALN, González entiende el derecho minero como una práctica dinámica que acompaña el ciclo completo del proyecto: exploración, desarrollo, operación y cierre, con diálogo constante entre áreas técnicas y estratégicas.
El rol del abogado: de intérprete normativo a arquitecto de continuidad
Para Joel A. González, el derecho minero atraviesa una etapa evolutiva dinámica. El abogado ya no puede limitarse a analizar reformas; debe comprender el modelo de negocio desde su origen -incluso en empresas públicas que cotizan en bolsa- hasta exploración, desarrollo, operación y cierre.
En ALN, explica, han asumido ese papel como un enlace entre la empresa, sus áreas internas, las autoridades de los tres niveles y las comunidades.
No es una declaración de marketing. Es una redefinición del rol profesional. En un entorno más exigente, la asesoría jurídica se convierte en un sistema de prevención y coordinación.
Protocolos, herramientas y cultura
González reconoce el valor de herramientas tecnológicas de análisis y prevención de riesgos, así como la adopción de protocolos como TSM (Towards Sustainable Mining) por empresas vinculadas a CAMIMEX y CANCHAM.
Pero vuelve al punto esencial: ninguna herramienta sustituye la integración interna.
“Más allá de estas herramientas… la mejor estrategia de prevención de conflictos de cualquier naturaleza es la integración de las diferentes áreas de la empresa operadora con estrategias muy bien definidas”.
El riesgo, en su visión, no se gestiona solo con cumplimiento formal. Se gestiona con cultura organizacional.
Joel A. González no presenta el Plan México 2030 como una amenaza ni como una garantía. Lo entiende como un filtro.
La seguridad jurídica minera en México no desaparece, pero se vuelve más exigente. Depende menos de la estabilidad pasiva del marco normativo y más de la capacidad activa de cada proyecto para cumplir, documentar, anticipar y dialogar.
En ese escenario, la concesión es necesaria, pero no suficiente. La continuidad operativa -sostenida por cumplimiento integral y resiliencia social- es el verdadero indicador de certeza.
