El año fiscal 2026 se perfila menos como un punto de ruptura que como un examen de resistencia para los distintos modelos tributarios. En Europa, la combinación de crecimiento moderado, deuda elevada y límites políticos estrecha el margen de maniobra. En América Latina, la tensión se reparte entre estabilidad macroeconómica, necesidad de atraer inversión y presiones estructurales sobre el gasto público.

Más que grandes reformas, lo que define 2026 es la forma en que cada jurisdicción gestiona la estabilidad: si la utiliza como palanca para atraer capital, como en Paraguay; si la convierte en una presión recaudatoria silenciosa, como en España; o si la pone en cuestión por desequilibrios fiscales persistentes, como ocurre en Colombia. En palabras de Luis Carísimo, responsable del Departamento Tributario de Altra Legal, “la discusión fiscal ya no gira solo en torno a impuestos, sino a previsibilidad, confianza y calidad institucional”.

Ese hilo conductor permite leer en paralelo realidades muy distintas -España, Andorra, Paraguay, Colombia y Perú- pero conectadas por un mismo contexto global: mayor escrutinio, administraciones tributarias más activas y una creciente exigencia de planificación sofisticada.

España: recaudación al alza sin grandes reformas

España llega a 2026 sin margen político para una reordenación fiscal profunda, pero con una presión recaudatoria creciente por otras vías. Con un crecimiento estimado del 2,9 % y una deuda pública cercana al 100 % del PIB, el debate fiscal se desplaza desde la reforma normativa hacia la gestión administrativa.

Paradójicamente, esa parálisis no impide que la recaudación siga creciendo. “No se deflactan tarifas y la Administración Tributaria está extraordinariamente motivada; eso explica buena parte del aumento de ingresos”, señala José María García Guirao, socio de Devesa. El incremento de ingresos se produce sin grandes cambios legislativos, lo que eleva la presión fiscal efectiva sin abrir un debate político explícito.

En el plano internacional, la política fiscal española está más condicionada por Bruselas que por Madrid. “España replica en gran medida la política comunitaria; la guerra arancelaria de Trump fue más un fenómeno inicial que una dinámica sostenida”, apunta García Guirao. Los sectores más expuestos a tensiones comerciales han comenzado a buscar mercados alternativos, un proceso costoso a corto plazo, pero asumible a medio plazo.

Desde la práctica, Devesa estructura su asesoramiento a partir de diagnósticos integrales. Revisión de estructuras holding, optimización patrimonial mediante SOCIMI o SCR y análisis detallado del impacto en IVA en sectores con actividades exentas permiten diseñar esquemas capaces de absorber cambios futuros. A ello se suma un peso creciente del contencioso tributario, en un contexto en el que la Administración adopta criterios agresivos que no siempre son avalados por los tribunales.

Andorra: fiscalidad competitiva bajo mayor escrutinio

Andorra representa un modelo singular dentro del mapa fiscal analizado: menos volumen, mayor filtro y una apuesta explícita por la estabilidad a largo plazo. Carlota Pastora, socia directora de Carlota Pastora Business Law Firm, sitúa 2026 como un punto de inflexión tras la aprobación de la segunda Ley Ómnibus, que endurece de forma sustancial el régimen de residencia pasiva y redefine el perfil del residente internacional.

“Ya no vale con mudarse y ya. La relocalización exige diseño fiscal real, análisis del país de origen y cumplimiento absoluto”.

La exigencia de una inversión mínima elevada, junto con tasas de entrada a fondo perdido y la ampliación del intercambio automático de información fiscal con la Unión Europea, que desde 2026 incluye criptoactivos, dinero electrónico y monedas digitales, ha elevado el nivel de escrutinio y ha puesto fin a cualquier aproximación estandarizada.

Lejos de percibir este endurecimiento como un freno, el despacho lo interpreta como una oportunidad estratégica. “Los nuevos requisitos filtran mucho: habrá menos volumen, pero atraen a personas con patrimonios que buscan compromiso a largo plazo, calidad de vida excepcional y planificación patrimonial seria. Eso es positivo para nosotros, porque son clientes de mayor compromiso y fidelidad”, explica.

En el ámbito de la residencia pasiva, Pastora destaca que el perfil histórico ya era de largo plazo y que los cambios normativos “refuerzan aún más esa tendencia”.

En cuanto a las previsiones de crecimiento, el despacho evita lecturas triunfalistas. “Con los cambios legislativos tan recientes, es muy prematuro dar una previsión numérica exacta. Vamos a ver primero cómo evoluciona todo en los próximos seis meses, porque el perfil del cliente sí va a cambiar claramente”, señala. El enfoque no está en el volumen de expedientes, sino en la calidad y profundidad del asesoramiento.

Ese mismo criterio se traslada al ámbito inmobiliario. Tras varios años de precios al alza por la escasez de suelo, la reciente Ley Ómnibus debería contribuir, en opinión de Pastora, a estabilizar el mercado y beneficiar a los residentes locales. “Nuestro crecimiento no viene de operaciones inmobiliarias masivas. Cuando trabajamos con inmuebles, acompañamos desde la due diligence hasta el wealth planning completo alrededor de la propiedad”, puntualiza.

La apuesta estratégica del despacho para 2026 pasa también por la integración real de la inteligencia artificial en la asesoría fiscal internacional y el wealth planning.

“La IA se está convirtiendo en un socio silencioso que elimina lo repetitivo y nos deja tiempo para lo esencial: entender al cliente, negociar con las administraciones y diseñar soluciones únicas”.

El uso de estas herramientas permite, a su juicio, simular escenarios sucesorios, modelar impactos fiscales transfronterizos y anticipar riesgos, siempre con supervisión humana plena.

El liderazgo de Pastora y su trayectoria de más de 15 años en fiscalidad internacional han sido determinantes para consolidar el posicionamiento del despacho en el mercado ibérico. “Con tenacidad y pasión. No somos una firma más de abogados, somos el socio idóneo para el mercado ibérico”, resume. Esa estrategia se ha traducido en una conexión sólida entre Andorra, España y Portugal, apoyada en alianzas estables con despachos de ambos países.

“Mi enfoque siempre ha sido estar un paso adelante: anticipar cambios normativos, formar al equipo en lo preventivo y construir relaciones de confianza que duran en el tiempo. El resultado son clientes que no vienen por precio, vienen por tranquilidad y por resultados reales”, añade.

El crecimiento del despacho se apoya en dos pilares que Pastora considera irrenunciables: personalización absoluta y red internacional de confianza. “Cada cliente HNWI es un universo distinto, no hay molde”, afirma. La actividad del despacho es eminentemente transfronteriza y se apoya en colaboraciones con firmas de España, Francia, Portugal, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Suiza y Reino Unido, lo que permite gestionar fiscalidad, sucesiones y contratación internacional sin fricciones.

Ese enfoque se traduce en una respuesta integral a las necesidades de los clientes, tanto en tributación directa e indirecta como en negocio empresarial. “Trabajamos con un enfoque 360° y preventivo. El cliente no quiere sorpresas; quiere dormir tranquilo sabiendo que su negocio y su patrimonio están protegidos y creciendo”, señala.

Para este 2026, Pastora identifica con claridad el área de mayor crecimiento. “Sin duda, la planificación patrimonial transfronteriza va a seguir siendo la que más crezca. Las familias eligen Andorra para organizar bien la sucesión, reducir al máximo las cargas fiscales y aprovechar ventajas estructurales como la ausencia de impuesto sobre patrimonio y sucesiones”.

Crecimiento y disciplina: el caso paraguayo

Paraguay llega a 2026 como uno de los pocos casos de la región donde la estabilidad fiscal no es solo un discurso, sino una variable verificable. Con un crecimiento proyectado del 4,2 %, el país ha consolidado una trayectoria de disciplina macroeconómica que culminó, en diciembre pasado, con la obtención del grado de inversión por parte de Standard & Poor’s (BBB-), tras la calificación Baa3 con perspectiva estable otorgada por Moody’s en 2024.

Para Luis Carísimo, responsable del Departamento Tributario de Altra Legal Paraguay, el impacto de estas calificaciones va mucho más allá del plano reputacional. “El grado de inversión es una señal concreta para el inversor: reduce el costo del capital, permite planificar a largo plazo y refuerza la credibilidad del marco fiscal”, explica. A diferencia de otras economías de la región, Paraguay no enfrenta en 2026 la necesidad de ajustes fiscales abruptos ni reformas tributarias de emergencia.

Ese posicionamiento se apoya en una modernización regulatoria orientada a la inversión productiva. La actualización integral del régimen de Maquila, la reforma del régimen de incentivos a la inversión productiva (ex Ley 60/90) y la promulgación de una ley específica para la producción y ensamble de bienes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales configuran un paquete normativo coherente.

“No se trata solo de atraer capital, sino de hacerlo bajo estándares internacionales, con generación de empleo y transferencia tecnológica”, señala Carísimo.

Desde la óptica fiscal, la lógica es clara: ampliar la base económica antes que la presión impositiva. “La combinación entre estabilidad tributaria, reglas claras y mejora del riesgo país permite incrementar la recaudación sin subir impuestos”, resume. Este enfoque resulta especialmente relevante en un contexto regional donde muchos países enfrentan déficits persistentes y presiones para aumentar la carga fiscal.

En el plano externo, Paraguay mantiene una exposición relativamente acotada a la volatilidad financiera y a los shocks comerciales globales. Su perfil exportador, concentrado en commodities y alimentos, y la ausencia de políticas de retaliación comercial le otorgan margen de maniobra. “No vemos una reacción fiscal emocional frente a eventuales aranceles o tensiones internacionales; la estrategia sigue siendo preservar la confianza y la previsibilidad”, subraya Carísimo.

Desde la práctica profesional, Altra Legal ha alineado su estrategia con este ciclo de estabilidad. El despacho participa activamente en la estructuración y ejecución de proyectos amparados en los nuevos regímenes, realiza capacitaciones técnicas para inversores y actores institucionales y acompaña a sus clientes en el diálogo con las autoridades. El foco, según Carísimo, está en “combinar seguridad jurídica, eficiencia fiscal y sostenibilidad de largo plazo”, en un entorno donde Paraguay busca consolidarse como plataforma regional de inversión.

Colombia: incertidumbre fiscal y presión estructural

Colombia llega a 2026 con una combinación especialmente delicada: incertidumbre política, deterioro fiscal acumulado y un entorno regulatorio cada vez más exigente. A diferencia de Paraguay, donde la estabilidad es un activo, en Colombia la estabilidad fiscal está en discusión. El calendario electoral, con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo, condiciona de forma directa el debate tributario.

Javier Blel, socio de Tax Controversy de Deloitte Colombia, es contundente: “Desestimar la necesidad de una reforma tributaria tendría efectos inmediatos. Sin medidas de ajuste, el déficit fiscal podría superar el 8 % del PIB, por encima de los límites de la regla fiscal”. Ese escenario no solo tensionaría las finanzas públicas, sino que enviaría una señal negativa a inversionistas y agencias calificadoras.

El problema, sin embargo, va más allá de una reforma puntual. “Colombia debe discutir no solo cuánto recaudar, sino cómo y en qué se gasta. El tamaño del Estado, la eficiencia del gasto y las prioridades de inversión ya no pueden posponerse”, añade Blel. Incluso con una reforma aprobada en el segundo semestre de 2026, la sostenibilidad fiscal seguirá dependiendo de decisiones estructurales sobre el gasto público.

En este contexto, la presión sobre los contribuyentes se intensifica. Las administraciones tributarias han incrementado los procesos de fiscalización, los cruces masivos de información y los procedimientos sancionatorios. “Estamos viendo inspecciones más profundas, criterios técnicos más duros y cobros coactivos con plazos cada vez más estrictos”, explica Blel. La consecuencia es un aumento significativo de la litigiosidad tributaria, especialmente en precios de transferencia, fiscalización aduanera y determinaciones oficiales.

La dimensión comercial añade una capa adicional de riesgo. Claudia Garzón, socia de Impuestos Indirectos y Comercio Exterior de Deloitte Colombia, advierte que “Colombia parte de una posición más vulnerable frente a Estados Unidos por su balanza comercial deficitaria. Cualquier desaceleración de las exportaciones se siente más rápido”. A ello se suman tensiones regionales, como los aranceles recíprocos entre Colombia y Ecuador, que pueden afectar de forma inmediata los flujos bilaterales.

Desde el punto de vista regulatorio, el entorno de cumplimiento también se endurece. Esteban Jiménez, socio de Deloitte Legal, anticipa una transformación relevante:

“El regulador avanza hacia un modelo integrado de gestión de riesgos. Las compañías deberán rediseñar sus sistemas de cumplimiento para no quedar rezagadas en un entorno de mayor escrutinio”.

La integración de riesgos de lavado de activos, corrupción, financiación del terrorismo y factores ambientales y sociales apunta a un modelo de supervisión más transversal y alineado con estándares internacionales.

Ante este escenario, Deloitte ha reforzado un enfoque integral que combina estrategia fiscal, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y defensa ante la autoridad. La prioridad, según Blel, es clara:

“Ayudar a las empresas a anticiparse, no solo a reaccionar, en un entorno fiscal cada vez más complejo y exigente”.

Perú: estabilidad normativa, mayor litigiosidad

Perú afronta 2026 desde una posición formalmente estable, pero con una presión fiscal que se manifiesta por la vía administrativa. No se esperan reformas tributarias de calado en el corto plazo, en buena medida por la coyuntura política y las próximas elecciones presidenciales.

Arturo Tuesta, socio de Impuestos de Deloitte Perú, lo resume así:

“No anticipamos cambios relevantes en la legislación tributaria para 2026.

De producirse, serían impulsados por el siguiente Gobierno y con efectos principalmente a partir de 2027”. Esa estabilidad normativa, sin embargo, no se traduce en menor conflictividad.

Por el contrario, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha intensificado su actividad fiscalizadora.

“La Administración está poniendo cada vez más énfasis en aspectos formales por encima de la sustancia económica de las operaciones, lo que incrementa las controversias tributarias”, señala Tuesta. Los focos principales están en precios de transferencia, fehaciencia de operaciones, aplicación de la cláusula antielusiva general y uso intensivo de la información proveniente de los mecanismos de intercambio internacional.

Este mayor escrutinio obliga a las empresas a reforzar sus procesos internos y su capacidad de respuesta frente a la Administración. Desde Deloitte, la estrategia pasa por anticipar riesgos y aprovechar herramientas tecnológicas. “Las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, jugarán un rol relevante para gestionar información tributaria, atender requerimientos y evaluar contingencias con mayor precisión”, explica Tuesta.

El resultado es un escenario en el que Perú combina previsibilidad normativa con un aumento claro de la litigiosidad y del coste de cumplimiento. Un entorno menos ruidoso que el colombiano, pero no exento de riesgos para empresas e inversores.

Una lectura transversal

Más que un año de reformas, 2026 será un año de prueba para los modelos fiscales existentes. El recorrido por estas jurisdicciones revela un patrón común: menos espacio para reformas improvisadas y más presión por gestionar lo ya construido. España afronta el ejercicio con una recaudación al alza sin capacidad política para grandes reformas, apoyándose en la administración tributaria como principal palanca. Andorra, en el extremo opuesto, endurece el acceso para preservar un modelo de fiscalidad competitiva basado en selectividad, planificación y largo plazo.

Paraguay aparece como una excepción regional, capitalizando estabilidad macroeconómica, grado de inversión y reglas claras para atraer inversión productiva sin elevar la presión fiscal. Colombia, en cambio, llega a 2026 con un margen fiscal muy estrecho y la necesidad ineludible de redefinir su equilibrio entre ingresos, gasto y sostenibilidad del Estado. Perú mantiene un marco normativo estable, pero traslada la presión al terreno administrativo, con una fiscalización más intensa y un aumento de la litigiosidad.

Más allá de las diferencias, el hilo conductor es claro. 2026 no será un año de grandes revoluciones fiscales, sino de ajustes, cumplimiento y estrategia. Para empresas e inversores, la clave ya no está solo en dónde se paga menos, sino en qué jurisdicciones ofrecen reglas previsibles, coherentes y sostenibles en el tiempo.