Falta de voluntad política y de independencia de las instituciones son el principal obstáculo para prevenir y sancionar la corrupción en Latinoamérica

La Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020 reveló que en la mayoría de los países latinoamericanos la lucha anticorrupción se concentra en sancionar desde el derecho penal, pero los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector público y privado son insuficientes
7 de junio |
Por Heidi Maldonado

Recientemente se publicó la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020. En palabras de Jaime Chávez Alor, Latin America Policy director en el Cyrus R. Vance Center for International Justice, este estudio busca identificar y evaluar los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción, recogiendo la visión de profesionales del derecho que se dedican a la práctica anticorrupción. A través de dos cuestionarios completados por firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, se obtuvo información para asignar una calificación general a los países, y esta misma información desagregarla en tres aspectos principales: legislación, implementación y autoridades.

¿Qué resultados arrojó la investigación? ¿Qué se busca con este estudio?

El estudio arrojó malas noticias para la mayoría de los países participantes, pues, aunque en términos generales existen esfuerzos en materia de legislación anticorrupción, el nivel de implementación es bajo, y las autoridades dedicadas a esto no tienen la independencia y capacidad para combatir la corrupción. Desafortunadamente también quedó claro que la falta de voluntad política para combatir la corrupción es una constante.

Ocho países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, y Perú) formaron parte de este análisis, por qué no incluir a otros, por ejemplo, como Venezuela donde hay una clara situación de no separación de los poderes públicos, hecho que sin duda genera corrupción, entre otros.

Esta es la primera edición de este reporte, donde se incluyó una muestra representativa de la situación en la región. En la siguiente edición del reporte (2021) se incluirán más países de la región, incluyendo Venezuela. Así como habrá países en donde esperamos encontrar una situación peor a los países evaluados en esta ocasión, también habrá países con esfuerzos interesantes.

¿Qué esfuerzos legislativos, regulatorios e institucionales se han puesto en marcha para prevenir, sancionar y combatir la corrupción

La mayoría de los esfuerzos existentes de la práctica jurídica para prevenir la corrupción se han dado para prevenir o atender la corrupción en el sector privado. En varios de los países analizados abogadas y abogados han tenido una participación importante en la creación de políticas de integridad o compliance para empresas.

También abogadas y abogados desde las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel muy importante en promover la creación de mecanismos para prevenir la corrupción, así como mecanismos de coordinación institucional y transparencia.

¿Qué se espera de esta primera edición, cuáles son las recomendaciones y conclusiones a las que se llegó?

El reporte contiene recomendaciones por cada uno de los países analizados, atendiendo a las categorías analizadas: corrupción en el sector público y privado, mecanismos de denuncia y protección a denunciantes/alertadores, autoridades especializadas, mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil, y transparencia y acceso a la información.

Además, el reporte contiene recomendaciones regionales en las que destacan la importancia de impulsar el desarrollo y uso de la tecnología en los mecanismos para prevenir la corrupción, el involucramiento del sector privado de cada país y a nivel regional para impulsar esfuerzos de la comunidad jurídica en materia anticorrupción, promover la cooperación regional de la comunidad jurídica para la promoción de prácticas anticorrupción, e impulsar la creación de una relatoría anticorrupción dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

De acuerdo con el análisis regional, en la mayoría de los países latinoamericanos la lucha anticorrupción se concentra en sancionar desde el derecho penal, pero los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector público y privado son insuficientes. De igual manera los mecanismos de coordinación institucional, los incentivos para denunciar y las normas que prevén la participación formal de la sociedad civil en esfuerzos anticorrupción son inexistentes o mínimos, siendo factores muy relevantes para la lucha anticorrupción.

Respecto a los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector público, la mayoría de los mecanismos están enfocados en el poder ejecutivo, y no existen obligaciones para otros poderes y órganos autónomos. Respecto a los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector privado, la mayoría de los países cuenta con regulación que incentiva el contar con programas de cumplimiento, sin embargo, no son obligatorios pues su implementación es opcional y salvo en un caso, no existen guías para su cumplimiento y verificación.

Respecto a la implementación del marco jurídico anticorrupción, en la mayoría de los países se identificó la falta de voluntad política y la falta de independencia material de las instituciones como el principal obstáculo para prevenir, combatir o sancionar la corrupción. En algunos países es muy preocupante la falta de independencia de poderes judiciales y ministerios públicos, o la baja capacidad por falta de recursos humanos, financieros u otros.

¿Qué tan relacionada está la corrupción con la violación de los derechos humanos?

Existe una relación muy estrecha entre la corrupción y la violación de derechos humanos. Es importante considerar que actos de corrupción pueden implicar violaciones a derechos humanos, y que mediante actos de corrupción se incumplen directamente las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Luchar contra la corrupción es también luchar porque los derechos humanos, en particular derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sean garantizados. Actos de corrupción que minan el presupuesto público afectan el goce de estos derechos, generan desigualdad y discriminación.

Adicionalmente, la corrupción afecta derechos de acceso a la justicia y debido proceso, debilitando el sistema de justicia y la certeza jurídica. Países con debilidad en las instituciones de justicia que propician la impunidad en la corrupción, también propician impunidad en violaciones a derechos humanos.

Finalmente, en ningún país se detectó un enfoque de derechos humanos en la lucha anticorrupción, lo cual tiene implicaciones para el ejercicio de los derechos de las víctimas de la corrupción y la reparación por la violación a estos derechos humanos.

¿Qué papel juega la abogacía en la lucha contra la corrupción?

Esta primera edición es un llamado a la comunidad jurídica de la región para que, una vez ubicados los temas específicos en donde el marco jurídico anticorrupción o institucional tiene debilidades, se generen iniciativas para fortalecer o impulsar esfuerzos en la materia. Consideramos que las y los abogados tenemos una posición muy importante y una responsabilidad particular de apoyar esfuerzos para luchar contra la corrupción.

Profesionales del derecho tienen el expertise para proponer e impulsar reformas legales o institucionales, y liderar iniciativas para el intercambio de experiencias, retos y buenas prácticas.

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