Por Heidi Maldonado
En las últimas horas y 8 días después de su investidura como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con sus políticas migratorias, ha desatado una polémica con su par de Colombia, Gustavo Petro. La tensión entre ambos países creció este domingo cuando Trump impuso aranceles del 25% sobre los productos que entren a EE. UU., los mismos se elevarán al 50% en una semana. Además, prohibió viajar y revocó visas a funcionarios del Gobierno Colombiano, familiares, partidarios y aliados de Petro. Por su parte, el mandatario colombiano también reaccionó e impuso aranceles a Estados Unidos.
¡Estas medidas son solo el comienzo!, dijo Donald Trump.
Y hablando de comienzos, se esperan muchas más reacciones de otros gobiernos de América Latina a estas políticas de deportaciones ¿Cómo afectará la postura norteamericana al panorama regional? Sobre este tema conversamos con Lucía Goy Mastromiechele, socia directora de Gentile Law, quien, tras su paso por algunos de los despachos más prestigiosos a nivel internacional, fundó su propia firma y ya cuenta con oficinas en Madrid, Miami y Ciudad de México.
Se espera que las decisiones recién tomadas por Trump, la declaratoria de una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos y el anuncio de fin al uso de la aplicación CBP One sean el comienzo de importantes batallas legales.
El efecto Trump en América Latina para los próximos cuatro años
“Estas decisiones reflejan un giro significativo hacia un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. La declaración de emergencia nacional en la frontera sur permite al gobierno redirigir fondos hacia la construcción de barreras físicas, una medida muy simbólica de su administración, aunque su efectividad y legalidad sean cuestionadas. Es previsible que esta medida enfrente múltiples impugnaciones judiciales, en particular sobre el uso de fondos asignados a otros fines.
La eliminación de la aplicación CBP One, por la cual se gestionan las citas para solicitudes de asilo, plantea el reto de implementar un sistema más efectivo que garantice la continuidad de las solicitudes de asilo, sin dejar sin vías de acción a quienes buscan acceder de manera legal.
En cuanto a la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, esta medida representa un desafío jurídico significativo, ya que entraría en conflicto directo con la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Aunque este proceso requeriría una reforma constitucional, algo complejo y poco probable a corto plazo, su simple propuesta genera un debate social y jurídico.
Por otro lado, resulta interesante observar cómo políticas similares se manejan en otros países con sistemas migratorios consolidados, como España.
En España, por ejemplo, el acceso a la nacionalidad está basado en criterios como la residencia legal continuada durante un período mínimo (dos años para nacionales de países iberoamericanos) o por lazos familiares. Estos mecanismos aseguran que no se produzca un «forum shopping» de nacimiento, ya que la obtención de la nacionalidad requiere un vínculo real y significativo con el país. Se entiende que esta medida de Estados Unidos busque objetivos similares, lo cual, a primera vista, parece ser una medida razonable desde el punto de vista del derecho comparado”.
En cuanto a la propuesta de implementar políticas migratorias con deportaciones masivas, la abogada sentenció que responde al “desbordamiento del sistema migratorio que enfrenta un incremento significativo de inmigrantes en situación irregular. Esta medida busca estabilizar esta situación, aunque no está exenta de desafíos y posibles consecuencias para las personas afectadas y los países de origen”.
Si bien no es la primera vez que se intenta aplicar una política tan radical, Lucía aseguró que sus “efectos podrían ser profundos, especialmente en América Latina. En el ámbito social, la separación de familias sigue siendo un riesgo, particularmente en casos donde existen lazos entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes en situación irregular. Además, los países receptores, muchos de los cuales cuentan con economías frágiles, enfrentarían el desafío de reintegrar a las personas deportadas en sus sociedades”.
La abogada apuntó que, en términos económicos, “una disminución en las remesas, que constituyen una fuente clave de ingresos para muchas comunidades latinoamericanas, podría alterar las economías familiares. No obstante, esta medida también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas locales en los países de origen, para ofrecer oportunidades que desincentiven la migración irregular”.
En este sentido, la experta hizo una comparación de esta política con el enfoque migratorio adoptado por España, asegurando un cierto contraste. “España ha optado por una política intermedia, que combina el control migratorio con vías legales para la regularización de quienes se encuentran en su territorio de manera irregular. Herramientas como el arraigo social, laboral o familiar permiten a los migrantes que han establecido vínculos sólidos en el país acceder a permisos de residencia. Este enfoque promueve una mayor estabilidad tanto para los migrantes como para la sociedad receptora”.
“Aunque las sanciones económicas tienen efectos colaterales que no deben ignorarse, pueden ser herramientas útiles si se combinan con esfuerzos diplomáticos y de cooperación internacional”
Otra de las medidas ejecutivas del Gobierno de Donald Trump y que ha generado importantes reacciones en la comunidad internacional ha sido la inclusión nuevamente a Cuba en la lista de Estados que apoyan el terrorismo, a solo horas de su investidura revirtió la última política de acercamiento de su antecesor Joe Biden hacia la isla. ¿Sobre esta premisa qué le depara a Cuba en los próximos años?
“La reincorporación de Cuba a esta lista conlleva consecuencias significativas. Al estar clasificado como un Estado patrocinador del terrorismo, Cuba enfrentará restricciones comerciales y financieras más severas, lo que limitará su acceso a mercados internacionales y capital.
Sin embargo, también es cierto que este tipo de medidas pueden ejercer presión sobre el sistema político cubano, que se caracteriza por ser un régimen autoritario de partido único, contribuyendo a allanar el camino hacia una posible transición democrática. Aunque las sanciones económicas tienen efectos colaterales que no deben ignorarse, pueden ser herramientas útiles si se combinan con esfuerzos diplomáticos y de cooperación internacional”.
“Es poco probable que Estados Unidos busque un acercamiento con el Gobierno venezolano bajo la administración actual”
Tras la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandado en un contexto plagado de controversia consultamos también con Lucía Goy Mastromiechele sobre las expectativas de cómo cree será la política exterior de la Casa Blanca en el caso de Venezuela.
En su opinión, “es poco probable que Estados Unidos busque un acercamiento con el Gobierno venezolano bajo la administración actual, dado el señalamiento de violaciones de derechos humanos y fraude electoral contra el régimen de Nicolás Maduro. Más bien, se espera un refuerzo de las sanciones económicas y políticas, lo que podría incluir restricciones adicionales al comercio de petróleo, una fuente clave de ingresos para el país.
Sanciones de tal envergadura provenientes de una potencia mundial sin duda tendrán consecuencias en diferentes planos: social, económico y cultural. Estas medidas buscan debilitar y, eventualmente, abolir el régimen que somete a Venezuela, con el objetivo de permitir que el país recupere su estabilidad y vuelva a ocupar el lugar de potencia que alguna vez tuvo en la región”.
La imposición de aranceles a México y Canadá, una apuesta arriesgada para Trump
El mandatario norteamericano ha prometido medidas económicas contundentes hacia sus vecinos como México y Canadá, también aseguró que “probablemente vamos a dejar de comprar petróleo a Venezuela”. Y si a lo anterior le sumamos las recientes declaraciones de Trump en las que afirmó que Estados Unidos “no necesita” a América Latina… la pregunta a la socia directora de Gentile Law, Lucía Goy Mastromiechele, es ¿cómo ve todo este panorama si estas políticas se implementan?
“Si estas medidas se implementan, las economías de México y Canadá, que están estrechamente vinculadas al mercado estadounidense a través del T-MEC podrían enfrentar serios desafíos. La imposición de aranceles o la interrupción de relaciones comerciales clave afectará directamente a sectores como el de la energía y los productos manufacturados.
En el caso de Venezuela, dejar de comprar petróleo podría desestabilizar el mercado energético internacional y agravar la crisis económica interna del país. Sin embargo, estas medidas también podrían abrir la puerta a nuevas alianzas comerciales de América Latina con actores internacionales como la Unión Europea o países asiáticos, diversificando mercados y reduciendo la dependencia de Estados Unidos.
En este sentido, España puede jugar un papel clave como puente entre América Latina y otros mercados internacionales, gracias a sus lazos históricos y culturales, así como a sus políticas inclusivas hacia los migrantes y empresarios latinoamericanos”.
