En un sector donde el arbitraje suele entenderse como el escenario donde se mide el éxito de un abogado, Wuandy Magali Vargas Guevara defiende la tesis contraria: la controversia bien gestionada es la que nunca llega a laudo. Esa convicción no nace de la teoría, sino de haber ocupado simultáneamente los tres lugares desde donde se decide el destino de un contrato de obra -árbitro, adjudicadora y miembro de Dispute Board-, un cruce de roles que le permite intervenir en el conflicto cuando todavía es evitable y no solo reconstruirlo después, sobre el expediente.
Abogada peruana con más de 20 años de trayectoria entre la gestión pública de infraestructura y la gerencia legal de operaciones privada, y fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Líderes en Construcción JRD/DAB, Vargas ha hecho de esa doble mirada -técnica y de género- una autoridad reconocida por Leaders League Latin America en su ranking “Arbitrators to Watch – Peru 2026”. En esta conversación explica por qué la experiencia directa en obra pesa tanto como el rigor jurídico a la hora de resolver una disputa de infraestructura, y qué falta para que más mujeres ocupen ese mismo lugar.
Pocas profesionales ejercen a la vez como árbitro, adjudicadora y miembro de Dispute Board. ¿Cómo fue el camino que la llevó a construir estos tres perfiles, y en qué momento sintió que necesitaba los tres para ejercer la profesión como usted la entiende?
La consolidación de este triple perfil no es casualidad; es el resultado de un viaje que comenzó hace 20 años en las trincheras del sector público, en las gerencias de infraestructura, gerencias jurídicas y jefaturas de abastecimiento y logística y evolucionó en el sector privado, asumiendo roles de alta exigencia como Contract Manager y jefa Legal de Operaciones. Esa amalgama me enseñó algo fundamental: el análisis estrictamente jurídico de escritorio es insuficiente frente a los desafíos reales de una obra. Necesitaba ensuciarme los zapatos. La integración de estos roles me permite trascender el papel; la adjudicación y la participación en Dispute Boards facultan la prevención y mitigación de conflictos in situ, mientras que la labor arbitral se enriquece con una profunda empatía legal, técnica y operativa al momento de resolver la controversia definitiva. Es un recorrido que se construye paso a paso, y que confirma que la especialización técnica, jurídica en infraestructura sigue siendo un terreno fértil para quienes decidan invertir tiempo en conocerlo a fondo.
Ese triple rol le permite intervenir en todas las etapas del conflicto contractual. ¿Qué ve desde ahí que no vería si ejerciera uno solo?
Este rol integral proporciona una visión de 360 grados sobre el ciclo de vida del contrato que cambia por completo las reglas del juego. Un árbitro tradicional a menudo examina la disputa de manera retrospectiva, a través de un expediente documental frío e inerte. Sin embargo, al cruzar desde la gestión pública hasta la gerencia legal privada, y al actuar hoy de manera concurrente como adjudicadora y miembro de Dispute Board, puedo identificar la génesis técnica y legal de las divergencias en tiempo real. Esta inmersión total en el campo me dota de la capacidad para interpretar adecuadamente los expedientes técnicos con argumentos legales sólidos, emitiendo decisiones que armonizan el rigor normativo con la realidad operativa de la obra. Esa mirada integral se gana con años de exposición directa, y es mi mayor motivación inspirar a más profesionales a salir del expediente y atreverse a vivir la infraestructura desde adentro.
¿En qué momento del ciclo de vida de un contrato de obra pública se decide realmente si una controversia terminará en arbitraje o se resolverá antes, en sede de Dispute Board?
El verdadero punto de inflexión se sitúa durante la ejecución misma de la obra, impulsado por una gestión contractual preventiva. En nuestro marco normativo, la intervención de una Junta Prevención de Resolución de Disputa (JPRD) o un Dispute Board es el antídoto directo contra la paralización. Cuando estos mecanismos ejercen un monitoreo técnico-legal riguroso, caminando la obra al lado del residente y el supervisor, la inmensa mayoría de las desavenencias se resuelven antes de materializarse en disputas mayores. Así, el arbitraje recupera su propósito original: ser una vía de última instancia, reservada estrictamente para discrepancias complejas donde la prevención ha sido agotada. Fomentar esta cultura preventiva exige profesionales dispuestos a liderar desde la colaboración temprana; el verdadero éxito no es ganar un arbitraje, sino evitarlo para que la infraestructura cumpla su propósito y sirva para el desarrollo en el país.
Perú ha incorporado progresivamente contratos estandarizados FIDIC y NEC en obra pública. ¿Dónde encuentra fricción real entre esos estándares internacionales y el marco de Contrataciones del Estado peruano?
La principal fricción subyace en la divergencia profunda de sus principios rectores. Los estándares internacionales como FIDIC y NEC están estructurados sobre bases de colaboración, gestión compartida de riesgos y alerta temprana. Al aterrizar en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, colisionan con un sistema marcadamente formalista, rígido y sancionador. Habiendo estado en ambos lados de la mesa, entiendo íntimamente por qué ocurre: los funcionarios públicos evitan adoptar decisiones ágiles por temor a las fiscalizaciones, lo que a menudo desemboca en el desfinanciamiento o paralización de las obras. Cerrar esta brecha es un reto monumental, pero absolutamente posible. Requiere formar una nueva generación de funcionarios y asesores bilingües, capaces de dominar tanto el idioma de la colaboración internacional como el rigor normativo local. Es ahí donde debemos enfocar nuestra energía.
De los tipos de controversia que gestiona -ampliaciones de plazo, valorizaciones, liquidaciones, ejecución de garantías-, ¿cuál revela con más claridad errores de gestión contractual que pudieron evitarse desde el diseño del contrato, y cómo cambia su lectura según el sector -saneamiento, energía, salud, transporte- en el que ocurre?
Las controversias referidas a ampliaciones de plazo, retrasos y sobrecostos indirectos son las que evidencian con mayor nitidez las deficiencias gestadas en la etapa de diseño técnico y planificación del proyecto. Como Jefa Legal de Operaciones, comprobé que el rostro de estas fallas varía sustancialmente según el sector: en proyectos de saneamiento, las fricciones emergen comúnmente por interferencias subterráneas no mapeadas; en infraestructura vial, por las históricas dificultades para liberar predios; y en el sector salud, por la altísima complejidad de integrar el equipamiento biomédico. Una matriz de riesgos deficiente desde la estructuración del contrato se traduce invariablemente en disputas severas durante la ejecución de la obra. Aprender a leer y desactivar estos patrones a tiempo es una habilidad fascinante; no solo optimiza recursos, sino que salva proyectos que transforman vidas. Necesitamos que los profesionales se apasionen por blindar los contratos desde su concepción.
Una constructora o consorcio que enfrenta una controversia contractual puede acudir a distintos perfiles: abogados litigantes, estudios de arbitraje, consultores técnicos. ¿Qué obtiene un cliente al trabajar con alguien que ejerce simultáneamente como árbitro, adjudicadora y asesora en gestión contractual, que no conseguiría contratando esos servicios por separado?
El valor fundamental reside en la provisión de una estrategia jurídica y técnica invencible y cohesionada. Un profesional con este perfil híbrido rompe los silos tradicionales; posee la capacidad de traducir las incidencias del campo al lenguaje legal más riguroso y viceversa, evitando la fragmentación estratégica que suele ocurrir al contratar asesores aislados. Al integrar la perspectiva de la gestión pública, la gerencia legal de operaciones privada, ser adjudicadora y arbitro, garantizo que el asesoramiento sea resolutivo y que las reclamaciones se documenten desde el día uno con el estándar probatorio que exigirán los tribunales arbitrales. El cliente no solo obtiene una defensa legal, sino un aliado estratégico que entiende por qué el concreto no se vació ayer y cómo solucionarlo hoy, asegurando siempre la viabilidad del proyecto. Construir ese perfil híbrido no es un privilegio reservado a pocos; es, sobre todo, una decisión de formación continua que cualquier profesional comprometido con la infraestructura puede emprender.
Usted fundó y preside la Asociación de Mujeres Líderes en Construcción JRD/DAB. ¿Qué la llevó a crear ese espacio, y qué barreras sigue viendo hoy para que más mujeres ejerzan como árbitro o adjudicadora en disputas de infraestructura?
La fundación de esta Asociación nació de una convicción inquebrantable, el talento femenino en la infraestructura es de un nivel superlativo y necesita plataformas fuertes para ser visibilizado el talento femenino. Aunque existen profesionales de excelencia en la administración contractual, el sesgo inconsciente en un sector históricamente masculinizado sigue siendo una barrera significativa al momento de conformar Adjudicadoras JPRD y miembro de Dispute Board. Nuestro propósito es erradicar dichos sesgos, demostrando en el campo y con rigor académico que la autoridad técnica y jurídica es independiente del género. Cada vez que una colega se pone el casco, baja a la obra y lidera un panel complejo, enciende un faro para las mujeres más jóvenes. Comparto mi trayectoria con total entrega para enviarles un mensaje claro: no pidan permiso para ocupar estos espacios de liderazgo. Prepárense al máximo y tomen el lugar que, por mérito, les pertenece.
Ha sido reconocida como “Arbitrator to Watch” por Leaders League para 2026. ¿Hacia dónde ve evolucionar el rol del árbitro-adjudicador en proyectos de infraestructura iberoamericanos en los próximos años?
Ser reconocida en la categoría “Árbitros a Seguir – Perú 2026” por Leaders League es un honor inmenso que valida una apuesta de vida: la especialización híbrida y técnica es el camino correcto. En Iberoamérica, el rol del árbitro y adjudicador está experimentando una revolución espectacular. Evolucionamos hacia perfiles altamente sofisticados que no se limitan al análisis jurídico retrospectivo, sino que comprenden a cabalidad la ingeniería financiera, técnica y operativa de los megaproyectos. La tendencia nos exige ser traductores de realidades complejas, armonizando ágiles estándares internacionales con el laberinto regulatorio latinoamericano, priorizando siempre la viabilidad de la infraestructura y el fin público de la obra. Es una etapa apasionante que exige preparación constante y mucha disciplina de campo, pero que está abierta de par en par para todos los valientes dispuestos a transformar la infraestructura de nuestra región.
Wuandy Vargas describe la fricción entre FIDIC, NEC y la Ley de Contrataciones del Estado como un problema de idiomas: dos sistemas que exigen decisiones ágiles y decisiones fiscalizables, respectivamente, y que hoy compiten por la misma obra. Cerrarla, dice, depende de formar funcionarios y asesores capaces de moverse en ambos registros. Esa misma exigencia atraviesa su trabajo al frente de la Asociación de Mujeres Líderes en Construcción JRD/DAB: la autoridad para adjudicar y arbitrar se gana en el campo, y ampliar quién accede a ese campo determina cuántos profesionales estarán preparados para asumir ese doble idioma en la próxima década. El arbitraje de infraestructura en Iberoamérica, según su lectura, se juega ahí: en cuántos profesionales logren dominar la técnica, la norma y la operación de un proyecto al mismo tiempo.
