Por Diego Ignacio Gómez M, sénior Corporate Counsel experto en la gestión de asuntos legales en América Latina y el Caribe
En la era digital en la que vivimos, la Inteligencia Artificial (IA) ha alcanzado un nivel de desarrollo asombroso. Una de las áreas más emocionantes de la IA es la denominada Inteligencia Artificial Generativa (IAG o Generative AI por su terminología en inglés), que se refiere, de forma simple, a aquellos sistemas capaces de crear contenido original y de calidad, como imágenes, música, texto e incluso video. Esta tecnología innovadora ha comenzado a tener un impacto significativo en diversos campos, incluido el derecho.
La Inteligencia Artificial Generativa se basa en el aprendizaje automático y utiliza algoritmos avanzados para analizar grandes cantidades de datos y crear nuevo contenido basado en ese análisis. A diferencia de la IA tradicional, que se centra en la clasificación y la predicción, la IAG tiene como objetivo principal la creación de contenido original y convincente. Estos sistemas son capaces de comprender y replicar patrones complejos, lo que les permite generar resultados realistas y de alta calidad.
En el campo del derecho, la Inteligencia Artificial Generativa ha demostrado ser una herramienta valiosa para abordar desafíos complejos y mejorar la eficiencia y precisión de los procesos legales. Una de las aplicaciones más destacadas es la generación de contratos y otros documentos legales. Los abogados y profesionales del derecho a menudo dedican una cantidad considerable de tiempo a redactar y revisar contratos, lo que puede resultar tedioso y propenso a errores.
Utilidad práctica de la IAG
Con la IAG es posible generar contratos completos y personalizados a partir de una serie de variables y requisitos específicos. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también minimiza los errores humanos y asegura la consistencia en la redacción legal.
Además de la redacción de contratos, la IAG también puede ser utilizada para crear diferentes tipos de documentos legales como acuerdos de confidencialidad, informes legales y opiniones jurídicas. Estos sistemas están diseñados para analizar patrones y lenguaje legal, lo que les permite generar contenido legalmente sólido y coherente. Si bien la utilización de la IAG no reemplaza por completo la intervención humana, puede ser una herramienta poderosísima para agilizar los procesos y liberar tiempo para que los profesionales del derecho se centren en tareas de mayor valor agregado.
Otro campo en el que la Inteligencia Artificial Generativa está revolucionando el derecho es en la predicción de resultados legales. Los sistemas basados en IAG pueden analizar grandes volúmenes de datos legales, como casos anteriores y decisiones judiciales, y generar pronósticos sobre el resultado probable de un caso. Esto puede ser especialmente útil para los abogados al preparar estrategias legales y evaluar los riesgos y beneficios asociados con un caso particular. Al aprovechar la capacidad de la IAG para identificar patrones y tendencias, los profesionales del derecho pueden tomar decisiones más informadas y maximizar las posibilidades de éxito en sus litigios, e incluso generar tendencia jurisprudencial en caso de litigios repetitivos como demandas sobre seguros, accidentes de tránsito etc.
Desafíos de la IAG
Sin embargo, a pesar de los beneficios evidentes, también existen desafíos y consideraciones éticas asociados con la aplicación de la IAG en el derecho. Uno de los principales desafíos es garantizar la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones legales. Los sistemas de IAG son a menudo cajas negras, lo que significa que pueden ser difíciles de entender y explicar cómo llegan a sus conclusiones. Esto plantea interrogantes sobre la responsabilidad legal y la confianza en los resultados generados por la IAG.
Además, también es importante abordar las preocupaciones éticas relacionadas con la privacidad y la protección de datos. La IAG se basa en el análisis de grandes conjuntos de datos, lo que puede plantear inquietudes sobre la confidencialidad y la seguridad de la información personal y confidencial. Es fundamental establecer marcos legales y regulaciones sólidas que aborden estas preocupaciones y aseguren que la utilización de la IAG en el ámbito jurídico se realice de manera ética y responsable.
Regulación de la IAG
La regulación de la inteligencia artificial (IA) es diversa en todo el mundo, con diferentes países adoptando diversas estrategias y propuestas. Por ejemplo, en la Unión Europea se discute un Reglamento de Inteligencia Artificial que clasificaría los sistemas de IA según el nivel de riesgo y establecería varios requisitos de desarrollo y uso, enfocándose en la calidad de los datos, la transparencia, la supervisión humana y la responsabilidad. Estados Unidos ha tomado un enfoque más sectorial y depende de las agencias reguladoras existentes a través de directrices, como por ejemplo la Federal Trade Commission. China ha lanzado políticas de seguridad cibernética y directrices éticas para regular la IA, mientras que Singapur y Canadá han publicado directrices nacionales. Cada país está trabajando para promover el uso responsable de la IA y considerar cuestiones éticas en su enfoque.
En términos generales, la regulación de la inteligencia artificial generativa busca encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y mitigar los riesgos asociados. A nivel global, diferentes países están adoptando enfoques diversos para abordar esta cuestión en sus legislaciones. No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, aún no se ha logrado establecer un marco regulatorio regional o global claro y definitivo para la IAG.
Conclusión
En resumen, la IAG es una innovación revolucionaria que está transformando la práctica legal, permitiendo la generación eficiente de contratos y documentos legales, así como la predicción de resultados judiciales. Aunque presenta nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y precisión del derecho, es fundamental abordar los desafíos éticos y legales asociados con su implementación. Al hacerlo, podremos aprovechar plenamente el potencial de la IAG y avanzar hacia un sistema legal más eficiente y justo.
