Por primera vez, y en medio de un contexto político y económico complejo, el Ejecutivo venezolano emitió un instrumento orientado a guiar el desarrollo, la implementación y el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el país.
El Código de Ética para el Desarrollo y Aplicación Responsable de la Inteligencia Artificial, presentado el 19 de febrero de 2026 por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MINCYT), establece nueve principios fundamentales -entre ellos inteligencia artificial humanista, equidad, seguridad, privacidad, transparencia y rendición de cuentas- que buscan orientar el uso de esta tecnología bajo criterios éticos.
Aunque el Código no constituye una ley formal ni impone sanciones, desde A2 Legal se sugiere interpretarlo como un instrumento de soft law que introduce estándares de gobernanza y anticipa posibles desarrollos regulatorios.
“Más allá de su carácter no vinculante, este tipo de instrumentos redefine el estándar esperado de las organizaciones. No se trata solo de cumplimiento, sino de incorporar criterios de gobernanza, trazabilidad y control en el diseño y uso de soluciones basadas en inteligencia artificial”, señaló Alexandra Delsol, socia de A2 Legal.
El documento se inserta en una evolución más amplia del marco institucional en materia tecnológica, que incluye iniciativas recientes en ciberseguridad, proyectos legislativos en discusión y políticas públicas orientadas al desarrollo de la inteligencia artificial en el país.
Desde una perspectiva técnica, el Código incorpora principios alineados con estándares internacionales en materia de IA, en particular en aspectos como la supervisión humana, la explicabilidad de las decisiones automatizadas y la gestión de riesgos asociados al uso de datos y algoritmos.
No obstante, su aplicación práctica plantea retos operativos para las organizaciones, especialmente en la implementación de mecanismos de trazabilidad, auditoría y control interno, así como en la definición de responsabilidades dentro del ciclo de vida de los sistemas de IA.
Desde la perspectiva de propiedad intelectual, el desarrollo y uso de estas tecnologías introducen nuevos desafíos en torno a la titularidad, protección y explotación de activos intangibles.
“La inteligencia artificial obliga a repensar cómo se estructuran y protegen los activos intangibles dentro de las organizaciones. No solo se trata del software, sino de los datos, los modelos y los resultados generados, que pueden tener un impacto directo en el valor del negocio”, explicó Alejandro Vivas, socio de la firma.
Asimismo, el Código incorpora elementos relevantes en materia de gestión de riesgos y toma de decisiones dentro de las compañías, en línea con una tendencia global hacia el fortalecimiento de estructuras internas de control.
“Este tipo de marcos impulsa a las empresas a adoptar estructuras internas más robustas, con controles, métricas y criterios de supervisión que permitan gestionar los riesgos asociados a la automatización y al uso intensivo de datos”, agregó Ritza Quintero, socia de A2 Legal.
En este contexto, el instrumento invita a las organizaciones a revisar el uso de sistemas de inteligencia artificial en sus operaciones, así como a definir responsabilidades internas, evaluar el uso de datos y establecer mecanismos de supervisión adecuados.
A modo de recomendación, la firma sugiere a las empresas:
- Definir responsables internos por cada sistema de IA.
- Revisar el uso y justificación de los datos.
- Evaluar riesgos de sesgo y discriminación.
- Fortalecer controles de privacidad y seguridad.
- Implementar mecanismos de trazabilidad y supervisión.
- Incorporar criterios de gobernanza desde el diseño.
El desarrollo de este tipo de instrumentos refleja una tendencia global hacia la adopción de estándares éticos en inteligencia artificial, en la que los marcos no vinculantes cumplen un rol relevante al establecer criterios de referencia para futuras regulaciones y prácticas empresariales.
