LAC Legal nació en 1996 centrada en la constitución de sociedades para inversión internacional. Casi tres décadas después, bajo la dirección de Diego Lacayo, la firma se transformó en un despacho multidisciplinario que acompaña a inversionistas extranjeros en cumplimiento, impuestos, financiamiento, seguros, contratación pública e incluso en la instalación física de sus operaciones en el país. Ese giro coincide con un momento particular para Panamá: la salida de la lista gris del GAFI en 2023, la nueva Ley 526 de 2026 con exigencias de sustancia económica, y una competencia cada vez más directa con BVI, Caimán y plazas emergentes como Dubái. Frente a ese entorno, Lacayo sostiene que el argumento diferencial de Panamá ya no puede ser solo fiscal, y explica qué es, a su juicio, lo que sí lo sostiene.

LAC Legal fue fundada en 1996, en un momento en que Panamá todavía se consolidaba como plaza para estructuración internacional. Casi 30 años después, ¿qué parte de esa propuesta de valor original sigue siendo válida hoy, y qué parte ha tenido que reinventar por completo?

La esencia sigue siendo exactamente la misma: ayudar a inversionistas y empresas internacionales a utilizar Panamá como una plataforma para hacer negocios de forma eficiente, segura y conforme a la ley.

Lo que sí ha cambiado completamente es la forma de prestar ese servicio. Hace veinte años el valor estaba principalmente en constituir sociedades o estructurar vehículos corporativos. Hoy eso es apenas una pequeña parte del trabajo.

Actualmente nuestros clientes buscan un acompañamiento integral. Quieren entender riesgos regulatorios, cumplimiento internacional, impuestos, inversiones, financiamiento, seguros, contratación pública, migración e incluso el proceso de establecer físicamente sus operaciones en Panamá.

En LAC Legal hemos evolucionado hacia una firma multidisciplinaria precisamente para responder a esa realidad. Ya no vendemos documentos legales; ayudamos a nuestros clientes a ejecutar proyectos de inversión completos.

Usted lidera una práctica que combina derecho corporativo, M&A, estructuración de inversiones, seguros y contratación pública. ¿Qué lo llevó a asumir la dirección de LAC Legal, y qué encontró que había que cambiar cuando tomó ese rol?

Asumir la dirección de la firma implicó reconocer que el mercado jurídico estaba cambiando mucho más rápido que muchas firmas tradicionales.

Cuando tomé ese rol entendí que debíamos dejar de pensar únicamente como abogados y comenzar a pensar como empresarios que prestan servicios jurídicos.

Eso significó invertir en procesos internos, tecnología, automatización, CRM, indicadores de desempeño y una cultura mucho más orientada al cliente.

También impulsamos una visión más internacional. Hoy gran parte de nuestro crecimiento proviene de clientes extranjeros que buscan invertir o trasladarse a Panamá, por lo que la estrategia comercial y de posicionamiento dejó de ser exclusivamente local.

Finalmente, hemos buscado desarrollar departamentos altamente especializados, porque creemos que el futuro de las firmas no está en ser generalistas sino en ser referentes técnicos en áreas muy específicas.

Panamá como plataforma de inversión

Panamá compite hoy con jurisdicciones como BVI o Caimán, que ya operan bajo estándares de sustancia económica, y con plazas emergentes como Dubái. Más allá de la fiscalidad territorial, ¿qué le queda al país como argumento diferencial, y qué explica el interés creciente de inversionistas internacionales por establecerse aquí?

Panamá tiene ventajas que van mucho más allá del aspecto tributario.

Tiene una economía dolarizada, un centro bancario consolidado, conectividad aérea única en América Latina, estabilidad política relativa, un ecosistema logístico de primer nivel con el Canal y una ubicación estratégica difícil de replicar.

Además, ofrece algo que muchas jurisdicciones offshore no pueden ofrecer: una economía real.

Aquí los inversionistas pueden constituir sociedades, contratar personal, adquirir inmuebles, desarrollar negocios, abrir oficinas y operar regionalmente desde una misma jurisdicción.

Creo que el futuro de Panamá no está en competir únicamente por impuestos bajos, sino por convertirse en la mejor plataforma para hacer negocios en América Latina.

Más que una operación específica, lo que estamos observando es un creciente interés de inversionistas internacionales por establecerse y hacer negocios en Panamá. Ese es, probablemente, el fenómeno más relevante del mercado en este momento.

Panamá continúa siendo una jurisdicción muy atractiva por una combinación de factores difíciles de encontrar en otros países. Mantenemos un sistema tributario territorial, utilizamos el dólar estadounidense como moneda de curso legal, contamos con una ubicación geográfica privilegiada y somos uno de los principales centros logísticos del mundo, con el Canal de Panamá, puertos de primer nivel y el hub aéreo más importante de la región.

A ello se suma un entorno orientado a los negocios, una economía abierta y un marco jurídico que, con el acompañamiento adecuado, permite establecer y operar empresas de manera eficiente. Todo esto convierte a Panamá no solo en un destino para invertir, sino también en una plataforma para atender el resto de América Latina.

Por eso, más que identificar una sola transacción, considero que la verdadera tendencia es el creciente número de empresas e inversionistas que eligen a Panamá como el lugar desde el cual estructurar sus operaciones regionales. Nuestro trabajo consiste en acompañarlos para que esa inversión se establezca sobre bases sólidas, cumpliendo con el marco regulatorio y con una visión de largo plazo.

En 2023, Panamá salió de la lista gris del GAFI. ¿Diría que esa salida ya se tradujo en un cambio real y medible en el apetito de sus clientes internacionales, o sigue pesando más la percepción histórica del país que el cumplimiento actual?

La salida de la lista gris fue una noticia muy positiva, pero la reputación internacional tarda mucho más en cambiar que una decisión técnica de un organismo internacional.

Nuestros clientes sí valoran el avance regulatorio de Panamá, pero todavía encontramos instituciones financieras y contrapartes internacionales que mantienen políticas internas desarrolladas durante los años en que Panamá estuvo bajo mayor escrutinio. En otras palabras, el cumplimiento mejoró primero que la percepción.

No obstante, creemos que Panamá está recorriendo el camino correcto y que, con estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, esa percepción terminará alineándose con la realidad.

La reciente Ley 526 de 2026 introduce requisitos de sustancia económica y un impuesto del 15% sobre ciertas rentas pasivas de fuente extranjera para entidades panameñas. ¿Qué tipo de estructuras de sus clientes quedan hoy expuestas, y cuántos de ellos ya están evaluando trasladar operaciones a otra jurisdicción como consecuencia directa de esta ley?

En primer lugar, esta reforma no debe analizarse de forma aislada. La exigencia de sustancia económica responde a una tendencia internacional hacia mayores estándares de transparencia, cumplimiento y presencia económica real. Cada vez más jurisdicciones están adoptando medidas en esa dirección.

En segundo lugar, el hecho de que Panamá incorpore requisitos de sustancia económica no significa, necesariamente, que las estructuras deban abandonarse o trasladarse a otra jurisdicción. Al contrario, representa una oportunidad para fortalecerlas. Una estructura que cumple con estándares de sustancia económica es una estructura más sólida, más defendible y con mayor reconocimiento a nivel internacional, reduciendo riesgos regulatorios y de cuestionamiento en el futuro.

En ese sentido, considero que esta reforma constituye un avance. Más que afectar a los clientes, les brinda la oportunidad de contar con estructuras de mayor calidad, preparadas para un entorno regulatorio internacional cada vez más exigente. Esa es la manera en que nosotros estamos abordando este cambio junto con nuestros clientes.

Mirando los próximos tres a cinco años, ¿la estrategia de crecimiento de LAC Legal pasa por abrir presencia física en otras jurisdicciones de la región, o por seguir siendo una firma panameña que asesora la entrada de capital a Latinoamérica?

Nuestra prioridad es consolidar a LAC Legal como la firma líder en Panamá para inversionistas internacionales.

Todavía existe un enorme potencial para desarrollar áreas como migración de inversiones, planificación patrimonial internacional, derecho tributario internacional, seguros, M&A y contratación pública.

No descartamos alianzas estratégicas o presencia en otras jurisdicciones, pero preferimos crecer de manera sostenible antes que expandirnos únicamente por presencia geográfica.

Nuestro objetivo es que cualquier inversionista que piense en establecerse en Panamá identifique inmediatamente a LAC Legal como su primer punto de contacto.

Si un cliente le preguntara hoy, sin filtros, si todavía vale la pena estructurar en Panamá frente al costo regulatorio que implica la nueva ley de sustancia económica, ¿qué le respondería?

Le respondería que sí. En nuestra experiencia, la pregunta nunca ha sido únicamente dónde estructurar, sino cómo estructurar de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada cliente.

En LAC Legal no trabajamos con estructuras estandarizadas. Cada cliente requiere un análisis específico y una solución diseñada a la medida, ya sea para la protección patrimonial, la planificación sucesoria, una inversión, una expansión internacional o el desarrollo de un negocio. La jurisdicción es solo uno de los elementos que se consideran dentro de ese análisis integral.

Desde esa perspectiva, la incorporación de requisitos de sustancia económica en Panamá no cambia nuestra forma de asesorar. Al contrario, fortalece las estructuras que diseñamos. Una estructura con sustancia económica es una estructura más robusta, con mayor credibilidad y mejor preparada para responder a los estándares internacionales que hoy exigen inversionistas, entidades financieras y autoridades.

Es cierto que todavía estamos a la espera del reglamento, que será el que defina con mayor detalle la forma en que deberá cumplirse este nuevo régimen. Sin embargo, por la experiencia que tenemos asesorando estructuras internacionales y observando cómo funcionan estos estándares en otras jurisdicciones, consideramos que muchos de nuestros clientes ya operan con niveles de sustancia que, en gran medida, responden al espíritu de la ley. Para ellos, los ajustes probablemente serán limitados y, en muchos casos, el cumplimiento será una evolución natural de la forma en que ya desarrollan sus operaciones.

Panamá mantiene ventajas competitivas que siguen siendo difíciles de igualar: un sistema tributario territorial, el dólar estadounidense como moneda de curso legal, una plataforma logística de alcance mundial y un entorno históricamente orientado a los negocios. Si a eso se suma un marco de sustancia económica claro y bien implementado, considero que la jurisdicción no pierde competitividad; por el contrario, fortalece su posicionamiento internacional y ofrece a los inversionistas estructuras aún más sólidas y sostenibles para el largo plazo.

LAC Legal pasó de constituir sociedades a acompañar proyectos de inversión completos. Esa evolución no es solo el recorrido de una firma: es, en los hechos, el mismo camino que atraviesa hoy el mercado legal panameño.

De cara a los próximos años, Lacayo no plantea crecer abriendo sedes en otros países de la región, sino profundizar en Panamá: consolidar a LAC Legal como referente para el inversionista internacional y desarrollar áreas todavía poco explotadas —migración de inversiones, planificación patrimonial internacional, derecho tributario internacional— antes que expandirse solo por presencia geográfica. Es una apuesta por el crecimiento sostenible, no por el tamaño.