“Colombia necesita a futuro una reingeniería del control fiscal”

Luis Alejandro Quintero, socio de Quintero & Quintero Abogados, afirma que es necesario que las universidades conciban el control fiscal como una materia obligatoria en cualquier especialización en derecho
Publicado el febrero 26, 2021, 7:51 pm
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26 de febrero |
Por Heidi Maldonado

En Líder Legal conversamos con Luis Alejandro Quintero, socio de la firma Quintero & Quintero Abogados, quien señaló que a pesar de las herramientas que ofrece la legislación colombiana en materia de control fiscal frente a la corrupción, este flagelo sigue siendo el mayor problema del país.

¿Qué opinión le merece el problema de la corrupción en Colombia?

Es muy preocupante que mientras contamos en el ordenamiento jurídico colombiano con las herramientas suficientes, tanto en la regulación de procesos administrativos como judiciales, el mayor problema del país según la percepción ciudadana, con un 32 %, sea la corrupción. Así lo afirma una encuesta de agosto del año pasado publicada en el diario La República.

Solo desde la responsabilidad fiscal, con la reciente aprobación del Decreto 403 de 2020 que desarrolla normativamente el Acto Legislativo 04 de 2019, encontramos que el control a la gestión de los recursos públicos puede hacerse hoy de manera preventiva, concurrente y posterior; y que existen figuras jurídicas propias dentro del proceso como son la verdad sabida, la buena fe guardada y las medidas cautelares innominadas, entre otras, que permiten controlar y proteger debidamente el patrimonio de todos los colombianos.

El panorama es entristecedor por la cantidad de recursos que se pierden a manos de la corrupción rampante, pero las normas están para que servidores públicos probos, con conocimientos, habilidades y destrezas, logren resultados que contribuyan a cambiar la percepción ciudadana respecto a la corrupción del país.

¿Qué herramientas ofrece la legislación colombiana en materia de control fiscal frente a la corrupción?

Actualmente se le está dando la importancia debida al control fiscal como un área independiente y autónoma del derecho, y se han desarrollado legislaciones oportunas en la lucha anticorrupción que vienen desde la Ley 42 de 1993, pasando por la Ley 610 del 2000 y más recientemente la Ley 1474 de 2011.

Esta normatividad existente, al igual que el Decreto 403 de 2020 han permitido: (i) que se pueda controlar cada una de las etapas del gasto público, (ii) separar a funcionarios que puedan obstruir investigaciones o perpetúen el daño al patrimonio público, (iii) decretar desde el inicio del procedimiento el auto de apertura y las medidas cautelares que garanticen efectivamente ejecutar una decisión patrimonial a favor del Estado, y (iv) en general contar con un proceso debidamente regulado en auditoría, investigación y coactivo, que permite acompañar a la entidad pública en sus decisiones patrimoniales y detectar hallazgos en el marco del debido proceso.

¿Qué aspectos positivos y negativos resalta de dicha normatividad?

La normatividad tiene más cosas positivas que negativas porque tenemos las herramientas legales para evitar el desbordamiento de la corrupción en el país. El control es integral respecto a su alcance y temporalidad, el procedimiento se encuentra debidamente regulado, y se tienen los vehículos jurídicos para que ambas partes puedan debatir procesalmente y contar con una decisión motivada y efectiva.

Como aspectos negativos debemos diferenciar dos grandes temas: la necesidad regulatoria y la indebida ejecución.

En cuanto al primero encontramos la necesidad, bajo el sistema actual además de algunos temas procedimentales, de (i) regular legalmente las auditorías para garantizar el debido proceso, (ii) en la investigación se requiere derogar la única instancia que se ha tornado injusta y parcializada y crear normas que permitan para el uso eficiente del procedimiento verbal, que últimamente se ha dejado a un lado, (iii) reglamentar el pago en especie dentro de los cobros coactivos, y (iv) mejorar los tiempos del control judicial con un proceso concertado y especializado con magistrados expertos en el tema.

En cuanto a la indebida ejecución hemos detectado, en nuestro ejercicio profesional como litigantes en más de 500 procesos con cuantías acumuladas de más de 20 billones de pesos, que (i) debe mejorarse el manejo procesal y probatorio de estos procesos, en especial lo que relacionado con la prueba pericial y la prueba por informe, (ii) se requiere una mayor organización en los tiempos que evite que las contralorías estén corriendo para evitar los términos de prescripción, y (iii) un proporcional, lógico y racional uso de las medidas cautelares que asegure, de una lado, garantizar que los fallos puedan hacerse efectivos económicamente, y del otro, evitarle un daño al patrimonio al presunto responsable.

Desde el punto de vista estructural, también se debe analizar el rol de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, pues estos procesos analizan la conducta del servidor público diferenciando si existe o no detrimento patrimonial para establecer las competencias, por lo que el deber ser es que exista un proceso integral que investigue la conducta del servidor público estableciendo una sanción y ordenando el resarcimiento. Esto implicaría que la contraloría se dedique exclusivamente a las auditorias y que esta sea el insumo para los procesos disciplinarios y penales, pasando antes, claro está, por una reforma constitucional.

¿Qué figuras jurídicas del derecho comparado aplicaría a las necesidades actuales de lucha contra la corrupción?

Si las herramientas que tenemos no son efectivas, se requiere a futuro una reingeniería del control fiscal que le permita al país cumplir con sus compromisos internacionales. Basta mirar la sentencia del caso del senador Gustavo Petro del 8 de julio de 2020, proferida por la Corte Internacional de Derechos Humanos, para entender que lo mejor es que la Contraloría se centre en su misión técnica de auditar y evidenciar hallazgos, y que una vez ponga esos hallazgos a disposición de unos jueces especializados administrativos, sean ellos quienes adelanten el proceso de investigación y juzgamiento tal como funciona en Brasil y Francia.

De Chile también podemos aprender respecto a la jurisprudencia administrativa mediante la organización de los conceptos jurídicos y los fallos de la contraloría que permitan uniformidad y que estimulen el uso del precedente fiscal, no como sucede ahora que se emitan decisiones encontradas y opuestas dentro de la misma entidad.

¿Qué puede aportar la academia a la efectividad del control fiscal?

Muchísimo. Nuestra firma, Quintero & Quintero Abogados, viene aportando desde la doctrina con libros y publicaciones que tienen como propósito enriquecer el debate sobre diversos aspectos de la responsabilidad fiscal. Sin embargo, es necesario que las universidades conciban el control fiscal como una materia obligatoria en cualquier especialización en derecho, pues el concepto de gestor fiscal es inherente a cualquier persona natural o jurídica que se relacione con el Estado. También es pertinente que se desarrollen, como hasta hace poco la hacía la Universidad Sergio Arboleda, diplomados, especializaciones y maestrías que le den al control fiscal el espacio que se merece como área del derecho.

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