Tras una audiencia de tres días en julio, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictó sentencia, este 20 de diciembre, en el litigio entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y los representantes de Juan Guaidó sobre las 31 toneladas de reservas de oro extranjero en el Banco de Inglaterra. El recurso surgió de las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal de Comercio para determinar a quién se le debe reconocer la facultad de dar instrucciones relativas al oro al Banco de Inglaterra. La decisión devuelve el caso al Tribunal de Comercio para que decida si el intento de Guido de tomar el control de los activos del BCV en el extranjero será efectivo en Inglaterra, dado que el más alto tribunal de Venezuela (el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela) ya ha dictaminado su ilegalidad.
Sarosh Zaiwalla, senior partner de Zaiwalla & Co., en representación del Banco Central de Venezuela, declaró a Líder Legal que “la Junta de Guaidó fracasó en su estrategia de obtener el control de los activos del BCV en Inglaterra únicamente mediante la resolución de cuestiones preliminares de derecho en el Tribunal Inglés. Llevamos 19 meses en este caso, que ahora continuará tras la sentencia de hoy del Tribunal Supremo. Durante todo este tiempo, el caso del Sr. Guaidó se está financiando con fondos del BCV incautados en América, mientras que los activos en el Reino Unido siguen paralizados y disponibles para ser utilizados en la lucha contra la pandemia de Covid en Venezuela. En los últimos meses, el bloque opositor de Guaidó comenzó a desintegrarse, y uno de los supuestos motivos de discordia fue el manejo que él hizo de los activos internacionales del país, alegando falta de transparencia”.
Asimismo, añadió que “nuestro cliente espera continuar con este caso, con el fin de demostrar que la Junta Directiva del BCV en Caracas es la única autoridad válidamente designada para tratar los activos extranjeros de Venezuela en interés de la población venezolana. Esta realidad, reconocida por las más altas autoridades judiciales de Venezuela, debería ser reconocida por los tribunales ingleses que no deberían juzgar lo que ha decidido un tribunal extranjero. El reconocimiento del Sr. Guaidó se enfrenta a la realidad sobre el terreno. Sus designaciones no tienen capacidad para actuar en nombre del BCV de manera efectiva, ni para representarlo en ningún procedimiento jurídico internacional. Esta decisión se basa en una doctrina jurídica del siglo XIX y podría tener el efecto de validar un nuevo enfoque de cambio de régimen, que tiene ramificaciones potencialmente y adversas para el Reino Unido como depósito seguro de activos soberanos”.
El Tribunal Supremo ha restituido la sentencia en primera instancia del juez Nigel Teare, quien anteriormente sostenía que el Tribunal inglés estaba obligado a respetar la “One Voice” para dar efecto al reconocimiento del Gobierno del Reino Unido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Después de una revisión detallada de la doctrina de “una sola voz”, que se remonta a principios del siglo XIX, el Tribunal Supremo dijo que una declaración del Gobierno del Reino Unido de un país extranjero debe ser aceptada como concluyente en los tribunales británicos.
El tribunal señaló que, además de una declaración pública del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt MP, en febrero de 2019, la Foreign Commonwealth and Development Office había intervenido en el recurso del Tribunal Supremo del Reino Unido dejando claro que el Gobierno británico solo reconoce a Juan Guaidó como ejerciente de los poderes de presidente de Venezuela. Sin embargo, el Tribunal Supremo se enfrentó a una situación en la que los supuestos actos de nombramiento compiten por el reconocimiento contra las decisiones del TSJ que ha dictaminado que esos actos son ilegales y nulos según la legislación venezolana.
Zaiwalla agregó que el Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó el argumento de la Junta de Guaidó de que esas decisiones judiciales deben ser ignoradas a menos que comprometan alguna norma de orden público inglés. La junta de Maduro había argumentado que la posición de la Junta de Guaidó colocaría las acciones del Sr. Guaidó por encima de la ley tanto en Inglaterra como en Venezuela, lo que iría en contra del Estado de Derecho.
El Tribunal Supremo concluyó que el caso debe ser devuelto al Tribunal de Comercio para determinar el efecto de las decisiones del TSJ venezolano que ha declarado inválidos los actos ejecutivos de nombramiento del Sr. Guaidó. Si el Tribunal inglés reconoce y hace efectivas dichas sentencias, el Consejo de Administración del BCV seguirá siendo reconocida como autoridad para tratar con los activos extranjeros de Venezuela en el Reino Unido. El caso continuará ahora en el Tribunal de Comercio, con una fecha de audiencia aún por fijar.
Lea aquí la entrevista que realizó nuestra compañera Heidi Maldonado, directora del medio, en relación con este caso que data de 2020.
