Por Mónica Germany, presidenta de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI)
Desde la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI), principal gremio especializado en propiedad intelectual en el Perú desde 1963, consideramos que la protección de la propiedad intelectual en nuestro país ya cuenta con una moderna y amplia base legislativa nacional y de la Comunidad Andina. En esa línea, expresamos nuestra preocupación debido a la política que viene aplicando el Estado peruano de suscribir de manera indiscriminada e inconsulta nuevos tratados internacionales en la materia, los mismos que no generan per se impactos positivos tangibles para la industria peruana, sino que incluso pueden afectar puestos de trabajo y la recaudación tributaria dentro del país.
En julio pasado se anunció que el Perú suscribía cinco nuevos tratados internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de las Naciones Unidas para estos temas: los Arreglos de Locarno, Estrasburgo, Niza, Viena y el Acta de Ginebra del Acuerdo de Lisboa. Con ello, el Perú ya es signatario de 19 de los 26 tratados administrados por la OMPI. Se analiza, además, la próxima adhesión a los siete restantes, entre ellos, el Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.
El contenido y objetivo de todos los tratados de la OMPI busca facilitar la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional. Resultan muy funcionales para los países desarrollados que exportan globalmente bienes y servicios protegidos con marcas o patentes. No es el caso del Perú, país básicamente exportador de materias primas y productos sin valor agregado que no llevan marca alguna. Al “coleccionar” firmas de estos acuerdos, consideramos que el Perú está cediendo soberanía nacional y contribuyendo a consolidar cuotas de mercado asimétricas. En la práctica, el Estado peruano se compromete a proteger en nuestro territorio los derechos de marcas o patentes provenientes de países desarrollados, sin recibir beneficios recíprocos para la industria nacional. Lo demuestran las estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y de la propia OMPI, entre otras entidades peruanas e internacionales que no identifican impactos económicos positivos en los últimos años para las grandes, medianas o pequeñas empresas exportadoras, ni para las comunidades nativas, ni para los consumidores peruanos.
Tomemos el caso del Protocolo de Madrid (PdM), instrumento por el cual la OMPI regula una plataforma de registro internacional de marcas centralizado desde Ginebra (Suiza) y con tasas de tramitación de US$1,500 en promedio, que la hacen inviable para pequeñas o medianas empresas, así como para las comunidades nativas. Solo 10 países industrializados –Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Reino Unido, Suiza, Japón, Italia, Australia y Turquía– concentran más del 70 % de las solicitudes de registro del PdM, mientras los usuarios de América Latina, África y “otros territorios” no superan juntos el 1 %. Colombia se incorporó al PdM en 2012, y en diez años solo se verificaron 240 registros de colombianos versus el ingreso de más 40 mil marcas extranjeras al país vecino. Este caso, similar al de otros países de la región, demuestra que el PdM funciona como una “carretera de una sola vía”, que no puede ser aprovechada por las economías emergentes, pero sí por las desarrolladas.
El Perú ya ha tenido una experiencia negativa cuando se adhirió al “Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica de 1929”, tratado análogo al PdM, que estableció el Registro Interamericano de Marcas, centralizado a través de la Oficina Interamericana de Marcas en La Habana. Dicho tratado fue denunciado por el Perú y otros miembros en 1946, debido a que ninguna empresa nacional le daba uso. Lamentablemente, desde entonces la situación del Perú no ha variado y nuestras exportaciones se siguen concentrando en materias primas o bienes que no llevan marca o patente.
Frente a esta situación, la APPI propone a las autoridades peruanas que se establezca un marco legal sobre bases técnicas y evidencia, para determinar los beneficios, límites y contraprestaciones específicas que traería al país la suscripción de nuevos tratados. Estos acuerdos, consideramos, deberían enfocarse más en impulsar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) nacional, lo que le permitiría al Perú, a largo plazo, generar propiedad intelectual propia capaz de competir a nivel internacional, diversificando nuestra economía y dándole valor a nuestras exportaciones.
