Por Gonzalo Santamaría, socio de Marval O’Farrell Mairal
El sector energético en la Argentina atraviesa una etapa de transformaciones regulatorias orientadas a fomentar una mayor participación del sector privado. A partir de la sanción de la Ley de Bases, se introdujeron cambios significativos en las principales normativas que rigen los hidrocarburos, el gas natural y, más recientemente, la energía eléctrica. Estos ajustes buscan reconfigurar el mercado energético nacional y atraer nuevas inversiones locales e internacionales.
Durante la década del 90, el país vivió un proceso de retiro del Estado en favor de la iniciativa privada. Sin embargo, desde 2002 y con algunas variaciones, se observó un incremento en la intervención estatal. El actual gobierno busca recuperar el impulso privado perdido, promoviendo un nuevo esquema en el cual el Estado asuma un rol más regulador que operativo. Por lo tanto, las recientes reformas están alineadas con ese objetivo.
Interés inversor y evolución del mercado
Los procesos de desregulación, aunque parciales, suelen ser bien recibidos por la industria energética, que se caracteriza por operar en mercados regulados. Estos cambios, en la medida en que respeten los derechos adquiridos, generan interés tanto en jugadores locales con trayectoria como en potenciales actores internacionales. En general, se observa una buena recepción por parte del sector privado y comienzan a notarse los primeros resultados de esta política.
El sector de hidrocarburos ha mantenido niveles de inversión sostenidos durante los últimos 15 años, incluso en contextos macroeconómicos complejos. El nuevo marco, acompañado por una relativa estabilización macroeconómica, podría potenciar ese crecimiento de forma exponencial.
En cambio, la energía eléctrica enfrenta mayores desafíos, ya que no solo existen restricciones regulatorias sino también físicas. A diferencia de los hidrocarburos, cuyas exportaciones han sido un factor clave para su expansión, la energía eléctrica depende estrictamente del mercado interno, donde las tarifas siguen siendo un factor limitante, aunque en proceso de corrección.
Avances en materia de privatizaciones
Uno de los primeros avances impulsados por la Ley de Bases es la habilitación normativa para avanzar con procesos de privatización −o reprivatización− de activos en manos del Estado. Algunos de estos activos provienen de concesiones vencidas que no fueron renovadas o relicenciadas al sector privado.
Un caso concreto es el de Energía Argentina, que ya anunció la venta de ciertos activos en el sector eléctrico. También se proyecta avanzar en el corto plazo con concesiones hidroeléctricas vencidas o próximas a vencer. La estrategia gubernamental apunta a que el Estado conserve un rol regulador, mientras que la operación, mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos queden en manos privadas. De este modo, se elimina la necesidad de aportes estatales o subsidios, que han demostrado ser ineficientes y perjudiciales para la macroeconomía nacional −especialmente en los períodos 2013–2015 y durante la última administración−.
El impacto del RIGI como herramienta de fomento
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) −aprobado también mediante la Ley de Bases− ya muestra resultados concretos. Su principal aporte es ofrecer un marco de garantías jurídicas, fiscales y cambiarias a inversores que, por el nivel de riesgo del país, no podrían comprometerse en proyectos de largo plazo con montos significativos.
El RIGI opera como un catalizador que anticipa condiciones de estabilidad macroeconómica aún no alcanzadas. En el sector energético ya hay varios proyectos que solicitaron y obtuvieron su adhesión. Dos ejemplos paradigmáticos son el proyecto de GNL liderado por Pan American Energy y Golar, y el oleoducto Vaca Muerta Sur, promovido por YPF junto con diversos actores locales e internacionales.
Este último, en particular, busca acceder a financiamiento internacional bajo un esquema de project finance, algo que hace años no se ve en el país. De hecho, resulta difícil imaginar que dicho financiamiento pudiera concretarse sin las garantías específicas que ofrece el RIGI. Si bien el régimen no se aplica al segmento upstream, que el gobierno considera suficientemente atractivo por sí solo, sí resulta esencial para iniciativas de midstream o de exportación de gas natural.
En el caso de la energía eléctrica, el régimen también ha despertado interés, especialmente en proyectos de energías renovables. Para varios inversores internacionales que evalúan su retorno al país, el RIGI se presenta como una condición indispensable.
Plazos esperables y necesidad de estabilidad
Algunos efectos de la nueva política ya se están observando, como la reversión del déficit energético: la Argentina ha dejado de ser un importador neto de hidrocarburos y ha retomado su rol exportador.
Sin embargo, la recuperación del sector eléctrico tomará más tiempo. Además del desarrollo de infraestructura, es necesario transitar hacia un modelo energético más orientado al mercado, con menor intervención estatal. Este tipo de transición requiere estabilidad jurídica y evitar los vaivenes regulatorios que han afectado históricamente al sector, inhibiendo inversiones de largo plazo −que suelen implicar montos de cientos de millones de dólares−.
Los inversores comprenden que estos procesos son lentos. Las decisiones de inversión toman tiempo y su ejecución, aún más. Lo fundamental es sostener el rumbo y garantizar condiciones estables para que esas decisiones se materialicen.
Aspectos clave para operaciones de M&A
En este nuevo entorno, las transacciones de fusiones y adquisiciones en energía también requieren atención especial. Es clave revisar los marcos regulatorios vigentes y anticipar posibles restricciones vinculadas a la integración vertical u horizontal, especialmente dado que muchos actores operan en segmentos cruzados del mercado de gas y electricidad.
Desde el punto de vista contractual, el análisis debe partir del activo subyacente: si el ingreso depende de tarifas reguladas, será necesario evaluar el nivel de protección de esos flujos. Actualmente, muchas transacciones se concentran en mercados menos regulados, pero, a medida que el sector se normalice, podrían reaparecer operaciones más complejas como las observadas en años anteriores.
En esos casos, será fundamental estructurar los acuerdos de forma que los nuevos inversores cuenten con las garantías necesarias para evitar exposiciones a riesgos como los congelamientos tarifarios, tristemente habituales en el sector.
Conclusión
El escenario energético argentino comienza a mostrar señales positivas de cambio. Las reformas estructurales, los incentivos del RIGI y los avances hacia la privatización trazan un camino que apunta a reactivar la inversión privada y modernizar el sector.
Si bien persisten desafíos importantes −especialmente en energía eléctrica−, el rumbo adoptado genera expectativas favorables. La clave será sostener este proceso en el tiempo con previsibilidad normativa, seguridad jurídica y marcos regulatorios estables que permitan recuperar la confianza de los inversores.
La Argentina tiene hoy una oportunidad concreta para reposicionarse como actor relevante en la región en materia energética. Consolidar esta transformación dependerá de mantener el rumbo, evitar retrocesos y trabajar de forma coordinada entre el Estado, el sector privado y los reguladores.
