Por Leonardo Jara Bazan, legal manager PwC – Perú
No cabe duda que la tecnología avanza de manera vertiginosa. Este desarrollo acelerado de la tecnología genera situaciones que hace unos años hubieran sido consideradas como ciencia ficción. Entre estos avances tecnológicos destaca la inteligencia artificial (IA), la cual ha sido el foco de atención en estos días debido a su aplicación en tareas reservadas normalmente para abogados. Desde chatbots que absuelven consultas hasta softwares que podrían reemplazar a un abogado defendiendo su caso oralmente ante un jurado o incluso reemplazar a un juez para resolver controversias legales.
Ante estos nuevos escenarios cabe preguntarse, ¿qué sucede si la IA se equivoca al absolver una consulta o resolver una controversia legal? ¿Quién sería el responsable frente al eventual daño provocado por la IA? ¿La empresa creadora de la IA? ¿El despacho legal que usó la IA para automatizar la labor de sus abogados? Estas preguntas serán analizadas a profundidad en un artículo posterior; sin embargo, es importante “poner los reflectores” en cómo el derecho abordará estos nuevos escenarios que ya no son ciencia ficción.
En principio, la labor de los abogados y jueces es una actividad hermenéutica, es decir, interpretan disposiciones normativas a fin de dar paso a las normas jurídicas. El resultado de esta tarea interpretativa no siempre es aceptado unánimemente. Por esta razón encontramos discusiones académicas en doctrina, artículos criticando fallos judiciales por una indebida interpretación y aplicación de disposiciones normativas e incluso encontramos plenos jurisdiccionales buscando homogenizar la interpretación (criterio legal) de los jueces en determinadas materias.
Bajo esta premisa, ¿qué nos asegura que la IA tenga la respuesta “correcta” al ejecutar sus algoritmos para absolver una consulta o resolver una controversia? A la fecha, la mayoría de chatbots y softwares de IA precisan que no brindan asesoría legal e, incluso, al brindar la “respuesta” indican que sería conveniente consultar a un abogado especialista. A pesar de ello, muchos despachos legales están explorando la posibilidad de usar la IA para automatizar sus procesos y acelerar el flujo de trabajo de sus abogados. Definitivamente la IA será de mucha utilidad para los despachos legales y sus clientes, los primeros podrán reorganizar sus recursos humanos para ser más eficientes y los últimos obtendrán respuestas en un menor plazo.
Por el momento, la IA tiene mayor aceptación para resolver consultas legales “sencillas”, pero a medida que se perfeccionen los algoritmos y pasen las validaciones pertinentes, la IA podría ser usada para resolver consultas más “complejas”, estructurar defensas legales en base a la data de los criterios judiciales más recurrentes, estimar la probabilidad de ganar alguna controversia legal, etc.
Queda claro que la IA generará muchos beneficios en el derecho; sin embargo, conviene delimitar desde ahora a quién y cómo se atribuirán los costos no deseados que podría originar el uso de la IA. Este análisis corresponde, en principio, al campo de estudio de la responsabilidad civil, desde la cual se deberá tener presente los costos asociados a los daños causados y los costos asociados con el nivel de precaución y el desarrollo de la actividad de los agentes involucrados (despachos legales, tribunales, empresas de software, etc).
