El sistema judicial de México está atravesando una de las transformaciones más significativas de su historia.
Tras la reforma constitucional aprobada en 2024, México celebró sus primeras elecciones judiciales en junio de 2025. Como resultado, una nueva Suprema Corte y cientos de nuevos magistrados de circuito federales y jueces de distrito asumieron el cargo más adelante ese mismo año.
Mucho se ha escrito sobre las implicaciones políticas y constitucionales de la reforma. Para las aseguradoras y reaseguradoras que hacen negocios en México, o que actualmente participan en litigios aquí, hay otra cuestión que merece especial atención: el efecto práctico de una transición tan significativa sobre los casos en curso.
Ya lo estamos viendo de primera mano.
El reto no es necesariamente la calidad del nuevo poder judicial. En nuestra experiencia hasta la fecha, muchos de los jueces recién electos están bien calificados y están asumiendo sus nuevas responsabilidades con seriedad.
La dificultad es de continuidad.
Los nuevos jueces han heredado tribunales con importantes cargas de trabajo ya existentes. En muchos casos, se les está pidiendo que tomen decisiones importantes en procedimientos que pueden llevar varios años en curso, sin haber seguido las pruebas, los argumentos y el historial procesal desde el inicio. Al mismo tiempo, los cambios en el personal judicial, en las asignaciones de los tribunales y en las estructuras administrativas han generado inevitablemente disrupción, a medida que los expedientes se reasignan y los nuevos equipos se familiarizan con los casos que tienen ante sí.
Para las aseguradoras y reaseguradoras involucradas en litigios en México, esto crea un elemento adicional de riesgo de litigio.
Un caso que anteriormente tenía cierto grado de previsibilidad puede volverse menos previsible cuando el juez cambia a mitad del procedimiento. Esto no significa que la decisión final vaya a ser errónea. Sí significa que los abogados deben considerar cada vez más cómo presentar de la mejor manera la historia, las pruebas clave y las cuestiones jurídicas de un caso complejo a un juez que puede estar viéndolo por primera vez.
La preocupación, por lo tanto, no es necesariamente de calidad judicial, sino de continuidad judicial.
Este entorno cambiante también puede ofrecer una razón adicional para que las aseguradoras consideren mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando sea apropiado. La mediación, el arbitraje y la resolución negociada pueden, en el caso adecuado, reducir la exposición a la incertidumbre procesal, acortar el camino hacia la resolución y otorgar a las partes un mayor control sobre el riesgo de litigio.
La transición judicial tampoco está aún completa. Conforme al calendario actual, se prevé que los magistrados de circuito federales y jueces de distrito restantes que no formaron parte de la elección de 2025 sean electos en 2028.
Por lo tanto, debemos esperar que cierto grado de incertidumbre, y con ella un mayor riesgo de litigio, siga formando parte del panorama mexicano del litigio en materia de seguros en el futuro previsible.
No obstante, hay motivos para un optimismo cauteloso. A medida que los nuevos jueces avancen en los casos que heredaron, se familiaricen más con sus tribunales y establezcan una mayor continuidad con sus expedientes, parte de la disrupción que estamos experimentando actualmente debería disminuir. Sin embargo, esto aún queda muy lejos en el camino.
Para las aseguradoras que hacen negocios en México, la clave en los próximos años será reconocer esta fuente adicional de riesgo de litigio, adaptar la estrategia de litigio en consecuencia y, cuando sea apropiado, considerar si formas alternativas de resolución de controversias pueden ofrecer una vía más previsible para resolver disputas.
Por Michael Hennesy, Kennedys´ Regional Managing Partner for Latin America
