La Junta General de Socios de Uría Menéndez aprobó el nombramiento, con efectos a partir del 1 de enero de 2023, de Jesús Remón como nuevo socio presidente de la firma en sustitución de Luis de Carlos. Asimismo, la Junta ha renovado el mandato de Salvador Sánchez-Terán como socio director.
Después de 17 años al frente del despacho -los últimos cuatro años en condición de socio presidente- y tras 37 años de brillante carrera profesional en Uría Menéndez, Luis de Carlos dejará el despacho con motivo de su jubilación el próximo día 31 de diciembre, reseñó la firma en una nota de prensa.
Luis de Carlos expresó su agradecimiento a todos los socios de Uría Menéndez por el apoyo constante que le han brindado durante sus años al frente del bufete. Asimismo, manifestó su convicción de que bajo el mandato de Jesús Remón como nuevo socio presidente y con la continuidad de Salvador Sánchez-Terán como socio director, “el respeto a los valores fundacionales está garantizado, lo que mantendrá a Uría Menéndez como una de las firmas líderes de la abogacía iberoamericana”.
Salvador Sánchez-Terán, quien dirige la firma desde 2019, afirmó que “Luis de Carlos ha sido una referencia para todos nosotros, no solo por su profundo criterio jurídico sino también por su compromiso inquebrantable con los valores y los principios éticos que siempre han guiado a nuestra firma”. Al mismo tiempo, ha mostrado su gratitud a todos los socios por haber renovado su confianza en él al frente del despacho y ha expresado la gran ilusión que le produce compartir el próximo mandato con Jesús Remón, “quién a todas luces será un magnífico presidente para nuestra firma”.
Por su parte, Jesús Remón agradeció a todos los socios “la confianza que han depositado en él” como futuro socio presidente y ha manifestado el honor que supone para él colaborar con Salvador Sánchez-Terán los próximos años.
Jesús Remón se incorporó a Uría Menéndez en 1996 procedente de la Abogacía del Estado y dirige el Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de la firma. Es vocal permanente de la Comisión General de Codificación y su actividad profesional se centra en arbitrajes, tanto nacionales como internacionales, en procesos ante la jurisdicción civil, penal y contencioso-administrativa, y en asesoramiento sobre cuestiones jurídico-administrativas y constitucionales.
