Por Javier A. Aguirre CH., abogado penalista y exagente Titular del Perú ante la CIDH
Como docente de la Academia de la Magistratura (AMAG) tomé una capacitación para mejorar los cursos a dictarse a jueces y fiscales. Durante una pausa, en medio de una conversación con la profesora, especialista en pedagogía, me preguntó si yo conocía la razón por la cual los fiscales y jueces estudian juntos en la AMAG, mi respuesta automática fue porque unos y otros son magistrados, la expresión de ella ante mi respuesta, me permitió advertir que no estaba en lo correcto.
Resulta fácil caer en ese error comúnmente difundido, no solo las personas legas en la administración de justicia, sino incluso, los propios abogados (un ej. es el abogado y actual primer ministro), equiparamos la figura del juez con la del fiscal; ni qué decir de estos, quienes teniendo un común origen con los jueces (ambos fueron nombrados por el CNM, ahora la Junta Nacional de Justicia), se sienten hijos de la misma madre y se confunden, capacitándose y confraternizando en las mismas aulas de la AMAG, para asumir luego sus respectivas labores donde terminan apoyándose, haciendo gala del ‛espíritu de cuerpo’; rezagos de tiempos en los que juez y fiscal formaban parte de un mismo ente (Poder Judicial), no siendo hasta la Constitución de 1979 cuando se crea el Ministerio Público o fiscalía como institución autónoma obteniendo su total independencia.
Esta independencia se pierde pues su nombramiento y capacitación sigue siendo común. El haber sido parte – hace más de cuarenta años – del mismo organismo, y por si fuera poco el pertenecer a la misma Asociación de Magistrados (donde comparten actividades sociales y deportivas), les genera y nos genera una falsa creencia de estar del mismo lado, que son parte del mismo equipo. Nada más errado. El único magistrado e investido etimológica y constitucionalmente con autoridad y potestad para juzgar y sentenciar es el juez; el fiscal no es magistrado, su labor no es juzgar, ni sentenciar. El fiscal es un abogado encargado de investigar los delitos, una vez culminada su investigación, acusa (expone) el caso ante el juez (magistrado) para que este juzgue y sentencie.
Procesalmente el fiscal es una parte más en el proceso penal, él y el abogado que defiende al investigado/acusado, son pares e iguales ante el juez. El fiscal no tiene ventajas – por lo menos no debe tenerlas – el juez y aquel no son equipo, el juez no debe estar de su lado sino ser imparcial, solo ha de interesarle la información o pruebas aportadas por cada parte, y en base a ellas, pronunciarse; velando además para que el fiscal –poseedor de mayores recursos humanos y logísticos proveídos por el Estado, en ese enfrentamiento– respete los derechos y garantías que le asisten al investigado/acusado.
Así como al fiscal no le corresponde juzgar ni sentenciar, porque es solo labor del juez; tampoco al juez le corresponde investigar, esa es labor del fiscal, y como no forman parte de un mismo equipo, no es válido que uno asista o enmiende el trabajo del otro.
Entonces la respuesta es: el fiscal no es magistrado. El juez y el fiscal tienen funciones diferentes y deben cumplir estrictamente el rol que a cada uno corresponde. De esa manera contribuyen a la aplicación de un sistema penal honesto y justo (debido proceso). En un próximo comentario escribiremos sobre cómo se debe elegir o designar a un fiscal.
