Un nuevo informe de Morae, elaborado con Coleman Parkes a partir de 850 encuestas a profesionales legales senior en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Medio Oriente -la muestra no incluye firmas de Iberoamérica-, confirma que el 67 % de los abogados y general counsel cree que el costo de verificar los resultados de la inteligencia artificial supera ya los beneficios que esa misma tecnología prometía entregar.
Es el hallazgo central del reporte, pero no el único. La industria ha adoptado la IA a gran velocidad sin resolver los problemas de fondo que determinan si esa adopción realmente funciona.
El primero es la confianza. El 46 % de las organizaciones ya tiene IA integrada o embebida en sus procesos legales, y otro 31 % la usa de forma regular en flujos de trabajo definidos. Pero solo el 33 % confía plena o mayormente en los resultados que produce, y el 48 % -casi la mitad del sector- reconoce que corrige manualmente esos resultados antes de poder usarlos, en la mayoría de los casos de forma sustancial.
Esa corrección, además, se hace sin demasiada preparación. Solo el 29 % de los profesionales se siente capacitado para supervisar resultados de IA, el 26 % para cuestionarlos, el 22 % para defenderlos ante un cliente o regulador y apenas el 19 % para integrarlos de forma consistente en su flujo de trabajo. Casi la mitad del sector interviene los resultados de la IA sin el criterio estructurado para saber qué está corrigiendo -y qué podría estarle pasando por alto.
El segundo problema es el de los datos, y explica buena parte del primero. Apenas el 26 % de los líderes legales se siente seguro de que la información de su organización está lista para que la IA trabaje con ella de forma efectiva.
La razón es estructural: el 44 % admite tener múltiples sistemas internos sin ningún control centralizado, el 39 % carece de un inventario completo de su información legal, y otro 39 % arrastra datos heredados que nunca fueron clasificados ni depurados. Una IA construida sobre ese terreno no resuelve el problema, lo hereda, y lo devuelve convertido en resultados que hay que revisar uno por uno.
El tercer problema es de gobernanza. Cerca de un tercio de las firmas no tiene ningún marco formal para regular los resultados generados por IA. Y entre el 70 % que sí lo tiene, apenas el 32 % considera que esa política está plenamente implementada -el resto admite que existe más en el papel que en la práctica. Tener una política y aplicarla de forma consistente son, para Morae, dos cosas distintas, y en esa distancia es donde se acumula el riesgo.
Los tres problemas -confianza, datos y gobernanza- convergen en la relación entre despachos y clientes, donde la tensión ya es visible. El 73 % de los profesionales legales coincide en que los clientes deberían tener visibilidad total sobre cuándo y cómo se usa IA en sus asuntos, pero solo el 21 % de los departamentos jurídicos in-house describe esa transparencia como alta o total, y un 41 % la califica de limitada o directamente ausente. El 80 % de los general counsel se declara preocupado por cómo los despachos externos usan sus datos en sistemas de IA.
Despachos y clientes, sin embargo, no ven el riesgo de la misma manera. Los despachos están más alerta a la posibilidad de que sus resultados de IA sean cuestionados en un litigio -29 % frente a 16 % de los equipos in-house-, mientras que los equipos in-house reportan bases de datos más débiles -40 % frente a 32 % de los despachos- y se sienten menos preparados para defender ante sus propios directivos las decisiones asistidas por IA.
Pese a todo, la inversión no se detiene. El 58 % de las organizaciones planea aumentar su gasto en tecnología legal, IA y gobernanza de la información en los próximos dos años. Lo revelador es que esa inversión ya no se concentra solo en herramientas (65 %), sino casi en la misma proporción en gobernanza de la información (48 %) y gobernanza de IA (47 %), por delante incluso de la ciberseguridad.
El impacto en la fuerza laboral sigue una lógica similar. El 33 % de los departamentos in-house ya ve roles reforzados con un enfoque más analítico y de supervisión, cifra que se espera llegue al 52 % en dos o tres años, mientras que la creación de puestos especializados en gobernanza de IA pasaría del 22 % actual al 41 % proyectado.
El impacto sobre los modelos de facturación, en cambio, avanza más lento: el 56 % espera cambios mínimos o nulos en el corto plazo, aunque un 39 % sí anticipa ajustes de honorarios en los próximos 12 a 18 meses, impulsados por la presión de los propios clientes.
El mercado, concluye el informe, ha entendido que la brecha entre la promesa de la IA legal y su desempeño actual no es un problema de tecnología, sino de
implementación.
El informe fue elaborado por Morae, proveedor global de servicios y consultoría legal, en colaboración con la firma de investigación Coleman Parkes, entre febrero y marzo de 2026.
