Juan Oriol, socio director de ORIOL-IP, despacho especializado en propiedad intelectual e industrial y nuevas tecnologías, analiza en esta entrevista cómo ha evolucionado el asesoramiento jurídico especializado en el último año. Desde la irrupción de la inteligencia artificial generativa y los retos que plantea en materia de derechos de autor, hasta la protección de software y know-how, la expansión internacional de startups tecnológicas o el impacto del nuevo marco regulatorio europeo -Reglamento de IA, Data Act, NIS2-.
Oriol defiende un enfoque preventivo y estratégico del derecho tecnológico. Para él, la clave no está en reaccionar ante los problemas, sino en anticiparlos:
“Un buen asesoramiento especializado temprano evita conflictos costosos y, en alguna ocasión, irreversibles”.
Hace aproximadamente un año señalaba que ORIOL-IP iba a profundizar especialmente en áreas como la protección de software, la propiedad intelectual y los secretos empresariales. ¿Cómo ha evolucionado el despacho en este último año y qué cambios destacaría en su práctica?
El despacho ha evolucionado muy positivamente. Este último año hemos tenido el privilegio de acompañar a muchas empresas en la protección de sus activos intangibles. En algunos casos hemos intervenido de forma preventiva, que es sin duda el escenario ideal, y en otros hemos actuado tras la aparición de problemas. En estos últimos, hemos tenido la fortuna de poder resolver satisfactoriamente múltiples situaciones, aunque en algún caso las posibilidades de actuación estaban muy limitadas por una mala planificación jurídica anterior. Precisamente por ello insistimos tanto en la vertiente preventiva y especializada: un buen asesoramiento especializado temprano evita conflictos costosos y, en alguna ocasión, irreversibles.
El ecosistema tecnológico europeo ha vivido una fuerte aceleración en áreas como inteligencia artificial, gestión de datos y automatización. Desde su experiencia asesorando a empresas innovadoras, ¿qué cambios observa en las necesidades jurídicas de las compañías tecnológicas?
Estamos en un momento especialmente interesante. Las empresas tecnológicas siguen requiriendo nuestro asesoramiento en materias tradicionales, pero también en ámbitos más nuevos como la inteligencia artificial, gestión de datos y automatización y sus múltiples implicaciones jurídicas.
No obstante, lo verdaderamente relevante es el cambio estructural que estamos observando en el mercado: hasta hace poco, eran cuestiones propias de empresas tecnológicas y grandes corporaciones; hoy, la práctica totalidad de las empresas interactúan con este tipo de activos, inteligencia artificial, gestión de datos y automatización, por lo que les resulta más relevante esta sección del derecho, dando lugar a nuevas necesidades.
Además, con la irrupción de la IA se están desarrollando multitud de proyectos y negocios nuevos. La base jurídica es similar (propiedad intelectual e industrial, confidencialidad y secretos, cumplimiento normativo y protección de datos), pero el volumen de proyectos que requieren asesoramiento ha crecido mucho.
2026 marca un punto importante con la aplicación de normas como el Reglamento de IA, el Data Act o la directiva NIS2. ¿Cómo cree que este nuevo marco regulatorio está cambiando la forma en que las empresas gestionan sus riesgos legales y su estrategia tecnológica?
El marco normativo es precisamente eso, un marco, y desde nuestro despacho ayudamos a nuestros clientes a navegar en estas nuevas regulaciones, que con toda seguridad irán evolucionando. A priori, muchas empresas perciben estas normativas como una cuestión de compliance y política interna, pero nosotros siempre insistimos en el enorme valor que una correcta implementación genera en toda la cadena de valor: para la propia empresa, sus clientes y sus proveedores. Cumplir bien es sustancial a la hora de hacer negocios y generar confianza en el mercado. Dicho esto, es cierto que la adaptación jurídica interna resulta compleja, y por eso las empresas recurren a servicios especializados para garantizar que el cumplimiento sea efectivo y no meramente formal.
La IA generativa está planteando nuevos retos en materia de derechos de autor y software. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿cuáles son hoy las principales zonas de incertidumbre jurídica para las empresas tecnológicas?
La llegada de la IA generativa plantea una cuestión de derecho de autor de primer orden: la tendencia actual, con algunas excepciones, tiende a no reconocer derechos de propiedad intelectual cuando la obra ha sido íntegramente generada por inteligencia artificial. Pero no existe un baremo claro sobre el porcentaje de intervención humana que debe concurrir para que la obra sea protegible, es una cuestión mucho más subjetiva, lo que genera una notable incertidumbre.
Lo verdaderamente interesante será observar cómo evoluciona esta cuestión. En empresas del sector del software donde se permite el uso de IA con controles, al principio la IA servía como herramienta de soporte al programador (revisión, debugguing, ideas), y no modificaba la intervención sustancial de un humano. Pero la tecnología cada vez está más cerca de que se construyan empresas nuevas y programas prácticamente sin intervención profunda de un desarrollador, limitándose este a la revisión y al criterio experto. Esta situación va a generar muchos supuestos controvertidos desde la perspectiva del derecho de autor.
La protección del software y del know-how se ha convertido en un activo estratégico para muchas compañías. ¿Qué errores siguen cometiendo las empresas a la hora de proteger estos activos intangibles y cómo pueden evitarlos?
El principal error sigue siendo la falta de planificación desde el inicio. Un proyecto de software no se diferencia tanto de la construcción de un inmueble: requiere planificación con buenos arquitectos, ejecución con buenos profesionales, gestión de riesgos y garantizar la correcta titularidad y el control al propietario, con mantenimiento. Sin embargo, en el entorno digital es frecuente que fallen los contratos, el control operativo y la titularidad de los derechos cuando no se cuenta con un asesoramiento adecuado, y la casuística es evidentemente más compleja de lo que pueda parecer.
Algunos errores típicos que seguimos encontrando son: inexistencia de políticas claras, una regulación deficiente de la propiedad intelectual en los contratos con proveedores de software, el inicio de desarrollos con programadores externos sin contrato formalizado y ubicados en cualquier parte del mundo, externalización y fallos en el control operativo de la tecnología propia o una gestión inadecuada de los datos empresariales, entre otros muchos ejemplos. La lista es muy larga.
Muchas startups tecnológicas nacen con vocación internacional desde el primer momento. En su experiencia, ¿qué desafíos encuentran a la hora de proteger sus marcas en distintos mercados y qué recomendaciones les daría para evitar problemas en su expansión global?
Es un punto fundamental. Si tu tecnología es accesible a nivel global, tus riesgos también lo son, y esto no es una mera advertencia teórica. Si operas en todo el mundo, tu protección debe tener el mismo alcance. Evidentemente, esto hay que compatibilizarlo con los recursos disponibles en cada fase del proyecto, ya que no todas las startups cuentan con los mismos medios desde el principio. Pero los riesgos son muy reales.
Hemos visto casos en los que una empresa lanza una aplicación global, operando en múltiples mercados, y de repente recibe una demanda con medidas cautelares en una jurisdicción extranjera —que fueron estimadas— porque un tercero ostentaba una marca registrada casi idéntica que el cliente no había previsto. Las consecuencias pueden ser devastadoras: tener que modificar el producto completo, activar restricciones geográficas en un mercado relevante e incluso relanzar el producto con un nuevo nombre. Puede comprometer todo el proyecto digital. Por eso es importante planificar la protección marcaria desde el inicio y asignar los recursos adecuados.
Tradicionalmente, el asesoramiento jurídico se percibía como una función reactiva. ¿Está cambiando el papel del abogado especializado en tecnología hacia un rol más estratégico dentro de las empresas?
Es cierto que tradicionalmente se percibía como una función reactiva, pero creo que esto está cambiando de forma significativa, en gran parte impulsado por las exigencias de cumplimiento normativo. La normativa de protección de datos contribuyó mucho a este cambio, al igual que la reforma del Código Penal en materia de responsabilidad de las personas jurídicas. Ahora, con las nuevas regulaciones —Reglamento de IA, Data Act, eIDAS, NIS2, ENS—, se está reforzando la concienciación de que el rol del abogado especializado en tecnología no es solo reactivo: la prevención y el cumplimiento son pilares fundamentales. En las empresas tecnológicas esto ya está plenamente asumido.
Hemos tratado casos muy sensibles en los que la estrategia jurídica interna y la detección temprana por parte del abogado de la compañía fueron claves determinantes para asegurar el éxito. Creo que esta transición hacia un rol más estratégico del abogado se está produciendo de forma natural en el mercado, y ello facilita enormemente la colaboración cuando las empresas necesitan asesoramiento especializado.
Juan Oriol ha participado en litigios complejos relacionados con patentes, secretos empresariales o infracciones de propiedad intelectual. Por ello le consultamos sobre las tendencias que está observando en los conflictos legales vinculados a tecnología y activos intangibles
En mi experiencia, la principal complejidad que se afronta en este tipo de litigios reside en la prueba, generalmente de carácter tecnológico, donde las periciales resultan absolutamente fundamentales. No solo por la acreditación de la no alteración de las evidencias digitales, sino también porque los tribunales, y nosotros mismos en muchas ocasiones, necesitamos el apoyo de expertos técnicos que nos permitan comprender las claves técnicas del caso.
Además, en cuestiones de tecnología, secretos empresariales y propiedad intelectual no hay medias tintas: o se obtiene un pronunciamiento favorable y se mantiene el activo, o no se obtiene y la protección se pierde, con independencia de que el Juez dudase en un asunto (49%-51%). Es, por así decirlo, cielo o infierno; todo o nada.
En cuanto a tendencias, cabe destacar la concesión de medidas cautelares inaudita parte, bastante frecuente en asuntos de tecnología cuando existe riesgo operativo para el solicitante y una apariencia de buen derecho. Asimismo, es cada vez más habitual el recurso a negociaciones confidenciales, blindadas jurídicamente y con altas medidas de seguridad, ya que en muchos casos resulta preferible resolver los conflictos en un entorno más privado y especializado.
ORIOL-IP se ha consolidado como una firma especializada en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. ¿Qué objetivos se ha marcado el despacho para los próximos años?
Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que estamos obteniendo reconocimientos muy importantes en el sector jurídico. Nos recomiendan clientes que confían en nosotros, hemos sido reconocidos en múltiples rankings de referencia —Legal 500, Best Lawyers, IP Stars, entre otros—, y para ser un equipo altamente especializado, estamos muy satisfechos con la trayectoria. Después del esfuerzo invertido y la consecución de varios éxitos relevantes para nuestros clientes, se agradece enormemente. Nuestros objetivos principales son seguir profundizando y ayudando en derecho tecnológico y crecer, para seguir ayudando en proyectos que requerirán nuestra atención en un futuro.
Para terminar, si tuviera que dar un consejo a empresas tecnológicas que hoy están creciendo rápidamente, ¿qué deberían tener más presente desde el punto de vista legal para poder escalar de forma segura?
El principal consejo es que protejan con intensidad sus principales activos y busquen asesoramiento experto. En una empresa tecnológica, los principales activos suelen ser el software, las patentes, las marcas a nivel global, la confidencialidad y los secretos empresariales, y si no quieren jugar a la ruleta rusa, que contraten buenos abogados.
El símil es muy claro: si tu empresa se asienta sobre este tipo de activos, necesitas hacerlo bien, del mismo modo que necesitas un buen arquitecto -y no un operario, ni un arquitecto cualquiera- para asegurar la correcta cimentación de un edificio de treinta plantas.
Muchas empresas creen que este tipo de asesoramiento es exclusivo de grandes multinacionales, pero como siempre digo y no me canso de repetir “proteger los activos intangibles -marcas, patentes, diseños, software, secretos empresariales- no es algo de grandes multinacionales, es de empresas que lo hacen bien”. Al final, las empresas que invierten en proteger correctamente sus activos son las que construyen proyectos sólidos y duraderos.
Juan Oriol lo resume con claridad: “las empresas que invierten en proteger correctamente sus activos son las que construyen proyectos sólidos y duraderos”. Su consejo es directo: “protejan con intensidad sus principales activos y busquen asesoramiento experto”, porque en los litigios tecnológicos “no hay medias tintas: o se obtiene un pronunciamiento favorable y se mantiene el activo, o no se obtiene y la protección se pierde”.
