En el sector construcción, donde cada decisión impacta directamente en plazos, costes y viabilidad, el área legal no puede operar desde la distancia. Grace Castro, senior legal y PMP® en importante empresa del sector, plantea un cambio de enfoque claro: el abogado debe integrarse en la lógica de ejecución del proyecto si quiere aportar valor real. Desde su experiencia, explica por qué la prevención no es una función jurídica aislada, sino el resultado de entender cómo se construyen y se gestionan los proyectos.
“Un abogado que trabaja en proyectos debe conocer cómo se gestionan”
La afirmación de Grace Castro no es conceptual, es operativa. En entornos de construcción, donde múltiples variables interactúan de forma simultánea, el derecho no puede analizarse de forma aislada. Por el contrario, necesita integrarse en la lógica del proyecto, entender sus tiempos, sus restricciones y sus dinámicas. En ese sentido, como explica, es imprescindible “conocer las distintas áreas de conocimiento… para comprender el lenguaje que manejan los ingenieros”, desde el alcance y el cronograma hasta los costos, riesgos o comunicaciones.
Este conocimiento no es accesorio. Es lo que permite intervenir antes de que el riesgo se materialice. De hecho, la propia evolución normativa en Perú comienza a reflejar esta necesidad, incorporando cada vez más la gestión de proyectos como un elemento central. “Se presentará un enfoque técnico y legal integrado”, señala, lo que permitirá mayor control y predictibilidad en los resultados.
De revisar contratos a estructurar procesos
A partir de ahí, el rol del área legal se transforma. Ya no se trata únicamente de revisar contratos, sino de entender cómo esos contratos se ejecutan y cómo se gestionan en el día a día.
Desde la lógica de proyectos, esto implica ordenar procesos, estructurar información y establecer flujos claros de decisión. Como explica Castro, la implementación de buenas prácticas permite “tener la información organizada, los registros y flujos de los temas de interés”, lo que cambia completamente la forma de intervenir.
En lugar de reaccionar ante el conflicto, el área legal se posiciona dentro del sistema que lo previene.
“Permite anticiparnos a las controversias y poder gestionarlas adecuadamente”, resume.
La diferencia no está en resolver mejor, sino en haber estructurado mejor desde el inicio.
Cuando la falta de alineación se vuelve un problema jurídico
Sin embargo, cuando esa integración no existe, los problemas aparecen en la fase más crítica: la ejecución.
En estos casos, el conflicto no surge de forma aislada, sino como consecuencia de una falta de estructura previa. Como advierte Castro, “los reclamos se tornan más complejos de sustentar”, no por la dificultad jurídica del caso, sino por la ausencia de información, registros o cumplimiento de los procesos contractuales.
Esto es especialmente evidente en situaciones como ampliaciones de plazo o adicionales, donde no basta con tener un argumento válido. Es necesario haber seguido los procedimientos y contar con respaldo documental.
De lo contrario, el área legal entra en una fase reactiva, intentando reconstruir lo que no se gestionó a tiempo. Y en ese punto, el margen de maniobra ya es limitado.
El contrato como sistema, no como documento
Este escenario revela un cambio más profundo: el contrato deja de ser un documento estático para convertirse en parte de un sistema de gestión.
Las fases del proyecto -inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre- no son ajenas al derecho, sino el entorno donde este se materializa. Como señala Castro, la integración de estos procesos “permitirá anticiparnos a las controversias”, precisamente porque conecta la ejecución con la estructura jurídica.
Cuando esa integración existe, el contrato funciona como una herramienta viva: permite documentar, gestionar desviaciones y sostener decisiones. Cuando no, pierde eficacia, no por su redacción, sino por su desconexión con la operación.
La conversación que llega al Foro
Este es el enfoque que Grace Castro llevará al Foro Gerencias Legales y Arbitraje en Miami, donde el foco estará en cómo integrar el área legal en la ejecución real de los proyectos.
Su planteamiento es claro: la prevención efectiva requiere sistema. Esto implica incorporar mecanismos como “cláusulas de alertas tempranas y gestión de riesgos”, pero también reforzar la coordinación con las áreas técnicas mediante espacios de trabajo conjunto.
A ello se suma la implementación de herramientas como las juntas de disputas, que introducen una lógica preventiva en la gestión de conflictos, así como la estandarización de procesos que aseguren el acceso a la información relevante.
Sin embargo, el punto central es otro: la formación y la integración de equipos. “Capacitar a los ingenieros… y capacitarse en la gestión de proyectos”, señala, como condición para que lo legal y lo técnico operen en un mismo plano.
En proyectos de construcción, el conflicto no aparece de forma repentina. Se construye. Se construye en cada decisión no documentada, en cada proceso que no se sigue y en cada riesgo que no se identifica a tiempo.
Por eso, el valor del área legal no está en su capacidad de reaccionar, sino en su capacidad de anticipar.
- Antes del incumplimiento.
- Antes del reclamo.
- Antes del conflicto.
Porque, como deja entrever Grace Castro a lo largo de toda la conversación, cuando el abogado no entiende cómo se ejecuta un proyecto, ya no está gestionando el riesgo, está llegando tarde a él.
