Venezuela solicitó, el pasado 7 de enero de 2025, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la solicitud de anulación de un laudo por 470 millones de dólares a favor de una compañía fabricante de embalajes de cartón Smurfit Westrock, con sede en Dublín. El Tribunal desestimó por mayoría -al laudo se adjuntó una opinión discrepante y una declaración concurrente- las objeciones de Venezuela a su jurisdicción, y sostuvo que hubo expropiación ilegal, trato injusto y desigual, medidas arbitrarias y discriminatorias, y se violó el derecho a garantizar la repatriación de dividendos sin restricciones ni demoras indebidas.
Venezuela confiscó las tierras de las filiales venezolanas de Smurfit, que denunció la falta de devoluciones del IVA, la no autorización por parte de Venezuela de la transferencia de los dividendos de sus filiales sin restricciones ni demoras indebidas y la confiscación del negocio venezolano en 2018 (la compañía perdió el control de la manufacturera que poseía en Venezuela después de ser confiscada por el Gobierno venezolano, que alegaba abusos de posición dominante, durante 90 días).
El panel arbitral, formado por Ricardo Ramírez Hernández, Elliot Polebaurm (designado por la demandante) y Howard Mann (designado por Venezuela) -al laudo se adjuntó una opinión discrepante de Mann y una declaración concurrente de Polebaum- concluyó, por mayoría, que la ocupación por parte de Venezuela de las subsidiarias venezolanas de Smurfit en 2018 fue una expropiación.
La indemnización concedida asciende a 468,7 millones de dólares, más costes legales de 4,5 millones de dólares, más intereses desde el 31 de mayo de 2024 hasta la fecha de pago.
