Con el fin de mejorar los estándares de prevención frente a la corrupción, a todo nivel en las entidades del Estado y empresas públicas, la firma peruana Benites, Vargas & Ugaz Abogados (BVU) inauguró la práctica Public Compliance liderada por Juan Jiménez Mayor, quien retorna al despacho, tras su experiencia diplomática, en la posición de of counsel.
Lo acompaña Liliana Calderón, Roberto Pereira, Daniel Loli, Fabricio Daneri y Marjori Salvador, un equipo multidisciplinario que garantiza una asesoría integral en la gestión de riesgos de corrupción, políticas de integridad, desempeño de las oficinas de integridad, canales de denuncia y transparencia.
“Todos los estudios de opinión que se realizan en el país revelan que la corrupción es uno de los grandes problemas que debemos enfrentar y, aunque su respuesta ha estado centrada fuertemente en el derecho penal, desde el 2016 con la dación de la Ley 30424, se ha buscado promover un esquema preventivo incorporando a las empresas privadas en el desarrollo de Programas de Cumplimiento normativo para evitar la comisión de ilícitos penales”, dijo la firma en un comunicado.
De algún modo la dinámica que se impone implica convertir a las empresas en garantes de mecanismos preventivos para que no se materialicen delitos y se inserte una cultura del cumplimiento y la integridad.
El modelo de prevención peruano con la reciente Ley 31740 ha expandido el compliance a 30 delitos, ampliando su espectro de aplicación, lo que tendrá un impacto en el mundo corporativo, debiendo adecuarse para mitigar los riesgos que ello significa para sus operaciones. En este ámbito, desde el despacho hemos brindando soporte a nuestros clientes para implantar y robustecer sus programas de cumplimiento, considerando las tendencias jurisprudenciales y de enfoques de aplicación de la ley penal por parte del sistema de justicia y considerando las buenas prácticas internacionales. En ello es muy importante considerar la vasta experiencia práctica de nuestra área penal, líder en el mercado de servicios legales.
«Como parte de nuestra responsabilidad social y para promover un sector público con menos contingencias delictivas, hemos diseñado una serie de productos destinados al desarrollo del Public Compliance. Buscamos contribuir así en la mejora de la performance preventiva de los organismos públicos y buscar un desempeño con integridad de funcionarios y servidores estatales. Una dinámica que va en la vía de evitar la comisión de delitos a partir de la práctica penal», puntualizó la firma.
