El COVID-19 ha potenciado el más por menos, principio que desde hace años rige la actividad de las asesorías jurídicas internas de las empresas. Y es que la pandemia no solo ha multiplicado la carga de trabajo de los departamentos legales, sino que, además, ha ajustado aún más sus presupuestos. Una circunstancia que, a su vez, empuja a la baja los honorarios que perciben los despachos de abogados.
Según el informe Chief Legal Officer Survey 2020, de la consultora Altman Weil, el 40 % de las asesorías jurídicas admite que ha sufrido recortes presupuestarios este año. Una cifra que, en 2021, se elevará a 44 %. De cumplirse este pronóstico, apunta el estudio, será la primera vez en diez años que son más las compañías que reducen sus partidas destinadas al área legal que las que lo incrementan.
Entre las medidas que los directores legales adoptarán para reducir el gasto (manteniendo o incrementando su capacidad productiva) destacan tres: la mejora de la eficiencia de los procesos internos (mencionada por el 68 %), la renegociación a la baja de las tarifas de los bufetes (el 66 %) o la asunción por los propios abogados de la asesoría corporativa de trabajo que antes se externalizaba (el 55 %).
Otras opciones que se contemplan, aunque de forma no mayoritaria, son el traslado de algunos asuntos a despachos más baratos (el 35 %), la digitalización de algunos procesos internos (el 29 %) o la sustitución, para algunas tareas, de bufetes por proveedores alternativos de servicios legales (los conocidos como ALSP, que lo menciona el 24 % de los encuestados).
Rebaja del precio/hora
La pandemia no solo está obligando a ajustarse el cinturón a las áreas legales, también impactará en los bufetes. Las compañías no solo van a remitirles menos trabajo, sino que también quieren que este les salga más barato. De hecho, el próximo ejercicio cerca de la mitad tienen como objetivo reducir su factura en abogados.
