Ontier ha obtenido un éxito judicial de alcance europeo ante el Tribunal de Estrasburgo al conseguir que el Estado italiano sea considerado responsable y deba responder por las deudas impagadas de entidades locales y regionales y sociedades públicas, incluso en casos de insolvencia o quiebra, también en el supuesto de que estos acreedores sean entidades financieras, equiparando su condición a la de cualquier otra empresa acreedora.
La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (EDH), promovida por Ontier Italia, abre la puerta a que proveedores, entidades financieras y fondos acreedores de administraciones públicas y de sus empresas en toda Europa puedan exigir el cumplimiento de sus créditos ante el Estado central cuando las administraciones locales incumplan sus obligaciones.
En el caso italiano, el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido la vulneración del derecho de propiedad y del derecho a un juicio justo de los acreedores, al no haberse satisfecho deudas que ya contaban con resoluciones judiciales firmes. El tribunal ha condenado al Gobierno italiano a sustituir a los deudores originales —regiones, ayuntamientos o sociedades públicas quebradas— y a satisfacer directamente las reclamaciones.
Tras la falta de cumplimiento voluntario por parte del Ejecutivo, Ontier solicitó el pasado mes de marzo ante el Tribunal de Roma un decreto de pago contra la Presidencia del Consejo de Ministros, que ahora ha sido admitido.
La resolución representa un paso decisivo en una estrategia jurídica que combina la acción ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con su ejecución en la jurisdicción nacional, ofreciendo una vía real y efectiva para recuperar créditos que hasta ahora se consideraban irrecuperables.
Este mecanismo, innovador y eficaz, de hecho permite trasladar al Gobierno central la deuda impagada de las entidades públicas, que en Italia supera los 50.000 millones de euros.
El equipo de Ontier Italia que ha liderado el caso ha estado integrado por los abogados Francesco Verri, Viviana Schirripa, Simone Grassi, Manuela Finolezzi, Guido Tancredi y Luca Pardo.
Según explicó Franceco Verri, socio de Penal económico y de Derecho Europeo, “el mecanismo que hemos desarrollado demuestra que existen herramientas legales efectivas para proteger a los acreedores y hacer valer el principio de responsabilidad del Estado cuando las administraciones locales incumplen sus obligaciones”.
Por su parte, Luca Pardo, socio director de Ontier Italia, añadió que esta “decisión no solo es relevante para Italia, sino que puede sentar las bases de una jurisprudencia europea aplicable en otros Estados miembros”.
El caso marca un precedente relevante en Europa y consolida una vía judicial que podría transformar la forma en que los Estados afrontan las deudas impagadas de sus administraciones locales.
