Por Heidi Maldonado
Los bufetes de abogados Jenner & Block y WilmerHale presentaron demandas, por separado, para bloquear lo que denominaron “órdenes inconstitucionales” del presidente Donald Trump, que penalizan a las firmas por vínculos con una investigación federal sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
Donald Trump ha iniciado una caza de numerosos estudios jurídicos que defienden intereses diferentes a los suyos.
Jenner & Block y WilmerHale demandaron a Trump justo mientras éste se ufanaba del acuerdo por 100 millones de dólares que obtuvo del bufete Skadden Arps, que había tratado de evitar una orden similar.
Las órdenes ejecutivas contra Jenner & Block y WilmerHale exigen la revisión o terminación de los contratos gubernamentales, no sólo con las firmas de abogados, sino también con las entidades que hacen negocios con ellas, además de solicitar a las agencias federales que suspendan las autorizaciones de seguridad para el personal de las firmas.
WilmerHale informó que esta acción de Trump es “un ataque claramente ilegal a los principios fundamentales del sistema legal de nuestra nación: el derecho de nuestros clientes a un abogado y la 1ra. Enmienda”, que protege la libertad de expresión.
Por su parte, Jenner & Block criticó la orden ejecutiva en su contra como “un abuso de poder inconstitucional contra los abogados, sus clientes y el sistema legal… destinado a obligar a los bufetes de abogados y a los abogados a renunciar a las críticas de la Administración”.
WilmerHale está representada por Paul Clement, un destacado litigante que fue procurador general durante la administración de George W. Bush, mientras que Jenner está representada por un equipo de Cooley dirigido por Michael Attanasio.
Jenner & Block y WilmerHale son dos de las cinco grandes firmas estadounidenses que han sido blanco de órdenes ejecutivas recientemente, mientras Trump critica a los bufetes de abogados que, según él, han apoyado esfuerzos para procesarlo injustamente o ayudar a sus oponentes. Las órdenes suspenden las autorizaciones de seguridad de sus abogados, restringen su acceso a edificios gubernamentales y amenazan a las firmas y a sus clientes con la pérdida de sus contratos gubernamentales.
En su denuncia, Jenner & Block afirmó que más del 40 % de sus ingresos durante los últimos cinco años habían provenido de clientes que eran contratistas o subcontratistas del gobierno.
Jenner & Block afirmó, por su parte, que la orden ejecutiva dirigida a la firma “tenía como objetivo obstaculizar la capacidad de las personas y las empresas de tener un abogado de su elección que los represente celosamente”. La firma agregó que “se pretende obligar a los bufetes de abogados y a los abogados a que renuncien a las críticas a la administración y cesen ciertas representaciones adversas al gobierno”.
La orden citaba la contratación previa por Jenner & Block del fiscal Andrew Weissmann, quien participó en la investigación del exconsejero especial estadounidense Robert Mueller sobre Trump en su primer mandato por posibles vínculos con Rusia.
Mientras tanto, la orden dirigida a WilmerHale señalaba la contratación de Mueller por parte del bufete tras la investigación, que describió como «una de las más partidistas de la historia estadounidense». Mueller se jubiló del bufete en 2021. Agregó que los términos de una “orden ejecutiva casi idéntica” ya habían sido prohibidos por un juez federal y que había presentado la demanda “para obtener reparación inmediata a fin de proteger los derechos de nuestros clientes”.
Bufetes de abogados estadounidenses se dividen entre quienes han optado por enfrentarse a Trump, y quienes han cedido ante sus exigencias
Trump también ha criticado a Covington & Burling, Paul Weiss y Perkins Coie con órdenes ejecutivas. Perkins Coie demandó a la administración por su orden y el 12 de marzo obtuvo una orden de restricción temporal que la bloquea.
Paul Weiss llegó a un acuerdo con la administración Trump a principios de este mes para eludir la orden que lo afectaba. En ese contexto, se comprometió a donar 40 millones de dólares en servicios legales pro bono para causas que apoye la Administración Trump, tal como la lucha contra el antisemitismo y el apoyo a los veteranos de guerra.
Entre los críticos del acuerdo se encuentra la de Marc Elias, exsocio de Perkins Coie, quien escribió en redes sociales que el acuerdo era “una mancha para la firma, cada uno de sus socios y toda la profesión jurídica”.
En una carta a los abogados y al personal de su firma defendiendo la decisión, el presidente de Paul Weiss, Brad Karp, dijo que la orden “fácilmente podría haber destruido nuestra firma”. Agregó que “todos tenemos opiniones sobre lo que está sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos… pero nadie en el mundo puede apreciar lo estresante que es enfrentarse a una orden ejecutiva como esta hasta que está dirigida a uno mismo”.
Skadden Arps, a quien Elon Musk atacó por tomar un caso pro bono contra el provocador de derecha Dinesh D’Souza, no hizo comentarios, pero Trump deslizó que el acuerdo alcanzado proporcionaría las horas pro bono equivalentes a 100 millones de dólares para causas de su Administración.
Trump sufre reveses en su campaña de represalias contra los bufetes de abogados
El pasado viernes, jueces federales asestaron un doble golpe a la campaña de represalias del presidente Trump al dictar órdenes de restricción temporal que bloquean gran parte de sus órdenes ejecutivas dirigidas contra dos importantes bufetes de abogados que participaron en investigaciones sobre él, Jenner & Block y WilmerHale.
Las sentencias prohibieron al gobierno llevar a cabo los castigos descritos en las órdenes ejecutivas, como prohibir a sus abogados el acceso a edificios gubernamentales, reuniones o puestos de trabajo.
Trump arremetió contra Jenner & Block porque, en su día, el bufete empleó a un abogado que pasó a formar parte del equipo del fiscal especial que investigó a Trump en su primer mandato. Pero el juez John Bates, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, discrepó de la orden de Trump porque también castigaba al bufete por su trabajo pro bono.
