En un país donde las leyes contra la corrupción son tan abundantes como la variedad de flores, Colombia se enfrenta a un desafío monumental: ¿cómo hacer que estas leyes funcionen de verdad? En un mundo donde la corrupción acecha en cada esquina del sistema, desde las altas esferas gubernamentales hasta las empresas privadas, el país se encuentra en una encrucijada histórica. ¿Podrá Colombia transformar su vasto arsenal legal en un escudo impenetrable contra la corrupción, o seguirá siendo una batalla perdida en un campo de normativas y buenas intenciones?
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, Colombia ocupó el puesto 87 de 180 países evaluados, lo que indica un alto nivel de percepción de corrupción en el país; y la Auditoría General de la República anunció que la corrupción le costó 50 billones de pesos a los colombianos en 2023, dinero que podría haberse destinado a servicios públicos, infraestructura y programas sociales. El ordenamiento jurídico colombiano está lleno de leyes y convenciones internacionales diseñadas para enfrentar la corrupción. Desde la Ley 412 de 1997 hasta la Ley 2195 de 2022, estas normas buscan asignar responsabilidades concretas y promover la transparencia en todos los niveles.
Para Daniel Rodríguez Bravo, socio de CMS Rodríguez-Azuero, quien dirige las áreas de Compliance y Derecho Penal Corporativo, “el fenómeno de la corrupción en Colombia no está relacionado con la ausencia de normas. De hecho, en Colombia existe una inflación legislativa y regulatoria en esta y todas las materias. Necesitamos menos normas, pero mejores, pues además de que hay muchas normas, la ausencia de técnica legislativa y reglamentaria es en ocasiones vergonzosa”.
En medio de la abundancia de leyes, el socio destaca un tema clave: la delación de irregularidades o whistleblowing, “Creo que el impacto de una norma en esta materia que tenga los incentivos adecuados, tendría un impacto trascendental en Colombia. Quizá más que cualquier otro que se haya adoptado en el país. Lamentablemente algunos de los proyectos de ley que hemos visto en la materia son malos y desconocen por completo la experiencia internacional y las mejores prácticas”.
En cuanto a las sanciones, la legislación colombiana contempla una variedad para actos de corrupción, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Sin embargo, se reconoce que la efectividad de estas sanciones en la práctica es limitada debido a altos índices de impunidad. Para el experto, la solución no está en poner más sanciones o en hacer las existentes más severas, sino en identificar, investigar y sancionar las violaciones a las normas existentes. Lo que en el derecho comparado se conoce como enforcement.
Y esa es justamente la razón por la que una ley de delación o whistleblowing con incentivos correctos sería tan importante. Porque si hay protecciones e incentivos jurídicos y económicos suficientes y adecuados, las personas que están involucradas, o que sin estarlo conocen sobre la ocurrencia de actos de corrupción, denunciarán esos actos a las autoridades competentes. Y en la medida que conocen de primera mano las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, podrán dar información más precisa y completa a las autoridades para que estas ahorren con ello miles de millones de pesos de investigaciones inútiles y puedan dedicar su tiempo a investigaciones eficaces que terminen en condenas sólidas. Esto es trascendental, porque en la medida que haya más investigaciones efectivas habrá más condenas, lo que resultará automáticamente en menor impunidad y en un incentivo verdadero para no delinquir.
