Por Heidi Maldonado
La firma de abogados Susman Godfrey ha decidido enfrentarse legalmente al presidente Donald Trump tras recibir una orden ejecutiva que considera inconstitucional. Esta medida, emitida el 9 de abril, restringe el acceso de los abogados de la firma a edificios federales, anula contratos gubernamentales con sus clientes y revoca autorizaciones de seguridad. En respuesta, Susman presentó una demanda en un tribunal federal en Washington, argumentando que estas acciones representan un abuso de poder y sientan un precedente peligroso para futuras administraciones.
- Declaración de Susman Godfrey del 11 de abril de 2025: “La orden ejecutiva dirigida contra Susman Godfrey es inconstitucional y representa una represalia. Ningún gobierno debería poder castigar a los abogados simplemente por hacer su trabajo, protegiendo a los estadounidenses y su derecho constitucional al proceso legal. Pero esto va mucho más allá de los bufetes y los abogados. Hoy es nuestro bufete el que está bajo ataque, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. Como funcionarios del tribunal, tenemos el deber de emprender esta lucha contra esta orden ejecutiva ilegal”.
La orden ejecutiva contra Susman Godfrey parece ser parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para tomar represalias contra firmas legales que, según él, han apoyado esfuerzos en su contra. Este bufete es conocido por su papel en casos de alto perfil, como el acuerdo multimillonario alcanzado por Dominion Voting Systems contra Fox News debido a afirmaciones falsas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020.
Mientras tanto, otras cinco grandes firmas –Kirkland & Ellis, Latham & Watkins, A&O Shearman, Simpson Thacher & Bartlett y Cadwalader Wickersham & Taft– han optado por acuerdos con la administración Trump. Estas firmas se han comprometido a proporcionar un total combinado de 600 millones de dólares en trabajo pro bono y abandonar políticas laborales relacionadas con diversidad e inclusión. Estos acuerdos elevan a 940 millones de dólares el total prometido desde el mes pasado.
El aporte individual por firma será de 125 millones de dólares a causas pro bono compartidas con la administración de Trump, con excepción de Cadwalader que destinará 100 millones de dólares.
La demanda de Susman Godfrey se suma a las presentaciones previas de Perkins Coie, Jenner & Block y WilmerHale, quienes ya han obtenido medidas cautelares bloqueando parcialmente las órdenes ejecutivas dirigidas contra ellas. La división entre los bufetes que han decidido litigar y aquellos que han llegado a acuerdos con la administración ha generado críticas dentro del sector legal, acusando a algunos despachos de facilitar las tácticas intimidatorias del presidente.
En su denuncia, Susman advierte que permitir que estas órdenes sigan vigentes podrían normalizar represalias presidenciales contra opositores legales. Representada por Munger Tolles & Olson bajo la dirección del ex procurador general Don Verrilli, la firma busca una resolución judicial que detenga permanentemente estas acciones ejecutivas.
La firma está representada por un equipo de Munger Tolles & Olson dirigido por el exprocurador general Don Verrilli, quien ha sido cofundador de amicus briefs firmados por cientos de bufetes de abogados que respaldan las demandas presentadas por Perkins Coie, Jenner y WilmerHale.
