Con más de 400 miembros que representan a 5.500 profesionales de más de 30 países, la misión de la European Legal Technology Association (ELTA) es promover el conocimiento de la tecnología jurídica y su uso eficiente. El decálogo recientemente publicado tiene como objetivo principal responder a esta misión.
El sistema de Justicia, como todos los servicios públicos, se ha visto superado en todos los países europeos por la pandemia. El COVID-19 ha sorprendido a la mayoría de las instituciones de la administración pública, en la mayoría de los casos insuficientemente preparadas para ofrecer los servicios y las demandas de los ciudadanos. El volumen habitual de litigios ha aumentado exponencialmente y se espera que siga haciéndolo en los próximos meses, como consecuencia de circunstancias imprevistas, tales como la paralización total o parcial de las actividades económicas; el aislamiento social forzoso que ha aumentado la confrontación y el cuestionamiento por parte de algunos ciudadanos de las decisiones adoptadas por las autoridades públicas, entre otras muchas razones.
Ante estas circunstancias, en la mayoría de los países europeos las autoridades responsables de administrar justicia han anunciado su intención de reformar sus sistemas para poder hacer frente a estos nuevos retos e incluyen la transformación digital como una de las mejores soluciones para lograrlo.
Un equipo de trabajo liderado por María Jesús González-Espejo (España), vicepresidente de ELTA, y algunos miembros de su red de embajadores, como Holger Zscheyge (Rusia), Grégoire Miot (Francia) y Konstantinos Anagnostopoulos (Grecia), han sido los responsables de la redacción del decálogo.
“Como resultado de nuestras reflexiones proponemos un total de 10 directrices, con una breve descripción y una solución concreta relacionada con legaltech para ayudar a hacerlas efectivas. ELTA ofrece su know-how a las autoridades de los diferentes países europeos y de la Unión Europea. Contamos con una de las redes más poderosas de innovación y de expertos en tecnología jurídica en Europa y queremos ayudar en el diseño e implementación de cambios y mejoras en la justicia. El decálogo es solo una muestra de cómo podemos ayudar”, declaró María Jesús González-Espejo, vicepresidente de ELTA.
Para Holger Zscheyge, también miembro de la junta directiva de ELTA, “el decálogo está dirigido principalmente a los funcionarios de la administración de justicia y a los parlamentarios, su objetivo es servir de guía para diseñar los futuros sistemas de justicia en torno a los ciudadanos y desplegar las tecnologías más adecuadas para apoyar un acceso moderno y fácil a la justicia”.
