La Asociación Internacional de Abogados (IBA) denunció las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI) y llamó a todos los Estados a oponerse y a respetar la independencia judicial de la Corte.
El director ejecutivo de la IBA, Mark Ellis, comentó que “la CPI es la piedra angular de la arquitectura de la justicia internacional, creada para hacer realidad la promesa de “nunca más” y para brindar justicia a las víctimas de “atrocidades que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad”. Por esta labor, la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella, en ocasiones han enfrentado amenazas políticas, intimidación y ataques de quienes buscan socavar la autoridad de la Corte y obstruir sus investigaciones. Estos ataques deshacen décadas de progreso para las víctimas y debilitan el estado de derecho a nivel mundial”.
El 6 de febrero de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una Orden Ejecutiva que autorizaba sanciones contra la CPI y sus funcionarios, incluido el bloqueo de propiedades y la prohibición de visas para las personas designadas por la Orden Ejecutiva y sus familiares directos.
Trump afirmó que la CPI había “abusado de su poder” al emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, lo que, según él, “sentó un precedente peligroso”. Israel apoyó la medida, tras haber rechazado sistemáticamente las investigaciones de la CPI sobre Gaza, en curso desde 2021.
En respuesta, muchos países expresaron su “apoyo inquebrantable” a la CPI. Casi 80 países, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, reafirmaron su apoyo a la independencia e integridad de la CPI en una declaración conjunta, en la que destacaron su papel para garantizar la rendición de cuentas por los graves crímenes internacionales y la justicia para las víctimas.
Brasil, Canadá, Dinamarca, México y Nigeria también estuvieron de acuerdo, aunque Australia, la República Checa, Hungría e Italia declinaron apoyarlo.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales apoyó el llamado de la IBA, y su presidenta, Barbara Mills KC, dijo que “nos oponemos firmemente a las amenazas políticas al estado de derecho internacional y nos unimos a la (IBA) al pedir a todos los estados que respeten y defiendan la independencia de los tribunales internacionales”.
La Corte lleva procesos en curso en Afganistán, Darfur/Sudán, la República Democrática del Congo y Ucrania, y en los tribunales de la CPI se están llevando a cabo procedimientos contra sospechosos de delitos de la República Centroafricana, Darfur/Sudán, Malí y Uganda. La aplicación de las sanciones podría afectar gravemente a las operaciones de la CPI, socavando su mandato de justicia en todas las situaciones en las que está investigando y enjuiciando.
En este sentido, Ellis añadió que «al imponer sanciones, las víctimas de crímenes internacionales sufrirán mucho y sus efectos se sentirán mucho más allá de la Corte, incluidos los testigos protegidos por la Corte y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que cooperan con la labor de la Corte. En este momento crítico para la justicia internacional y el estado de derecho, la administración estadounidense debe respetar la independencia de las instituciones judiciales internacionales».
Recordemos que las sanciones fueron impuestas previamente por la administración Trump en 2020 y luego revocadas por la administración Biden en 2021, quien declaró que las sanciones «no eran una estrategia efectiva o apropiada para abordar las preocupaciones de Estados Unidos con la CPI».
Actualmente, la CPI cuenta con 125 miembros, siendo Ucrania el último país signatario del tratado fundacional, el Estatuto de Roma. Según el estatuto, todos los Estados deben cooperar plenamente con la CPI en sus investigaciones y enjuiciamientos de crímenes.
